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O Colexio de Avogados de Ourense interpón recurso Contencioso-Admtivo. na Audiencia Nacional frente a Orde Ministerial que aproba modelos de liquidación das taxas xudicias


28 dic 2012


O ICA de Ourense, ven de remitirnos o seguinte correo:


Tal y como habíamos anunciado y prometido desde el Colegio de Abogados de Ourense, ayer 27.12.12, a las 13.52 horas, se presentó Anuncio de Recurso Contencioso Administrativo contra la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación, publicada en el BOE nº 301 de 15 de diciembre de 2012.

Por medio de otrosí digo se solicitó la SUSPENSIÓN DE LA VIGENCIA DE LA ORDEN MINISTERIAL, como medida cautelar.

Ica Ourense está haciendo numerosas gestiones para que otros Colegio de Abogados que tienen también legitimación se puedan, si lo desean, adherir al mismo. Dos Colegios de Abogados ya nos lo han confirmado y por escrito. Desde aquí hacemos un llamamiento a todo el resto de Colegios de Abogados de España a unirse al recurso o a que presenten uno ellos de forma individualizada. En la Secretaría del ICA Ourense está a disposición del Resto de Colegios de España toda la información necesaria para ello.

Seguiremos informando sobre la tramitación del Recurso, que también publicaremos en breve, para general conocimiento. 



Ourense: 500 euros por recurrir un despido


10 oct 2012


Los abogados se declaran en pie de guerra contra el "tasazo" que encarecerá ir al juzgado: "Es un ataque directo; habrá una justicia para el que tenga dinero y otra para el que no"

Desde lo convencional -pancartas, folletos informativos, ruedas de prensa y reuniones- a lo más infrecuente -paros organizados, campañas virales en las redes sociales y hasta una marcha de togas-, la voluntad de los aproximadamente 40 abogados de Ourense reunidos en asamblea ayer es unánime. Todo está por explorar partiendo de una convicción. No al "tasazo". No a "una justicia para pobres y otras ricos". No inequívoco al proyecto del ministro Ruiz- Gallardón que generalizará el pago de tasas por acudir a un juzgado. Quinientos euros para poder recurrir una sentencia del juzgado de lo Social -como una demanda salarial o un despido-; 200 euros por recurrir una multa de Tráfico; 350 por presentar una reclamación tras una negligencia médica; 800 euros por apelar una primera sentencia en los ámbitos civil y contencioso.

"Es un ataque directo y en toda regla a la tutela judicial efectiva para los ciudadanos. Habrá una justicia para el que tenga dinero y otra distinta para el que no". Así de contundente introdujo ayer el debate abierto a aportaciones Arturo González, decano del Colegio de Abogados de Ourense. La profesión, aunque representada en la sesión celebrada a última hora de la tarde de ayer solo por una parte de su censo en la ciudad, liderará medidas de rechazo al proyecto de ley que, según el decano, el Gobierno pretende sustanciar como acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado.

La abogacía ha articulado contactos a nivel estatal con organizaciones políticas de la oposición. Ayer terminaba el plazo para presentar enmiendas totales. "Me consta que hay una", dijo González. El 16 finaliza el plazo para registrar en el Congreso las modificaciones parciales. Sabiendo que "el Gobierno tiene la mayoría de un partido", y que doblar el pulso reformista de Gallardón en este ámbito será difícil, los letrados exploran medidas para trabar la implantación de las tasas.

La implantación general de un copago con el que antes se gravaba en exclusiva a las grandes empresas "cercenará un derecho básico", alerta el decano. Pero además moverá los cimientos de la profesión de abogados y procuradores, que también estudian medidas en paralelo. "Se calcula que entre un 15 y un 20% de los asuntos dejaría de llegar a los juzgados. Las tasas van a poner trabas económicas a los ciudadanos". En 2011 los juzgados de Ourense recibieron casi 45.000 procedimientos El pago generalizado al usuario lo disuadiría borrando de la mesa hasta 9.000 casos.

Arturo González anticipó las posibles perversiones de un encarecimiento para llevar adelante procesos o tan siquiera iniciarlos. "En determinados procedimientos directamente no va a compensar. Esto dará alas a la morosidad de las pequeñas cantidades porque al acreedor no le va a compensar económicamente iniciar un asunto para cobrar por el que tendrá que pagar. Será un paraíso para morosos", retrata el decano.

Los abogados quieren abrir los ojos más allá del corporativismo porque entienden, el que lo pagará será el ciudadano. Por eso, ayer acordaron en la asamblea elaborar folletos informativos, directos, claros, concisos en los que un cliente de hoy entienda en cifras lo que le puede costar el mismo proceso a partir del 1 de enero si el proyecto se convalida. El Colegio colgará una pancarta de grandes dimensiones en su fachada para llamar la atención del ciudadano. Además la junta de gobierno mantendrá un encuentro con líderes vecinales para trasladar a los vecinos de Ourense las consecuencias prácticas de la ley. No existen apriorismos. Los letrados estudiarán, si procede, movilizarse llamando a otros colectivos judiciales, y buscarán entre la permeabilidad de internet la máxima amplificación de su causa contra el "tasazo".

