Mostrando entradas con la etiqueta Xuíces. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Xuíces. Mostrar todas las entradas

El CGPJ deriva al Servicio de Inspección el escrito de Estela San José sobre el comportamiento de Varela Agrelo


27 mar 2012



La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado remitir al Servicio de Inspección del órgano de Gobierno de los jueces un escrito que le fue enviado el pasado viernes por la juez de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, en el que se advierte de un posible comportamiento irregular por parte del presidente de la Audiencia Provincial de Lugo, José Antonio Varela Agrelo, en relación con un imputado de la 'Operación Campeón'.

En su reunión de este martes, la Permanente, que "no prejuzga en absoluto la resolución que proceda adoptar", ha decidido enviar también la documentación recibida del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que acompañaba al citado escrito, ha informado el CGPJ.

En su última reunión, el órgano de gobierno de los jueces tomó nota de la documentación que le había remitido el propio Varela informando que fue víctima de un intento de extorsión perpetrado por Jorge Dorribo, principal imputado en la 'Campeón'.

En el nuevo escrito se daría una versión diferente al narrar la juez Estela San José la personación en su juzgado del presidente de la Audiencia Provincial para conocer de primera mano lo que había declarado contra él Dorribo, con quien habría tenido relaciones de amistad y comerciales.

En su escrito ante el CGPJ, Varela había informado al órgano de gobierno de los jueces su intención de formular denuncia ante comentarios realizados sobre su posible relación con un proyecto empresarial vinculado a la denominada 'Operación Carioca', en la que se investiga, también en Lugo, una supuesta trama de explotación de mujeres y una red de clubes de alterne.

Varela Agrelo confirmó a Europa Press que denunció al farmacéutico gallego después de que éste le pidiese dinero "a través de un amigo común" para, supuestamente, no declarar en su contra.

Tras producirse el supuesto intento de extorsión, el presidente de la Audiencia Provincial acudió al juzgado de guardia para dar cuenta de lo sucedido y, después de hablar con la jueza allí presente, Sonia Fernández Cortés, decidió aplazar la presentación de la denuncia hasta haber realizado una comunicación oficial al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

El empresario Jorge Dorribo había declarado testigo ante la jueza de la 'Operación Carioca', Pilar de Lara, a la que aseguró que había conocido a Varela Agrelo en la sociedad Accion&Klasse y que había negociado con él su salida de prisión en 2011, tras ser encarcelado en mayo por la 'Operación Campeón'. Estos hechos han sido negados por el presidente de la Audiencia Provincial.


Publicado el 27/03/2012 en www.europapress.es

Enlace permanente: http://goo.gl/UGVhm


Apoyo a Garzón que afronta su segundo juicio en una semana


24 ene 2012



24.01.2012.- Varios centenares de personas, con una pancarta en la que se leía "contra los juicios de la vergüenza", se han concentrado a las puertas del Tribunal Supremo para mostrar su respaldo al juez Baltasar Garzón que es juzgado por haberse declarado competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo.

Ante la puerta principal del Tribunal Supremo se han concentrado varios centenares de personas de la plataforma Solidarios con Garzón y representantes de diversas asociaciones de Memoria Histórica, así como el coordinador general de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara; el diputado de IU Gaspar Llamazares; el exfiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, y la actriz Pilar Bardem.

Al igual que el martes pasado, Garzón también ha contado con el apoyo de los jueces de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, Fernando Andreu, José Ricardo de Prada, Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez y Clara Bayarri, así como de la fiscal Dolores Delgado, con los que se ha abrazado antes de que comenzara la primera sesión del juicio.

Garzón se enfrenta a una pena de inhabilitación de hasta 20 años, solicitada por las acusaciones populares, que ejercen Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad. La Fiscalía no presenta acusación y solicita la libre absolución del juez, al igual que en los otros tres procedimientos que tiene que afrontar.



Una mayoría de españoles cree que los jueces están "fuera de onda" y que sus sentencias se convierten en "papel mojado"


13 sept 2011


La confianza de los españoles en el Estado de Derecho y la calidad de nuestra democracia ha caído durante los tres últimos años coincidiendo con la crisis económica, al tiempo que ha crecido el número de ciudadanos que piensa que los jueces y magistrados están "fuera de onda" y que sus sentencias se convierten en "papel mojado" ya que "no se cumplen o se cumplen tarde y mal".
Publicado en www.europapress.es


La Abogacía pide un gran pacto de Estado sobre Justicia y critica las afirmaciones "brutales" de los políticos contra esta Administración

Carnicer y Toharia
La confianza de los españoles en el Estado de Derecho y la calidad de nuestra democracia ha caído durante los tres últimos años coincidiendo con la crisis económica, al tiempo que ha crecido el número de ciudadanos que piensa que los jueces y magistrados están "fuera de onda" y que sus sentencias se convierten en "papel mojado" ya que "no se cumplen o se cumplen tarde y mal".

En total, el 54 por ciento de los ciudadanos considera que España está en este sentido en peor situación que el resto de países avanzados y otro gran porcentaje de ellos opina que los jueces están "fuera de onda", alejados de los problemas reales de la sociedad.

Así se desprende del IV Barómetro Externo de la Abogacía 'La imagen de los abogados y de la Justicia en la sociedad española', elaborado por Metroscopia, que ha sido presentado este martes por el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, y el presidente de Metroscopia, José Juan Toharia, en la sede del CGAE en Madrid.

