Publicado en www.elpais.com
La negativa del Colegio de Alcalá de Henares a nombrar letrados de oficio impide asistir a denunciados, tomarles declaración y dictar órdenes de protección
La larga batalla que mantienen los abogados del turno de oficio de Madrid con el Gobierno de Esperanza Aguirre por el impago de sus honorarios se ha recrudecido en agosto y ya está socavando la lucha contra la violencia de género. Los juzgados especiales de violencia de género de cuatro grandes poblaciones del cinturón de la capital -Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Arganda del Rey y Coslada- no pueden dictar medidas de protección contra los denunciados por malos tratos por la negativa del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares a nombrar abogados de oficio. Las causas están bloqueadas o ralentizadas desde el pasado lunes.
La situación ha llegado hasta el extremo de que el Juzgado de Violencia de Torrejón de Ardoz (más de 100.0000 habitantes) remitió el miércoles un oficio muy duro al Colegio de Alcalá pidiéndole explicaciones de por qué está obviando sus peticiones para que designe abogados de oficio a hombres denunciados por sus esposas, según relatan fuentes de la fiscalía de esa zona.
En estos cuatro juzgados -que solo en lo que va de año han recibido en torno a 1.600 denuncias de mujeres maltratadas y han dictado alguna medida cautelar en un 70% de los casos- empieza a cundir la indignación: "No se puede imponer una orden de alejamiento sin interrogar antes al denunciado, y no podemos interrogar al denunciado si no viene asistido de abogado", describen las citadas fuentes, que zanjan: "Y la práctica indica que al 90% de los denunciados hay que ponerles abogado de oficio porque no tienen recursos".
La guerra entre los abogados del turno de oficio de toda la región, incluida la capital, y la Consejería de Justicia del Gobierno de Esperanza Aguirre no es nueva. Se desató en mayo pasado porque el Ejecutivo regional les adeuda las asistencias prestadas desde enero de este año, dos trimestres. Los abogados sostienen que la deuda ronda los 20 millones, mientras que el Gobierno madrileño la rebaja a unos 10. Representantes de los dos colegios existentes en la región, el de Madrid y el de Alcalá, acordaron entonces que solo asignarían abogados a las causas graves y urgentes; es decir, a las de violencia de género y a aquellas otras en la que hay detenidos.
Pero en agosto la protesta se ha recrudecido. El Colegio de Abogados sigue prestando asistencia a las víctimas y a sus agresores si están detenidos. Pero no a aquellos que figuran como denunciados por sus parejas.
El asunto ha despertado la preocupación del Ministerio de Igualdad, por el posible desamparo en que podrían quedar las víctimas de violencia de género. Ayer, la secretaria de Estado de Igualdad, Laura Seara, envió una carta a la consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Regina Planiol, para solicitarle información sobre las garantías de las mujeres al derecho a asistencia jurídica especializada gratuita. En la misiva, Seara manifiesta su inquietud ante lo que puede suponer un "posible menoscabo de los derechos" de las víctimas de género.
Ya el 2 de junio, el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, se dirigió al director general de Justicia de la Comunidad para trasladarle la "preocupación" ante la posible repercusión de la huelga en la asistencia a estas víctimas. En aquel momento, dice Igualdad, Madrid aseguró que los paros no afectarían a los asuntos relacionados con la violencia de género. "El director general se comprometió a que, de haber novedad, se comunicaría de forma inmediata", explica la portavoz del ministerio que dirige Leire Pajín.
Consuelo Abril, abogada de familia y miembro de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, critica que "una vez más, están pasando a un segundo plano los temas de protección de las mujeres que, en realidad, deben considerarse tan importantes como un asunto sanitario urgente. Tiene que haber un retén de abogados para los casos de urgencia, pero esto no puede ser a costa de letrados mal pagados o, peor, impagados", sostiene. "No es responsabilidad de estos abogados porque no son héroes, no pueden trabajar gratis", añade. Abril considera que la situación es grave. "Si por estas suspensiones hubiera algún caso con resultado de muerte, la responsabilidad civil subsidiaria sería del Estado, por una parte, y por otra de la Comunidad de Madrid, que es la responsable de no atender y no dar protección a esa víctima", explica.
Desde algunos juzgados se enviaron el lunes comunicaciones al departamento del turno de oficio de Alcalá de Henares pidiéndole abogados para agresores que estaban pendientes de interrogatorio. Inicialmente, se atendieron las peticiones y se designaron letrados, pero horas después, el Colegio se desdijo y avisó verbalmente a los juzgados de que solo se prestaría asistencia a las víctimas de violencia y a detenidos, pero no a los denunciados no detenidos. Algunos juzgados se vieron forzados a bloquear el desarrollo de causas que tenían fijadas para ese día y sucesivos. Las gestiones de algunos juzgados para contactar con el responsable del servicio han sido infructuosas. Este periódico también ha intentado contactar con el Colegio una veintena de veces, sin éxito. Nadie coge el teléfono.
La situación es tal que el Juzgado de Violencia de Torrejón, al ver que se podían acumular casos de gran sensibilidad, remitió el miércoles un contundente escrito al turno de oficio de Alcalá. En él se pide al Colegio que explique "los motivos y causas" por las que rechaza designar abogados y le advierte de que, de no obtener una respuesta satisfactoria, entenderá que el silencio significa que reconsidera su postura. Según los citados medios, el juzgado seguía ayer sin respuesta del Colegio.
El problema del turno de oficio se extiende a toda la región. De momento, el Colegio de Abogados de Madrid, con 4.500 letrados inscritos en el turno de oficio, sí está atendiendo lo relacionado con la violencia de género, pero no otras muchas causas. Un portavoz de la Consejería de Justicia de Madrid afirmó el miércoles que no tiene constancia de quejas de usuarios ni de juzgados en este aspecto y recordó que el pacto de los abogados con la Consejería fue que la huelga no afectase a la violencia de género.
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