Publicado o 10/10/2012 en www.farodevigo.es

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Disminuye la confianza de los españoles en la Justicia y el Estado de Derecho


13 sept 2011


El IV Barómetro Externo de la Abogacía, elaborado por Metroscopia para el Consejo General de la Ábogacía Española destaca que en los últimos años, coincidiendo con la crisis económica, los españoles han reducido su confianza en el Estado de Derecho. Por el contrario, la ciudadanía apunta que el grado de satisfacción con los servicios recibidos de los abogados sigue siendo muy elevado, con una puntación media del 6,9.
Publicado en www.abogados.es



El IV Barómetro Externo de la Abogacía, elaborado por Metroscopia para el Consejo General de la Ábogacía Española destaca que en los últimos años, coincidiendo con la crisis económica, los españoles han reducido su confianza en el Estado de Derecho. Por el contrario, la ciudadanía apunta que el grado de satisfacción con los servicios recibidos de los abogados sigue siendo muy elevado, con una puntación media del 6,9. Además, el estudio subraya que para 85 por ciento de los españoles, es necesario exigir una formación adicional para poder ser abogado, lo que significa un mayoritario apoyo a la Ley de Acceso.
  • En estos tres últimos años, coincidiendo con los de la crisis económica, los españoles han reducido su confianza en el Estado de Derecho, pasando a ser mayoría absoluta (54% hoy frente a 31% en 2008) los que consideran que España tiene un Estado de Derecho en peor situación que el resto de países avanzados. Uno de los efectos colaterales de la profunda crisis económica de nuestra economía es haber dañado severamente la sensación que tienen los españoles de estar viviendo en un Estado de Derecho de la máxima calidad.
  • El estudio sociológico destaca además que el diagnóstico sobre la situación en nuestro país de la garantía y protección de los derechos fundamentales de la persona experimenta también un claro retroceso: para un 55%, España se encuentra, en esta materia, en un nivel intermedio dentro del grupo de los países más avanzados (en el III Barómetro, realizado en 2008, daba esta respuesta un 62%), pero un 31% cree que estamos en el grupo del cola (casi el doble de quienes daban esa repuesta hace tres años: 17%).
  • La mayoría (un 54%) considera que los medios que el Estado destina para garantizar la defensa jurídica son insuficientes y sólo un 27% opina que son suficientes (hace tres años estos porcentajes eran mucho más cercanos entre sí: respectivamente, el 47% y el 39%).
El diagnóstico sobre la Administración de Justicia: lenta, anticuada y complicada
  • La Administración de Justicia sufre también un severo juicio de los encuestados. La sociedad española considera que:

    • Funciona mal
    • Da una imagen anticuada
    • Es tan lenta que siempre que se pueda vale más evitar acudir a ella
    • Su lenguaje y sus procedimientos son excesivamente complicados y difíciles de entender para el ciudadano medio
    • En muchas ocasiones no sirve de nada que dé la razón pues en la práctica la sentencia es papel mojado ya que o no se cumple, o se cumple tarde y mal
    • Con frecuencia los jueces no dedican ni la atención ni el tiempo adecuado a cada caso individual, tienden a estar "fuera de onda" respecto de lo que ocurre en la sociedad y, además, a la hora de dictar sentencia por lo general no actúan con total independencia.
En suma, tal y como ahora están las cosas, la Justicia española necesita una reforma profunda y urgente. 
  • No todo es negativo: junto a todo lo anterior, la ciudadanía piensa también que nuestra Administración de Justicia constituye la garantía última de defensa de la democracia y de las libertades; que los tribunales suelen dar finalmente la razón a quien efectivamente la tiene; que en general los jueces no están predispuestos, de entrada, a favor o en contra de ninguna de las partes implicadas (aunque luego, tiendan a dejarse influir); y que, en todo caso,  son tan buenos como los de cualquier otro país de la Unión Europea.
  • Ocho de cada diez españoles piensan que la Administración de Justicia debe ser evaluada, en cuanto a su funcionamiento como cualquier otro poder del Estado.
Severo veredicto sobre el CGPJ
  • Ocho de cada diez españoles piensan que el CGPJ, tal y como ahora está organizado, necesita una reforma urgente y profunda
  • Siete de cada diez creen que decide sobre cargos y nombramientos de jueces más por criterios políticos que en función de factores exclusivamente técnicos y profesionales
  • Seis de cada diez consideran que no es independiente, en sus decisiones, del Gobierno o de los distintos partidos políticos.
  • La nota media con la que califican a esta institución es de un 4,6.
La satisfacción con los abogados: notable
  • En el momento actual representan ya un 55% los españoles que dicen haber acudido al despacho de un abogado para consultar algún problema de tipo jurídico.
  • La utilización de los servicios de los abogados tiende a ser similar en todos los sectores sociales. La consolidación del actual sistema de Justicia Gratuita ha logrado que nadie que pueda necesitar asistencia jurídica se vea impedido de conseguirla por falta de medios económicos.
  • Entre quienes alguna vez han acudido al despacho de un abogado, el grado de satisfacción con los servicios recibidos sigue siendo muy elevado, ya que la satisfacción de conjunto es puntuada con un 6.9, destacando de modo especial la atención y el trato recibidos (que merecen una nota media de 7.9), así como la preparación técnica y el interés por el asunto (puntuados con un 7.3). Incluso el importe de los honorarios cobrados es evaluado de forma claramente positiva (6.7).
  • Todas las evaluaciones son ligeramente más bajas que en 2008, y similares en conjunto a las obtenidas en 2005: el estado general actual del ánimo colectivo, ya aludido con anterioridad, puede sin duda explicar esta tenue matización de las mismas.
  • Los ciudadanos valoran especialmente en los abogados su capacidad para buscar un acuerdo razonable que ponga fin a la disputa (para un 62 por ciento) frente a los que valoran más su experiencia en juicios para tratar de conseguir el máximo posible (35 por ciento).
Apoyo mayoritario a la Ley de Acceso: 85 por ciento a favor
  • Para un 85 por ciento de los españoles, es necesario exigir una formación adicional para poder ser abogado, lo que significa un amplio apoyo a la Ley de Acceso entre los ciudadanos.
Los abogados, entre los grupos sociales más valorados
  • Los abogados se mantienen entre los primeros puestos de valoración ciudadana, justo por debajo del Rey y por encima de otros colectivos jurídicos (notarios, jueces, fiscales...) e instituciones como el Defensor del Pueblo, con una nota media de 5,2.
  • Esta posición y valoración ciudadana es incluso más positiva si se atiende a la naturaleza de sus funciones, ya que el abogado es abogado de parte, es decir, goza de la confianza total de su representado, pero al mismo tiempo no puede sino concitar recelo en la parte contraria. Esta doble imagen podría dar lugar a una evaluación ambivalente o reticente por parte de la ciudadanía, pero no es así. Los españoles consideran que, mediante la defensa de sus representados, los abogados están realizando una contribución a la justicia: es decir, están llevando a cabo una función de interés público.