El informe, que ha recogido la opinión de 4.000 entrevistados, desprende que se ha reducido el número de ciudadanos que valora positivamente la garantía y la protección de los derechos fundamentales. Así, el 55 por ciento cree que España se encuentra en un nivel intermedio dentro del grupo de los países más desarrollados, mientras que un 33 por ciento de la población considera que está en el furgón de cola (hace tres años sólo el 17 por ciento de los encuestados tenía esta opinión).

Para el presidente de los abogados españoles, Carlos Carnicer, el balance del barómetro arroja que "estamos en un momento extraordinario" para acometer "la gran reforma de la Justicia" a través de un pacto de Estado, más prolongado del suscrito en 2001. "Hace falta un grandísimo pacto de Estado que empiece por que el Ministerio de Justicia se llame Ministerio de relaciones con la Administración de Justicia, por que el Consejo General del Poder Judicial sea Consejo General de Magistratura y que las comunidades autónomas aclaren sus competencias para no liar a la ciudadanía", ha señalado.

En cuanto al diagnóstico que los sondeados hacen sobre la Administración de Justicia, la mayoría opina que ésta funciona mal y es lenta, anticuada y complicada. A este respecto, estima que es "tan lenta que más vale evitar acudir a ella", que su lenguaje y sus procedimientos son "excesivamente complicados y difíciles de entender" para el ciudadano medio y que, en muchas ocasiones, las sentencias se quedan en papel mojado ya que "no se cumplen o se cumplen tarde y mal".

Preguntado si declaraciones de dirigentes políticos negándose a cumplir resoluciones judiciales, como el auto sobre la inmersión lingüística del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, influyen en esta valoración, Carnicer ha afirmado que "manifestaciones a veces brutales contra la eficacia de la Justicia" afectan a que los ciudadanos piensen que las resoluciones son "papel mojado".

ABOGADOS Y NOTARIOS MEJOR VALORADOS

Tanto Carnicer como Toharia se han mostrado satisfechos por la notable valoración que tienen los entrevistados sobre la actuación de los abogados. Según el estudio, un 55 por ciento de los españoles reconoce haber acudido a un despacho de un letrado y puntúa la satisfacción con los servicios recibidos en un 6.9, valorando especialmente la atención y el trato prestado, su preparación técnica e interés por el asunto y el importe de los honorarios cobrado.

Según ha explicado Toharia, los abogados son junto a los notarios los operadores jurídicos mejor valorados. En concreto reciben una puntuación de 5.2, por debajo de los científicos (7.4), los Cuerpos de Seguridad (6.6), las Fuerzas Armadas (6.4), las ONG (6.2), la Seguridad Social (6.1), las emisoras de radio (5.8) y el Rey (5.6). Se encuentran así por encima de fiscales, magistrados, bancos o de instituciones como el Defensor del Pueblo.

El presidente de Metroscopia ha explicado que la crisis económica conlleva un clima de desánimo que daña la confianza en las instituciones. "La ciudadanía tiene la percepción de que en calidad de la democracia hemos perdido", ha precisado.

Los encuestados agradecen la capacidad de los abogados para buscar un acuerdo razonable que ponga fin a la disputa (lo valoran especialmente un 62 por ciento) y su experiencia en los juicios (35 por ciento). No obstante, un 85 por ciento ve necesario que las nuevas promociones cuenten con formación adicional para ejercer la Abogacía, lo que, para el CGAE, supone un amplio apoyo a la Ley de Acceso por la que se requerirá un master a los nuevos letrados.


Enlace permanente: http://goo.gl/OiGSj



El Gobierno Vasco ofrece nuevas becas para formar una cantera local de jueces, fiscales y secretarios


9 ago 2011


El Gobierno Vasco ha convocado este año nuevas becas para licenciados en Derecho de la comunidad autónoma que quieran preparar, o seguir preparando, las oposiciones a juez, fiscal y secretario judicial. A cambio de esas ayudas, en las que se valora el euskera y que consisten en doce mensualidades de 550 euros financiadas por el Departamento de Justicia, los beneficiarios se comprometen, si sacan finalmente la oposición, a elegir con carácter preferente las plazas de la Administración de Justicia que se ofrezcan en los partidos judiciales de Euskadi.
Publicado en www.diariovasco.com


Las ayudas para opositar y la menor presión de ETA han ayudado a que, en Euskadi, la mayoría de magistrados sean de la comunidad

El Gobierno Vasco ha convocado este año nuevas becas para licenciados en Derecho de la comunidad autónoma que quieran preparar, o seguir preparando, las oposiciones a juez, fiscal y secretario judicial. A cambio de esas ayudas, en las que se valora el euskera y que consisten en doce mensualidades de 550 euros financiadas por el Departamento de Justicia, los beneficiarios se comprometen, si sacan finalmente la oposición, a elegir con carácter preferente las plazas de la Administración de Justicia que se ofrezcan en los partidos judiciales de Euskadi.

En las convocatorias anteriores, que se resolvieron en noviembre, la presencia femenina fue abrumadora. El año pasado, el 75% de los expedientes aprobados correspondieron a mujeres, y en 2009 la proporción fue aún mayor (80%). En esta ocasión, el Ejecutivo autónomo, del total de cuarenta becas que ha preparado, ha reservado dos para las personas que acrediten alguna discapacidad, «a fin de favorecer la integración laboral» de ese colectivo.