Accede al contenido completo del Barómetro en el archivo adjunto.

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La huelga de abogados bloquea en Madrid causas de violencia machista


5 ago 2011


La larga batalla que mantienen los abogados del turno de oficio de Madrid con el Gobierno de Esperanza Aguirre por el impago de sus honorarios se ha recrudecido en agosto y ya está socavando la lucha contra la violencia de género. Los juzgados especiales de violencia de género de cuatro grandes poblaciones del cinturón de la capital -Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Arganda del Rey y Coslada- no pueden dictar medidas de protección contra los denunciados por malos tratos por la negativa del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares a nombrar abogados de oficio. Las causas están bloqueadas o ralentizadas desde el pasado lunes.
Publicado en www.elpais.com


La negativa del Colegio de Alcalá de Henares a nombrar letrados de oficio impide asistir a denunciados, tomarles declaración y dictar órdenes de protección

La larga batalla que mantienen los abogados del turno de oficio de Madrid con el Gobierno de Esperanza Aguirre por el impago de sus honorarios se ha recrudecido en agosto y ya está socavando la lucha contra la violencia de género. Los juzgados especiales de violencia de género de cuatro grandes poblaciones del cinturón de la capital -Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Arganda del Rey y Coslada- no pueden dictar medidas de protección contra los denunciados por malos tratos por la negativa del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares a nombrar abogados de oficio. Las causas están bloqueadas o ralentizadas desde el pasado lunes.

La situación ha llegado hasta el extremo de que el Juzgado de Violencia de Torrejón de Ardoz (más de 100.0000 habitantes) remitió el miércoles un oficio muy duro al Colegio de Alcalá pidiéndole explicaciones de por qué está obviando sus peticiones para que designe abogados de oficio a hombres denunciados por sus esposas, según relatan fuentes de la fiscalía de esa zona.

En estos cuatro juzgados -que solo en lo que va de año han recibido en torno a 1.600 denuncias de mujeres maltratadas y han dictado alguna medida cautelar en un 70% de los casos- empieza a cundir la indignación: "No se puede imponer una orden de alejamiento sin interrogar antes al denunciado, y no podemos interrogar al denunciado si no viene asistido de abogado", describen las citadas fuentes, que zanjan: "Y la práctica indica que al 90% de los denunciados hay que ponerles abogado de oficio porque no tienen recursos".

La guerra entre los abogados del turno de oficio de toda la región, incluida la capital, y la Consejería de Justicia del Gobierno de Esperanza Aguirre no es nueva. Se desató en mayo pasado porque el Ejecutivo regional les adeuda las asistencias prestadas desde enero de este año, dos trimestres. Los abogados sostienen que la deuda ronda los 20 millones, mientras que el Gobierno madrileño la rebaja a unos 10. Representantes de los dos colegios existentes en la región, el de Madrid y el de Alcalá, acordaron entonces que solo asignarían abogados a las causas graves y urgentes; es decir, a las de violencia de género y a aquellas otras en la que hay detenidos.

Pero en agosto la protesta se ha recrudecido. El Colegio de Abogados sigue prestando asistencia a las víctimas y a sus agresores si están detenidos. Pero no a aquellos que figuran como denunciados por sus parejas.

El asunto ha despertado la preocupación del Ministerio de Igualdad, por el posible desamparo en que podrían quedar las víctimas de violencia de género. Ayer, la secretaria de Estado de Igualdad, Laura Seara, envió una carta a la consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Regina Planiol, para solicitarle información sobre las garantías de las mujeres al derecho a asistencia jurídica especializada gratuita. En la misiva, Seara manifiesta su inquietud ante lo que puede suponer un "posible menoscabo de los derechos" de las víctimas de género.

Ya el 2 de junio, el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, se dirigió al director general de Justicia de la Comunidad para trasladarle la "preocupación" ante la posible repercusión de la huelga en la asistencia a estas víctimas. En aquel momento, dice Igualdad, Madrid aseguró que los paros no afectarían a los asuntos relacionados con la violencia de género. "El director general se comprometió a que, de haber novedad, se comunicaría de forma inmediata", explica la portavoz del ministerio que dirige Leire Pajín.

Consuelo Abril, abogada de familia y miembro de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, critica que "una vez más, están pasando a un segundo plano los temas de protección de las mujeres que, en realidad, deben considerarse tan importantes como un asunto sanitario urgente. Tiene que haber un retén de abogados para los casos de urgencia, pero esto no puede ser a costa de letrados mal pagados o, peor, impagados", sostiene. "No es responsabilidad de estos abogados porque no son héroes, no pueden trabajar gratis", añade. Abril considera que la situación es grave. "Si por estas suspensiones hubiera algún caso con resultado de muerte, la responsabilidad civil subsidiaria sería del Estado, por una parte, y por otra de la Comunidad de Madrid, que es la responsable de no atender y no dar protección a esa víctima", explica.

Desde algunos juzgados se enviaron el lunes comunicaciones al departamento del turno de oficio de Alcalá de Henares pidiéndole abogados para agresores que estaban pendientes de interrogatorio. Inicialmente, se atendieron las peticiones y se designaron letrados, pero horas después, el Colegio se desdijo y avisó verbalmente a los juzgados de que solo se prestaría asistencia a las víctimas de violencia y a detenidos, pero no a los denunciados no detenidos. Algunos juzgados se vieron forzados a bloquear el desarrollo de causas que tenían fijadas para ese día y sucesivos. Las gestiones de algunos juzgados para contactar con el responsable del servicio han sido infructuosas. Este periódico también ha intentado contactar con el Colegio una veintena de veces, sin éxito. Nadie coge el teléfono.

La situación es tal que el Juzgado de Violencia de Torrejón, al ver que se podían acumular casos de gran sensibilidad, remitió el miércoles un contundente escrito al turno de oficio de Alcalá. En él se pide al Colegio que explique "los motivos y causas" por las que rechaza designar abogados y le advierte de que, de no obtener una respuesta satisfactoria, entenderá que el silencio significa que reconsidera su postura. Según los citados medios, el juzgado seguía ayer sin respuesta del Colegio.

El problema del turno de oficio se extiende a toda la región. De momento, el Colegio de Abogados de Madrid, con 4.500 letrados inscritos en el turno de oficio, sí está atendiendo lo relacionado con la violencia de género, pero no otras muchas causas. Un portavoz de la Consejería de Justicia de Madrid afirmó el miércoles que no tiene constancia de quejas de usuarios ni de juzgados en este aspecto y recordó que el pacto de los abogados con la Consejería fue que la huelga no afectase a la violencia de género.

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La crisis dispara un 34% la demanda de abogados de oficio


13 jul 2011


En tiempos de crisis, la Justicia funciona como una pescadilla que se muerde la cola. Problemas de impagos, desahucios, empresas que se declaran en quiebra. Motivos todos que multiplican en los dos últimos años la carga en los tribunales gallegos. Y si a eso se suma la falta de ingresos de muchos de los protagonistas de las denuncias, se completa el círculo y explica que de nuevo en 2010 las peticiones de abogados de oficio acumule un nuevo incremento disparado.


El número de peticiones alcanzó el año pasado las 68.000 en la comunidad, unas 17.000 de A Coruña. La factura rozó los 13 millones

En tiempos de crisis, la Justicia funciona como una pescadilla que se muerde la cola. Problemas de impagos, desahucios, empresas que se declaran en quiebra. Motivos todos que multiplican en los dos últimos años la carga en los tribunales gallegos. Y si a eso se suma la falta de ingresos de muchos de los protagonistas de las denuncias, se completa el círculo y explica que de nuevo en 2010 las peticiones de abogados de oficio acumule un nuevo incremento disparado. Por encima del 34%, con casi 68.800 asuntos, la mayor alza registrada entre todas las comunidades. El balance estatal, en cambio, registró su primer descenso en los últimos cinco años. Un 3,8% que los propios letrados achacan a la caída en la demanda por el retorno de la inmigración a sus países de origen.

El importe certificado en justicia gratuita, la minuta que el Consello da Avogacía Galega asume y que la Xunta tiene que abonar, alcanzó los 12,933 millones de euros. Ya en 2009 se vivió una evolución muy parecida, con un aumento en las solicitudes de asistencia del 37%, y hasta un 12,6% en 2008. Dos años en los que prácticamente se duplicó el volumen de la inversión, hasta alcanzar un 5% de todos los asuntos cursados en el Estado.