Las ayudas para opositar a la carrera judicial fueron introducidas por el Gobierno Vasco hace una década con el propósito de crear una cantera local de profesionales en la Administración de Justicia. Esa política ha contribuido -junto con otros factores, como la paulatina disminución de la presión de ETA y el predominio de las mujeres en las carreras judicial y fiscal- a que diez años después del asesinato del magistrado José María Lidón, la gran mayoría de los más de 200 jueces y magistrados ejercientes en Euskadi sean funcionarios autóctonos o, en todo caso, personas muy arraigadas en la comunidad, salvo excepciones en los juzgados de algunas comarcas de Gipuzkoa.

Según la orden de becas, los aspirantes deben estar empadronados y tener residencia efectiva en Euskadi durante, al menos, cinco de los últimos siete años. También se les exige que contraten a un preparador de oposiciones que sea juez, fiscal o secretario judicial, según las pruebas de que se trate. No obstante, podrán hacerse excepciones a ese requisito, «mediante autorización expresa y motivada» del Departamento de Justicia, cuando el preparador elegido reúna «méritos suficientes».

Dos años como mínimo

La lengua vasca, como en otros puestos de la Administración pública autonómica, está incluida entre los méritos que podrán acreditar los solicitantes. El Gobierno Vasco ha otorgado en este caso al dominio del euskera una puntuación de 0 a 20, mientras que el expediente académico se valorará de 0 a 35. Las necesidades económicas del candidato se computarán hasta un máximo de 45 y el haber aprobado ya algún examen de la oposición, hasta 25. Como contrapartida a la percepción de la beca, quienes logren sacar la plaza, sea de juez, fiscal o secretario judicial, y obtengan un destino en Euskadi estarán obligados a prestar servicios en la comunidad autónoma «durante un periodo mínimo de dos años, salvo que causas ajenas a su voluntad se lo impidan».

La selección de los becados correrá a cargo de un tribunal formado por representantes del Gobierno de Vitoria, el Tribunal Superior de Justicia, de la Fiscalía y de las facultades de Derecho de Euskadi. De momento, y a tenor de los resultados de convocatorias anteriores, lo más probable es que la presencia de mujeres entre las aspirantes siga siendo mayoritaria. Basta examinar la promoción de nuevos jueces españoles de 2011, en la que ellas suman dos de cada tres plazas. En líneas generales, el perfil de las nuevas generaciones de la judicatura es el de una joven de unos 30 años, que habla inglés y que está familiarizada con la informática y las redes sociales.

A ese colectivo, la orden de becas del Gobierno Vasco les impone más requisitos. Por ejemplo, de la convocatoria de ayudas quedarán excluidos, en cualquier caso, los titulados en Derecho que ya hayan recibido algún ingreso público para sacar oposiciones durante tres años. No obstante, si quedaran huecos libres en las becas de 2011, quienes hayan estado percibiendo tres años de ayudas durante el último lustro también podrían disfrutar de un cuarto año de subvención.

Enlace permanente





El CGPJ concede por primera vez a una juez la reducción de jornada por maternidad


26 jul 2011


a Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por primera vez la solicitud de reducción de jornada para la conciliación de su vida familiar y laboral que presentó una magistrada destinada en el municipio madrileño de Getafe. Se trata de la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces responde positivamente a una petición de reducción de jornada. La magistrada la planteó a finales de junio bajo el amparo del artículo 223 del nuevo Reglamento de la Carrera Judicial, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces.
Publicado en www.europapress.es


La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por primera vez la solicitud de reducción de jornada para la conciliación de su vida familiar y laboral que presentó una magistrada destinada en el municipio madrileño de Getafe.

Se trata de la primera vez que el órgano de gobierno de los jueces responde positivamente a una petición de reducción de jornada. La magistrada la planteó a finales de junio bajo el amparo del artículo 223 del nuevo Reglamento de la Carrera Judicial, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid se mostró previamente a favor de la concesión de la reducción de jornada, "hasta ahora reconocida a otros colectivos". El CGPJ ha acordado que la reducción de jornada para la magistrada alcance el 33 por ciento de su tiempo laboral, en la misma proporción que la remuneración. Sin embargo, mantiene que la reducción no podrá llevarse a cabo durante el servicio de guardia.

Por otra parte, el Ministerio de Justicia interpuso recientemente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo contra este tipo de reducciones de jornada, previstas en el Reglamento de la Carrera Judicial aprobado el pasado 29 de mayo.

Tras su aprobación, el CGPJ inició la tramitación de otra petición similar por parte de una jueza de Cataluña, si bien su aprobación ha quedado en suspenso a instancia de la solicitante.

Enlace permanente



El CGPJ sancionó a menos del 1% de los jueces durante 2010 y visitó más de 500 órganos para revisar su carga de trabajo


21 jul 2011


El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sancionó a un total de 41 jueces durante el año pasado, lo que alcanzó a menos del 1 por ciento de los miembros de la Carrera Judicial. Además, organizó 507 visitas para conocer la situación y la carga de trabajo que soportan los órganos judiciales.
Publicado en www.europapress.es


Las magistradas alcanzaron el 48% de los miembros de la Carrera Judicial y los ciudadanos emitieron 5.803 quejas contra Registro Civil

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sancionó a un total de 41 jueces durante el año pasado, lo que alcanzó a menos del 1 por ciento de los miembros de la Carrera Judicial. Además, organizó 507 visitas para conocer la situación y la carga de trabajo que soportan los órganos judiciales.