Del turno de oficio, la inmensa mayoría de las solicitudes están relacionadas con procesos penales, un 72,3%. El 20% en vía civil. En cuanto a la asistencia letrada, servicio de guardia y atención individualizada están prácticamente igualados, con un 50,8% y un 49,2%, respectivamente, de los asuntos. A Coruña es el área que suma más peticiones, por encima de las 17.000, junto con todo el área de Pontevedra, con 13.800, a excepción de Vigo, que por sí sola asumió 8.145 casos.

Del lado de los descensos en la inversión en justicia gratuita están, sobre todo, Canarias y la ciudad autónoma de Melilla, con una caída del 15,8% y el 13,7%. Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía -las cuatro con un volumen tradicionalmente alto de extranjeros- experimentaron recortes de entre el 10% y el 3%. Al contrario que La Rioja, la segunda región con un mayor aumento tras Galicia, con un 32,1%. Le sigue Murcia, con un 20,8%, y Castilla y León, que rozó el 18%.

"Las administraciones no se plantean esto como algo que responde a una necesidad social", se queja el presidente del Consello da Avogacía Galega. Ahora que la crisis abre en canal el debate sobre el futuro del Estado de bienestar, cualquier gasto entra en las quinielas. Eloy Artime advierte: "Es un derecho fundamental -asegura-, aunque parezca que las administraciones tengan la sensación de que no están regalando el dinero cuando responde a un trabajo hecho".

"La Xunta hizo un esfuerzo pero sigue debiendo dinero"

Los problemas para el cobro de los servicios ligados a la justicia gratuita son generalizados en todas las comunidades. Menos, según el Consejo de la Abogacía Española, entre las que tienen todavía las competencias depositadas en el Gobierno central. Hasta el punto de que su presidente, Carlos Carnicer, llamó “cicateros” a los ejecutivos autonómicos durante la presentación del balance la semana pasada. En el colectivo aquí en Galicia, el tono es más medido, pero igual de incisivo. “Siempre nos están debiendo dinero”, asegura Eloy Artime.

A principios de este año se volvía a repetir la situación. La Xunta pagó en mayo los 2,7 millones pendientes del primer trimestre al colectivo, junto con los procuradores. El máximo representante del Consello da Avogacía de Galicia tiene palabras para el “importante esfuerzo” que desde la Administración gallega se ha hecho para “intentar ponerse al día”, pero no oculta que, otra vez, están en la misma situación. “Siguen llegando con retraso. Nos deben dinero”, lamenta.

La visión es la misma que en el resto de territorios. “Se les acaba el dinero porque el servicio se plantea con carácter deficitario, no se le da prioridad —explica Artime—. Pero las comunidades autónomas no deben de olvidar que ellas dan porque los colegios lo asumimos”. La media de pago por cada asunto es de 154 euros, según el organismo. “Y lo que indica la media es que esto está mal pagado —continúa—. No es desde luego el valor que tiene nuestro trabajo”.

Los colegios de abogados de Galicia se sumaron ayer a la celebración del Día de la Justicia Gratuita, en el que los profesionales quisieron reivindicar “su compromiso con la igualdad de derechos de la ciudadanía”. Hay más de 6.200 en Galicia que están adscritos al servicio.

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Abogados valencianos proponen despenalizar las faltas y aumentar los jueces para reducir la litigiosidad en los juzgados


2 jun 2011


Publicado en www.europapress.es

Piden también la interconexión informática de los órganos judiciales y suprimir la interinidad funcionarial

El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (Icav), Mariano Durán, ha propuesto este jueves despenalizar las faltas, incrementar el número de jueces y sedes judiciales, y potenciar las vías alternativas de resolución de conflictos a través del arbitraje y la mediación con el objetivo de reducir la litigiosidad en los juzgados.

Durán se ha pronunciado de esta manera en su primera rueda de prensa desde que tomó posesión de su cargo hace algo más de tres meses. En concreto, ha presentado un Plan de Choque de la Abogacía Valenciana para agilizar la Justicia y ha lanzado la idea de trabajar en el 'Libro Blanco de la Justicia Valenciana' para identificar y proponer alternativas reales a las necesidades en esta área.

El decano del Icav se ha referido en primer lugar a la "excesiva litigiosidad" que existe en los juzgados, lo que repercute en un "colapso judicial". Para hacer frente a este "problema", ha abogado por revisar la legislación en determinados puntos, como por ejemplo reabriendo el debate sobre la despenalización de las faltas, la simplificación de los procedimientos o el fomento de la virtualidad de la prueba pericial.

Sobre la despenalización de faltas, ha explicado que "hay juicios de faltas muy simples, como por ejemplo peleas de vecinos que acaban en un juicio de faltas con abogados, el juez de turno y el funcionario y, al final, con una multa". "Y no hemos solucionado nada", ha dicho, porque cuando termina el juicio, estos vecinos "siguen igual".