Según los datos reflejados en la Memoria que el Pleno del órgano de gobierno de los jueces ha aprobado este jueves por unanimidad, la Comisión Disciplinaria del CGPJ abrió un total de 952 informaciones previas durante 2010, de las cuales se derivaron sólo 47 expedientes disciplinarios, 25 menos que en el ejercicio anterior.

Finalizó el año con la resolución de 81 expedientes, entre ellos sólo 41 concluyeron con una sanción para los jueces y magistrados españoles. El Poder Judicial también puso en marcha un sistema de inspección remota virtual para agilizar el sistema de control.

La memoria anual refleja la tendencia a la "equiparación de las tasa de masculinización y feminización" en la Carrera Judicial. Si en 2008, el porcentaje de mujeres fue del 47,17 por ciento, este número creció hasta suponer un 48,35 por ciento durante 2010.

En concreto, el número de mujeres en los órganos unipersonales superó al de sus compañeros en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (supusieron un 65% del total), los de Primera Instancia e Instrucción (63%), de Primera Instancia (59%) y de Menores (57%) así como en los juzgados de Instrucción, de Vigilancia Penitenciaria y de lo Penal (56% en cada uno de ello).

Además, las mujeres ocuparon el 32% de los puestos de la Audiencia Nacional y el 11,5% en el Tribunal Supremo. Las cifras revelan que la edad media de los jueces y magistrados en activo es de 46,7 años --43,3 años en el caso de las mujeres y 49,6 en el de los hombres--.

Un total de 9.355.526 asuntos ingresó en los órganos judiciales durante 2010, lo que supuso una reducción de un 2,2 por ciento respecto al año anterior. La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, ha explicado en la sede de este organismo que se ha tratado de la "primera reducción" en este ámbito y ha añadido que la litigiosidad ha alcanzado los 199 asuntos por cada 1.000 habitantes.

En concreto, ha destacado que la "reducción más importante" se ha notado en los órdenes de lo Social y lo Contencioso-Administrativo. "La crisis está dando un cierto respiro en la Administración de Justicia", ha remarcado Bravo, que ha destacado que los jueces dictaron 1.659.195 sentencias durante el año pasado, un 2,2 más que en 2009, y dejaron más de tres millones de asuntos en trámite.

DESCIENDEN LAS QUEJAS SOBRE JUSTICIA

El Poder Judicial también ha evaluado el grado de cumplimiento de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia y ha observado cómo el número de quejas y reclamaciones presentadas por los ciudadanos ha descendido por segundo año consecutivo, situándose en 12.982 quejas durante 2010.

La mayoría de las protestas (11.550) estuvieron motivadas por la lentitud en la tramitación de los procesos por la carencia de medios materiales y personales. El 17% de las reclamaciones se encontraron "plenamente justificadas" y conllevaron "alguna medida de mejora del servicio público", según Gabriela Bravo.

Ha añadido que existe un porcentaje "realmente inapreciable" las quejas interpuestas por la falta de protección de las víctimas del delito (fueron 36, un 0,3% del total), las vinculadas a personas discapacitadas (un total de 94) y las que denunciaron el desamparo de menores (24).

El Registro Civil sigue siendo el servicio que más motivos de queja recibió con un total de 5.803 reclamaciones, un 37 por ciento del total. Seguidamente, los usuarios emitieron 3.678 quejas contra los órganos de lo Penal (23%) y 2.081 contra el orden Civil (13%). La mayoría de ellas estuvieron relacionadas con la falta de agilidad, modernización o atención.

Por territorios, la distribución de las denuncias es similar a la observada durante 2009 aunque se aprecia un descenso del número absoluto de reclamaciones en Madrid, Cataluña, Canarias, Galicia, Castilla y León, La Rioja, Islas Baleares y Andalucía.

Enlace permanente



Las mujeres jueces de entre 20 y 40 años duplican ya a sus compañeros varones



Las mujeres jueces de entre 20 y 40 años duplican ya en número a sus compañeros varones, lo que ha permitido que la tasa de feminización de la carrera judicial alcance en 2010 el 48,35 por ciento, aunque no supera aún la tasa masculina porque entre los 51 y 70 años la primacía sigue siendo de los hombres.
Publicado en www.elcorreo.com



Las mujeres jueces de entre 20 y 40 años duplican ya en número a sus compañeros varones, lo que ha permitido que la tasa de feminización de la carrera judicial alcance en 2010 el 48,35 por ciento, aunque no supera aún la tasa masculina porque entre los 51 y 70 años la primacía sigue siendo de los hombres.

Estos datos figuran en la Memoria de 2010 del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que hoy ha sido aprobada por el Pleno de este órgano y presentada en rueda de prensa por la portavoz Gabriela Bravo.

Las mujeres jueces de entre 20 y 30 años en activo suponen el 68,29 por ciento (56 frente a 26 hombres), las de 31 a 40 alcanzan el 65,66 por ciento (931 frente a 487) y las de 41 a 50 representan el 50,67 por ciento (873 frente a 850).
La media desciende al 34,33 por ciento en la franja de edad de entre 51 a 60 años y entre los 61 y 70 años la representatividad de la mujer en la carrera judicial es sólo del 9,72 por ciento.

La cuota femenina en la judicatura se concentra en los órganos unipersonales, fundamentalmente en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (65%), seguido de la Primera Instancia e Instrucción (63,4%), Menores (57,2%) y Vigilancia Penitenciaria y Juzgados de lo Penal (56% en cada uno).

Por contra, en órganos como el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional la mujer representa el 11,54 y el 32,31 por ciento, respectivamente, y en los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales alcanza el 30,51 y 33,21 por ciento, en cada caso.

La Memoria del CGPJ recoge también "una panorámica de la Justicia en 2010" y contabiliza una reducción del 2,2 por ciento frente a 2009 en el número de asuntos que ingresaron en los órganos judiciales (9.355.526 en total).

El descenso más significativo (un 9,4%) se ha registrado en la jurisdicción contencioso-administrativa, lo que para la portavoz del CGPJ significa que "la crisis está dando un respiro a la Administración de Justicia".

La jurisdicción penal sin embargo "muestra un leve incremento en las tasas de pendencia y congestión y se mantiene constante la de resolución, lo que se puede leer como un ligero deterioro de su situación general", observa la Memoria.
De este modo, los asuntos que quedaron en trámite se incrementaron un 2,9 por ciento, siendo la peor situación la detectada en Castilla-La Mancha (1,33%), seguido de La Rioja (1,26) y Comunidad Valenciana (1,25 %).

El Consejo también ha evaluado el grado de cumplimiento de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia y destaca que por segundo año desciende el número de quejas y reclamaciones presentadas.

Enlace permanente


Los jueces suplentes ya firman dos de cada diez sentencias en Galicia


5 jul 2011



Los magistrados no ven "saludable" la interinidad y atribuyen a la crisis y al aluvión de litigios el elevado índice de fallos resueltos por jueces sustitutos, que en Galicia ocupan el 22% de las plazas



No todas las sentencias son palabra de juez. Quienes dictan algunas resoluciones son sustitutos sin la titulación de juez en su currículum, aunque sí con suficiente experiencia en el ejercicio del Derecho como para reemplazar a un magistrado titular en procesos de orden civil, penal, social y contencioso-administrativo. Cubren sus funciones debido a eventualidades como una enfermedad, un embarazo, la asistencia a cursos especiales de formación o problemas personales. En Galicia, el 16,3% de las sentencias emitidas el año pasado están dictaminadas por jueces no profesionales -un grupo que en la comunidad ocupa dos de cada diez plazas-, mientras que el 81,3% corresponde a los titulares. Este porcentaje en el mapa judicial de Galicia es ligeramente superior al de ámbito nacional, ya que la media de sentencias decretadas por interinos en la Justicia española es de 16,1%, frente al 79,4% por jueces de carrera.

"No es buena señal que haya demasiados sustitutos que dicten sentencias", advierte el coordinador en Galicia de la asociación Jueces para la Democracia, Xermán Varela, quien se muestra partidario de "reducir la justicia interina en todo lo posible". "No es saludable para el sistema. La posición institucional que tienen los jueces -añade- no es comparable con la de los interinos, que, con todo el respeto que merecen porque trabajan mucho y bien, no disfrutan de un estatus excepcional de inamovilidad que tienen los jueces titulares".

El recurso inevitable de que los licenciados en Derecho que no son jueces reemplacen a los profesionales en los juzgados gallegos no conlleva, a juicio de Xermán Varela, un empeoramiento de la Justicia: "La situación tampoco está como para llegar al extremo de pensar que hay una merma de calidad en el trabajo de los jueces. ¿Se puede pensar que la Justicia podría ser mejor? Desde luego. Pero la calidad no es mala". De la misma opinión es Antonio Fraga Mandián, juez decano de A Coruña: "Hay jueces suplentes francamente magníficos"; aunque defiende que a los interinos hay que "incentivarlos con estimulantes condiciones laborales".

Fraga Mandián reconoce que "lo ideal" es que sean los jueces de carrera los que dicten las sentencias. Pero la interinidad es "inevitable". "Hay pocos jueces y no se fabrican de un día para otro. Y ahora no ha habido medidas de urgencia para tratar la carga de trabajo que tienen. La crisis y el aluvión de litigios nos cogió a todos con el pie cambiado", explica el juez decano de A Coruña.

La jurisdicción en la que más sentencias llevaron la firma de un juez sustituto el pasado en Galicia fue la administrativa, un 23,5%, mientras que el 69,3% correspondieron al dictado de magistrados titulares y solo un 0,2% fue el veredicto de un titular de otro órgano. Otros delitos fueron juzgados por más jueces profesionales, aunque el porcentaje de resoluciones tomadas por interinos alcanzó el 17,8% en el órgano civil, el 13,5% en el social y 10,6% en el penal.

Al comparar estos datos con los del conjunto de los juzgados españoles, la media de sentencias administrativas en Galicia es más alta que la media nacional (23,5% frente a 14,4%); también es levemente superior el número de dictámenes en el orden civil (17,8% en Galicia por 17,4% en España); por el contrario, en el orden penal (10,6% por 18,6%) y social (13,5% por 14%) son más numerosas las sentencias de jueces sustitutos en España que en la comunidad gallega.