Además, ha apostado por potenciar las vías alternativas de resolución de conflictos a través del arbitraje y la mediación; y por exigir a las administraciones competentes un incremento realista del número de jueces y de sedes judiciales. También ha abogado por implantar definitivamente la nueva Oficina Judicial y mejorar su planteamiento con la puesta en marcha del expediente electrónico para no perder documentos.

Durán también se ha referido a la "escasez" de recursos del sistema y ha recordado que tan sólo el uno por ciento de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en España se dedican a Justicia, frente al tres o cuatro por ciento de otros países del entorno. En este sentido, ha dicho que "a veces es cuestión de cómo se gestionan las cosas y de un poco de imaginación".

Por ello, ha reclamado que las administraciones competentes --Generalitat valenciana y Ministerio de Justicia-- racionalicen el presupuesto y prioricen anualmente una reserva presupuestaria "realista", "de acuerdo con las necesidades del sistema", ha comentado.

Junto a ello, ha abogado por aprovechar las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para ahorrar costes y mejorar eficiencia; y fomentar el reciclaje de materiales en los juzgados.

Sobre las nuevas tecnologías, ha indicado que es "necesario" la interconexión informática de los juzgados; desarrollar y fomentar el expediente digital y el uso de la firma digital; e implantar el expediente electrónico de Justicia Gratuita, que optimizará la gestión del servicio reduciendo costes de tiempo y económicos.

Durán ha señalado asimismo que falta intervención de la Abogacía en la toma de decisiones sobre la Administración de Justicia; y adaptación a los estándares profesionales propuestos por la Unión Europea. En este punto, ha reclamado la supresión de la interinidad funcionarial en los juzgados; y un incremento de la formación de funcionarios interinos.

SISTEMA "CAÓTICO"

El decano también ha asegurado que existe un "caótico" sistema de gestión de la Justicia, repartida entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias transferidas. Por ello, ha recomendado que se refuerce la autonomía presupuestaria del Consejo y se cree un Centro Logístico en la Comunitat que pueda atender las necesidades materiales de los juzgados.

Respecto al Turno de Oficio ha indicado que la dotación es "escasa", ya que el presupuesto establecido para 2011 es de poco más de 16,5 millones de euros, cuando el coste real oscila entre 22-24 millones. Sobre este tema, al ser preguntado por si la Conselleria de Justicia está al corriente de los pagos, ha indicado que "en este momento sí".

Por otro lado, Durán ha manifestado su voluntad de promover la elaboración de un Libro Blanco de la Justicia en el que participen conjuntamente los distintos agentes e instituciones implicadas en la Administración para identificar las "necesidades" en esta materia y proponer alternativas de solución.

Al ser interpelado por cuándo estará listo este libro, ha respondido: "no depende tanto de nosotros como del resto de agentes implicados a los que queremos invitar: fiscales, el TSJ, procuradores, notarios, asociaciones de consumidores...". No obstante, ha mostrado su deseo de que se pueda presentar a lo largo de este año.

Por último, ha afirmado que es "necesario" un pacto de Estado en materia de justicia que, como servicio público, "debe de ser una prioridad". "Debe haber voluntad política y después es cuestión de identificar los problemas y poner soluciones", opina.

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Los abogados 'bajan la guardia'


1 jun 2011


Publicado en www.elpais.com

El turno de oficio suspende parte del servicio por "la falta de compromiso del Gobierno regional" - EL PAÍS sigue a una letrada en su última jornada 'normal'

Patricia Fernández, de 33 años, es una de los 4.500 abogados que ejerce el turno de oficio en la Comunidad de Madrid. Desde hoy, este colectivo dejará de asistir cientos de casos en protesta por sus condiciones de trabajo y por "la falta de compromiso" del Gobierno de Aguirre, al que acusan de "degradar" este servicio gratuito del que se benefician los más desfavorecidos y de restringir su acceso a base de imponer requisitos administrativos.

El Colegio de Abogados de Madrid y el de Alcalá de Henares suspenden hoy en señal de protesta parte de este servicio. En los casos de Penal, los más urgentes y numerosos (representan el 75% del servicio), solo atenderán a aquellas personas que estén detenidas o en prisión, un 60% de los casos. El 40% restante, más de 30.000 asistencias, quedará en suspenso, lo que puede provocar un colapso de los juzgados y la demora en la resolución de procedimientos. Los letrados del turno han convocado una concentración hoy a la una de la tarde ante los Juzgados de Plaza de Castilla.

Domingo 29 de mayo. A las 10 de la noche, 19 abogados comienzan su guardia del turno de oficio en Madrid capital. La letrada Patricia Fernández ocupa el puesto 10 en la lista. "Lo normal es que me llamen ya a primera hora de la mañana", explica. "A no ser que desalojen a los acampados de Sol o se líe algo gordo...".

A las 7.20 suena su móvil. El Colegio de Abogados de Madrid, que distribuye las asistencias, le pide que esté a las nueve en la comisaría de Puente de Vallecas. Se le han adjudicado, de momento, dos casos: un quebrantamiento de una orden de alejamiento y un robo con fuerza.