Estas estadísticas aparecen en la memoria de datos del Consejo General del Poder Judicial referida a 2010. Galicia fue el año pasado la quinta comunidad española, por detrás de Cantabria, País Vasco, Baleares y La Rioja, con más sentencias administrativas de jueces suplentes. Fue la sexta más numerosa con resoluciones civiles no dictadas por un titular, la séptima en el órgano social y la duodécima en el penal. "La interinidad en Galicia no es tan alta como en otras regiones, pero tampoco es baja. Lo normal sería reducirla", insiste el portavoz de Jueces para la Democracia.

Renovaciones anuales sin incentivos

Para ejercer como juez pese a no haber superado la oposición es necesario reunir una serie de requisitos. Dentro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia hay una comisión que realiza una entrevista a licenciados en Derecho potencialmente aptos para desempeñar la labor de un juez. Los candidatos pueden ser abogados, secretarios o profesores de la universidad a los que se les requiere que al menos hayan aprobado uno de los exámenes de acceso a la carrera judicial. La comisión examina también su catálogo de méritos, estudia su labor docente y revisa posibles trabajos que hayan sido publicados antes de elevar las propuestas al Consejo General del Poder Judicial, que nombra a los interinos por el periodo de un año judicial. La bolsa de sustitutos es diferente en cada provincia y cada año se producen varios nombramientos, aunque para 2011 se acordó prorrogar a los no profesionales seleccionados el año anterior. En general, no suelen producirse quejas respecto al trabajo como juez desempeñado por los interinos, aunque existen controles y a cada juez suplente se le exige un mínimo de trabajo.

Las sentencias de un sustituto tienen el mismo efecto que las de un juez titular. Los sueldos de uno y otro son los mismos durante el periodo de suplencia. Antonio Fraga Mandián propone, por un lado, que se modifique el sistema de elección y sugiere, por otra parte, que las condiciones de trabajo de los interinos sean mejoradas. "Yo no desprecio los expedientes académicos ni el currículum, pero soy más partidario de una prueba test tipo MIR más objetiva, un filtro como el que tenemos los jueces titulares", cree el decano de los jueces coruñeses.

"También habría que ofrecerles mejoras con el objeto de retenerlos y darles estabilidad, no renovarlos cada año. Sería la forma de hacerles más atractiva la condición de interinidad", propone Fraga Mandián, partidario de "incrementar la cantidad y formar bien" a los suplentes.

Enlace permanente


El CGPJ indemnizará a un juez por su traslado tras serle anulada una sanción


2 jul 2011


Publicado el 02/07/2011 en www.diariovasco.com

El Supremo ha condenado al Consejo General del Poder Judicial a indemnizar a un juez con 23.000 euros por el alquiler de la vivienda que pagó al trasladarse a Cartagena (Murcia) en cumplimiento de una sanción de 8 meses de suspensión que conllevó la pérdida de su destino en Granada y que finalmente fue anulada.

Se trata de la primera vez que el Tribunal Supremo condena al CGPJ en concepto de responsabilidad patrimonial por la anulación de una sanción de este órgano, según destacan los magistrados Vicente Conde Martín Hijas y Juan José González Rivas en el voto discrepante que han emitido respecto a esta resolución.

La sentencia, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo José Manuel Sieira, recuerda que el magistrado Carlos Martínez Robles fue sancionado por el CGPJ en abril de 2005 con ocho meses de suspensión por una falta muy grave de desatención o retraso reiterado en la resolución de procesos.
En mayo de 2008, el Supremo anuló la sanción por caducidad del expediente administrativo, ya que apreció que fue acordada cuando ya había transcurrido "en exceso" el correspondiente plazo legal.

Antes, el cumplimiento de la sanción conllevó al juez la pérdida de su destino en Granada y la obligación de presentarse a cuantos concursos se anunciaran para la provisión de plazas de su categoría hasta obtener destino en propiedad.

Tras concurrir a un concurso, convocado el 2 de enero de 2006, la Comisión Permanente del CGPJ le otorgó el 24 de enero la plaza del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Cartagena, de la que tomó posesión el 6 de marzo de ese año.
Al serle anulada la sanción, el Pleno del CGPJ acordó en junio de 2008 reintegrarle los sueldos que dejó de percibir durante los ocho meses de suspensión y el abono en el escalafón de la carrera judicial del tiempo que dejó de computar por culpa de esa sanción.

El magistrado lo vio insuficiente y reclamó otros 36.468 euros en concepto de responsabilidad patrimonial por indemnización de residencia habitual y manutención y, subsidiariamente, "el pago de todos los gastos de alquiler y suministros de agua y electricidad" desde el 6 de marzo de 2006 hasta el 21 de mayo de 2007, así como los de desplazamiento de fines de semana para ver a su mujer e hijo.

El órgano de gobierno de los jueces rechazó esta petición y Martínez Robles recurrió ante el Supremo, que le ha dado la razón, al apreciar que debe ser "resarcido por los perjuicios causados" por la pérdida de su destino a causa de "una sanción disciplinaria que resultó anulada".

Considera por ello que debe ser indemnizado por el alquiler de su casa desde que llegó a Cartagena hasta la fecha en la que tomaron posesión los magistrados que se presentaron al concurso convocado el 20 de marzo de 2007, aunque le deniega el abono de las dietas de alimentación y los gastos de viaje de los fines de semana, por lo que le corresponderían unos 23.000 euros.

Por contra, los dos magistrados que suscriben el voto discrepante creen que "no resulta convincente" la alegación de que tuvo que permanecer en Cartagena por causa de la sanción anulada, porque, a su juicio, cuando la impugnó pudo solicitar reincorporarse al destino que tuvo que abandonar, con lo que su retorno no hubiera estado condicionado a concurso alguno.

El magistrado sin embargo, añade el voto particular, no pidió el reconocimiento de retornar a su destino y "centra los perjuicios" en su "para él, obligada permanencia en Cartagena".

Enlace permanente

El Poder Judicial sanciona a una juez por criticar a un colega


20 jun 2011


Publicado en www.elpais.com


María Sanahuja discrepó del instructor del 'caso Palau'

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha impuesto una sanción leve de advertencia a la juez progresista de la Audiencia de Barcelona María Sanahuja por censurar en una emisora de radio la actuación del juez que instruía el caso del saqueo del Palau de la Música, Juli Solaz. Sorprende en fuentes judiciales que el Poder Judicial sancione ahora a Sanahuja y, en cambio, haya hecho la vista gorda en innumerables casos de jueces que han discrepado de colegas esgrimiendo, como ella, el marco constitucional de la libertad de expresión. Sobre la actuación de Solaz, Sanahuja comentó que algunas de sus actuaciones "seguramente" obedecían "a la presión de los medios de comunicación" y mostró su extrañeza por lo "parco" que habían sido algunos interrogatorios de implicados en el escándalo.

El Consejo entiende que la magistrada "no solo valoró en sus intervenciones públicas (...) las decisiones judiciales del instructor, lo cual no merecería reproche disciplinario, sino que entró en valoraciones globales (...), lo cual resulta claramente desconsiderado". También le reprocha que no observe "la debida cortesía ni buenos modales" que debe exhibir un juez al expresar en sus comentarios "desaprobación, incomprensión y preocupación sobre el actuar profesional concreto de otro magistrado".

El órgano de gobierno de los jueces considera que esos reproches "contribuyen a la merma de la confianza social en la justicia, como inevitablemente se produce cuando un miembro de la carrera judicial emite comentarios o valoraciones en público de carácter desconsiderado u ofensivo hacia otro integrante del mismo poder por sus actuaciones profesionales".

También fundamenta el Consejo su decisión en que "a los integrantes del Poder Judicial se les confieren mayores prerrogativas y honores que al resto de la ciudadanía en correspondencia a la alta función que la sociedad les tiene encomendadas".

Lo que en realidad hizo Sanahuja fue recriminar a Solaz, igual que hicieron otros muchos colectivos catalanes, que tardase tanto en admitir la querella del fiscal contra los saqueadores confesos del Palau Fèlix Millet y Jordi Montull, así como en citarlos a declarar, y que, sin motivarlo, rechazase muchas de las diligencias que pedía el fiscal. En síntesis, lo que el Consejo sanciona es la mera discrepancia de un juez sobre la actuación de otro.

Sanahuja, exjuez decana de Barcelona, entiende que la decisión del Consejo vulnera su derecho a la libertad de expresión, por lo que recurrirá el asunto ante el Tribunal Supremo.

El ponente del acuerdo sancionador ha sido el vocal del Poder Judicial Carles Cruz, un exabogado laboralista de la asociación Jueces para la Democracia, a la que también pertenecen Sanahuja y Solaz. En esta asociación hay ahora mismo corrientes internas enfrentadas.

Enlace permanente



Documento: Acuerdo del Pleno del CGPJ

El CGPJ tramita la primera solicitud de jornada reducida de una jueza en España


1 jun 2011


Publicado en www.elderecho.com

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha iniciado la tramitación de la primera solicitud de jornada reducida de una jueza para la conciliación de su vida laboral y familiar, de acuerdo con el nuevo Reglamento de la Carrera Judicial que entró en vigor el pasado domingo 29 de mayo.

Así lo ha confirmado a Europa Press la vocal de la Comisión Permanente de este organismo Margarita Robles que ha explicado que se trata de la petición de una jueza de Cataluña que "el próximo mes de septiembre quiere acogerse a este permiso para cuidar de su hijo de dos años".

"Es un reglamento muy novedoso, que fue aprobado el pasado mes de abril. Hoy hemos podido iniciar la tramitación de la solicitud de esta magistrada", ha celebrado Robles, que también ha aclarado que a la solicitante de Cataluña "no se le denegó la reducción de jornada, sino que el reglamento no entró en vigor hasta el 29 de mayo".

Sobre la duración de la jornada laboral, la vocal del CGPJ ha indicado que no puede ser superior al horario de audiencia pública, aunque éste varía según el territorio. "Por eso, hoy hemos acordado en la Comisión permanente pedir estos horarios para, en base a eso, ir fijando las peticiones que nos hagan", ha precisado.

Robles también ha señalado que la duración de este permiso varía "en función de cada caso". En este sentido, ha insistido en que "no hay unas reglas generales, sino que hay que individualizar según de las circunstancias del solicitante".

El Reglamento de la Carrera Judicial ha sido actualizado por el CGPJ con el objetivo de adecuar el Estatuto de jueces y magistrados a la realidad social, introduciendo mejoras en materia de conciliación de la vida laboral y familiar, así como de igualdad de oportunidades.