En la comisaría, Fernández asiste a los acusados mientras prestan declaración y escucha en un aparte su versión de los hechos. El primero le explica que su expareja ya no reside en el domicilio en cuestión y que tenía que recoger a sus dos hijos, cuya custodia comparten. En el caso de robo con fuerza hay dos detenidos, acusados de sustraer material de una obra. Ambos sostienen que era chatarra y que la obra estaba abandonada. Los denunciantes, que es material nuevo.

Estando en comisaría, a Fernández le adjudican un tercer caso, un asunto de violencia familiar. Un hijo ha insultado a su madre estando borracho y ha acabado enfrentándose con su hermano, que le ha reventado la cara. Fernández escucha al detenido, que lleva la camiseta ensangrentada.

A las 15.50 recibe otra aviso: tiene que estar a las 17.30 en la comisaría de Usera para atender a su quinto cliente del día, un ciudadano búlgaro acusado de amenazar de muerte a un familiar. Este, destrozado, se defiende: quien le acusa es su suegra, que le quiere echar de su casa. A las 18.30, la abogada sale de la comisaría. Es todo por hoy: cinco acusados, un día bastante light. Lo normal es que cada abogado asista de media a seis personas por guardia.

Al día siguiente, a las 9.30, Fernández entra en los Juzgados de Plaza de Castilla, donde se van a celebrar los cinco juicios. Pide un intérprete de búlgaro, recoge copia de los atestados y baja a calabozos para preparar las declaraciones de sus cuatro clientes que siguen detenidos. El acusado de quebrantar la orden de alejamiento ha sido puesto en libertad al comprobar que el delito no era tal, la orden de alejamiento era de 500 metros y no de 1.000. A las 12.20, la juez archiva el caso y el cliente no puede reprimir la sonrisa. "Puedes salir por la puerta grande, como los toreros", le dice Fernández.

Después, sale pitando al juicio rápido del caso de violencia doméstica. El juez toma declaración a los implicados y dicta orden de alejamiento contra el cliente de la abogada, aunque el caso se seguirá investigando. Entre otras cosas, Fernández intentará valorar el alcoholismo de su defendido. A las dos, de nuevo con prisas, baja a calabozos, donde se celebran los juicios de los otros tres detenidos. El acusado de amenazas es puesto en libertad. El caso se seguirá investigando cuando declaren la suegra del detenido y su mujer. A las cuatro se celebra el juicio del robo con fuerza. El juez acuerda acusarlos de robo. Fernández recurrirá; entiende que hay que investigar si la obra estaba o no efectivamente abandonada.

A las cinco, aun sin comer, la letrada abandona los juzgados. Su próxima guardia será en tres meses. Si para entonces sigue la suspensión del turno que hoy empieza, ¿qué cambiará respecto a su guardia de ayer? En una primera fase, nada, pues los cinco acusados estaban detenidos. Pero una vez puestos en libertad ni Fernández ni otro abogado del turno de oficio los asistirá y los juicios se paralizarán. Y como estos, cientos todas las semanas. "Lo que pretendemos es que eso no suceda", explica Fernández. "Que se llegue a un acuerdo y garantizar el buen funcionamiento de un servicio fundamental".

¿Qué cambia?

- Casos de Penal. El turno de oficio no atenderá a los imputados que no estén detenidos, lo que supone un 40% de los casos (por ejemplo, un conductor que ha rebasado la tasa de alcoholemia por poco margen). Al carecer de abogado, esos juicios quedarán aplazados, lo que previsiblemente provocará un colapso judicial.

- Casos de Civil Solo se atenderán aquellos casos que estén a punto de agotar los plazos judiciales de actuación. Ejemplos concretos: en los procedimientos de familia no se aceptarán casos nuevos (por ejemplo, divorcios), pero sí se atenderán las medidas cautelares como la revisión de las condiciones de un divorcio. En los procesos de desahucio solo se asistirán los de última instancia (aquellos en los que hay tres días para contestar o se desaloja a la persona). No se atenderá sin embargo a los propietarios que quieran desahuciar a los inquilinos de su piso. Los conflictos laborales se aceptarán en su mayoría, pues cuentan con plazos cortos. No así las reclamaciones de cantidad, con un año de plazo.

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Los colegios de abogados de Cataluña piden más sensibilidad a los jueces con el catalán


26 may 2011


Publicado en www.abogados.es

26/05/2011 El Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña pide a los jueces más sensibilidad con el uso del catalán, y así evitar que se repitan casos como el de Lleida, José María Aristóteles Magán, ya que varias de sus resoluciones fueron críticas con el catalán

En un comunicado, el Cicac ha manifestado su satisfacción por la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que recientemente calificó de falta "grave o muy grave" el expediente abierto contra el titular del Juzgado Contencioso número 1 de Lleida, fundamentalmente a raíz del contenido de varias de sus resoluciones, críticas con el catalán, y ha acordado elevarlo a la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El presidente del Cicac, Antoni Molas, considera inadmisibles los contenidos polémicos de las resoluciones del juez Magán, no solo por criticar el uso del catalán en los juzgados, sino por calificar a la Generalitat de simple "administración regional".

También advierte que es un caso excepcional, y valora la reacción de instituciones como el Ayuntamiento de Lleida, la Diputación y la Conselleria de Justicia de la Generalitat, que han pedido al Poder judicial que tome medidas contra el juez.

El presidente de la comisión mixta Cicac/TSJC, Abel Pié, prevé transmitir el malestar de los abogados por las resoluciones del juez Magán en la próxima reunión entre las dos instituciones, el 17 de junio.

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El Colegio de Abogados de Madrid suspende a partir del 1 de junio el turno de oficio


18 may 2011


Publicado en www.elderecho.com

El ICAM ha acordado suspender a partir del próximo 1 de junio la asistencia letrada del servicio de Justicia Jurídica Gratuita en la región, a excepción de las causas que afecten a presos, detenidos y que causen perjuicio al derecho de defensa de los ciudadanos, han informado a Europa Press fuentes de las asociaciones.

Con esta decisión, la Junta del Gobierno del ICAM ha respaldado la propuesta elevada por las asociaciones ALA, ALTODO y APAEM ante los retrasos en los pagos de las retribuciones a los letrados que integran este colectivo, una deuda que asciende a 17 millones de euros.

El decano del ICAM, Antonio Hernández-Gil, ha comunicado a los abogados que mantenían desde ayer un encierro en la sede del ICAM que el servicio quedará suspenso a partir del 1 de junio de forma indefinida hasta que la Comunidad pague el dinero que adeuda.

La suspensión del servicio se produce como protesta por los cerca de 17 millones de euros que debe la Comunidad a los abogados del Turno de Oficio de Madrid y ante "la negativa de la Comunidad de Madrid a todo compromiso de pago en un plazo razonable, abonando intereses de demora en caso contrario".

Los letrados han denunciado el propósito de la Comunidad de Madrid, de restringir el acceso a la justicia gratuita a ciertos colectivos, como los extranjeros que carezcan de pasaporte o de certificado de empadronamiento.

Según las asociaciones, los abogados no se han encerrado en el Colegio únicamente "en defensa de sus justas y legítimas reivindicaciones, sino principalmente para garantizar que no se deje de prestar un servicio público y esencial para los más necesitados, por ello nos vemos abocados a adoptar medidas contundentes, como la suspensión del servicio, salvo en determinados casos urgentes, pues es manifiesto que todos los colectivos sociales de éste país, incluidos los jueces han llegado hasta la huelga para defender sus derechos".

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El Consejo gallego de la abogacía expresa su "inquietud" por proyecto agilización procesal


18 abr 2011


Publicado en www.abc.es

El consejo gallego de la abogacía ha expresado hoy su "inquietud" por el proyecto de ley denominado "agilización procesal", que podría suponer una "reducción importante" del derecho a la tutela judicial.

La agrupación profesional sostiene en un comunicado que "es curioso" que el Consejo General del Poder Judicial dijera que con esta normativa la administración judicial "va a funcionar mejor" y que no "va a existir "un recorte" de derechos, lo mismo que el Presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El consejo de abogados advierte que esta ley consiste en "recortar las posibilidades de recurso" en determinadas sentencias, lo que implica una reducción en el tipo y número de apelaciones, dependiendo de la "cuantía" por la que se resuelvan.

Los abogados explican, por ejemplo, que las sentencias de jurisdicción contencioso-administrativo "no van a ser susceptibles de apelación" si no superan una cuantía de 30.000 euros; el recurso de casación tendrá que tener una mínima de 150.000 a 800.000 euros; mientras que la jurisdicción civil, "no tendrán posibilidades de recurso".

Este último punto afecta "muy negativamente" al derecho civil especial de Galicia, pues "la mayoría" de los casos se enmarcan en esta jurisdicción, según el Consejo.

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La Abogacía desmiente las imputaciones del vocal del CGPJ Gómez Benítez: "nuestra oposición es a la reducción de derechos de los ciudadanos, no a los cambios"


10 mar 2011


Publicado en www.abogados.es

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, presentará una queja formal al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, por las infundadas manifestaciones del vocal de este organismo, José Manuel Gómez Benítez, quien acusó a la Abogacía institucional de “torpedear” los cambios legislativos por intereses corporativos y a los abogados de “poner palos en la rueda” y de “hacer un uso abusivo de los recursos”.

Carnicer señala que “el Consejo de la Abogacía hace anualmente decenas de aportaciones, sugerencias y críticas fundamentadas a los numerosos anteproyectos y proyectos de ley que se tramitan y que, en la inmensa mayoría de los casos sus propuestas son asumidas o valoradas positivamente por las instituciones competentes, desde el propio CGPJ al Ministerio de Justicia o el Consejo de Estado, entre otras”.

Específicamente en relación con las tres reformas procesales pendientes en este momento –la ley reguladora del uso de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, la ley de Tribunales de Instancia y la “mal denominada” de Agilización Procesal-, sólo es respecto a esta última que la Abogacía se ha manifestado sustancialmente en contra porque restringe, reduce y hasta anula en algunos casos el derecho de defensa que la Constitución reconoce y, por tanto, merma derechos fundamentales de los ciudadanos. “La Abogacía -señala Carnicer- ha demostrado constantemente que no le guía en este ni en otros casos, la defensa de intereses corporativos ni económicos sino la obligación de defender los derechos de los ciudadano”.