Enlace permanente


«El amianto hará necesarios más jueces en Ferrol»


31 may 2011



Segalés, magistrado de lo social en Ferrol, fue muy amigo de Miguel Ángel Blanco, el edil asesinado por ETA

Jaime Segalés Fidalgo es un magistrado atípico. Su despacho, hasta ahora en el Juzgado de lo Social número 2, está decorado con un cartel de un grupo de heavy alemán, Rammstein. Mientras pone sentencias, en la estancia suenan clásicos roqueros. Si no tiene que entrar en sala, en rarísimas ocasiones viste corbata. Más bien lleva modernas camisetas que recuerdan sus tiempos de músico. Porque se pagó la carrera en su País Vasco natal tocando en bodas y fiestas. Y formó grupo con Miguel Ángel Blanco, el concejal asesinado por ETA, buen amigo suyo. Se incorporó a la carretera judicial por el cuarto turno.

Nació en 1968 en Eibar, acabó Derecho en 1991 con la única matrícula en Trabajo entre mil alumnos, diez años después era catedrático de la escuela de Relaciones Laborales del País Vasco, tras leer su tesis sobre la cláusula de conciencia en el ámbito laboral. En el 2004 se incorporó como magistrado suplente en el Tribunal Superior vasco y en diciembre del 2010 sacó plaza de juez. Luego pidió destino en Ferrol, donde ha cesado la pasada semana para regresar a un juzgado de su tierra.

-A usted se le recordará por las sentencias del amianto, en una de ellas ha fijado una indemnización de más de 200.000 euros por un fallecimiento de asbestosis, ¿cómo ve este problema en Ferrol?

-Creo que se va a producir un importante incremento de la litigiosidad en esta materia, que hará que se resienta la planta judicial de Ferrol, que ya tiene bastante con el resto de asuntos que le llegaban. Por eso creo que tendrá que haber algún tipo de refuerzo. Porque la instrucción de las causas por asbestosis demandan un atención singular, son complejas. Y con la carga de trabajo actual que ya cumple los módulos que establece el Consejo [Consejo General del Poder Judicial] el problema solo se puede solventar con un refuerzo de otro juez [actualmente son dos los jueces de lo Social en Ferrol].

-Con tantas reformas legislativas que liberalizan las relaciones laborales parece que los jueces del ramo se van a quedar sin jurisdicción, ¿no lo cree así?

-No. Una cosa es el retroceso de derechos y otra muy diferente la litigiosidad. Precisamente estos cambios en las relaciones laborales generan más litigiosidad. Las reformas legales provocan más actividad en los juzgados; no se puede perder de vista que muchas de estas reformas crearán problemas añadidos.

-¿A qué se refiere?

-Pues que llevarán a un traspaso de competencias de materia de lo Contencioso Administrativo a la laboral. Es decir, muchas cuestiones de funcionarios, que hasta hace poco se solventaban en la jurisdicción contenciosa, acabarán en la laboral [Social].

-¿Cómo conoció a Miguel Ángel Blanco?

-Se habían quedado sin bajista en su grupo y entré yo para ocupar el puesto. Nos veíamos con mucha frecuencia. De hecho, la semana anterior a que ETA lo matase, en 1997, tocamos en una boda en Iciar. Yo empecé a tocar con 14 años y de los 15 a los 20 me gané la vida como disjokey mientras estudiaba Derecho.

Enlace permanente


Los nuevos magistrados juraron su cargo ayer en el Tribunal Superior de Xustiza


24 may 2011



El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acogió ayer el acto de jura de jueces que han ascendido a la categoría de magistrados por turno de antigüedad y turno de posesión de Marta García Pérez como magistrada suplente del Alto Tribunal gallego. El acto estuvo presidido por el presidente de la institución, Miguel Ángel Cadenas Soneira, que recibió a cada uno de los distinguidos.

Son en total cuatro los ascendidos, dos mujeres y dos hombres. Así, Susana Villarino Moure pasará a desempeñar la plaza en el juzgado de lo social número 3 de Saniago; Roberto Cruz Álvarez ocupará la del juzgado número 1 de mercantil en Pontevedra; Por su parte, Irene Roura Doval se sentará en el juzgado de vigilancia penitenciaria número 3 de la comunidad de Galicia, con sede en Lugo y finalmente, Juan Carlos Carballal Paradela, tomará la plaza de juez de adscripción territorial del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, destino ubicado en la provincia de Pontevedra.

Enlace permanente


Así son los nuevos jueces españoles




Tras más de cinco años estudiando una oposición, este martes135 jueces ya cuentan con sus "despachos". Pero, ¿cómo son estos nuevos magistrados? El perfil que predomina es una mujer de unos 30 años, sin familirares en el mundo jurídico, con conocimientos en informática e inglés.

Mujer de unos 30 años, con conocimientos en informática, con dominio del inglés y de alguna de las lenguas cooficiales españolas. Éste es el perfil de los nuevos magistrados que empiezan este martes su carrera judicial.

Cada vez son más las mujeres magistradas. En esta promoción, la número 61, más de siete de cada 10 son mujeres, una más que el año anterior. Este martes han recibido "sus despachos" 134 nuevos jueces (99 mujeres y 35 hombres).

Además, todos ellos son muy jóvenes porque el promedio de esta promoción se sitúa alrededor de los 30 años, a pesar de que muchos de ellos han invertido unos cinco años y tres meses para preparar y aprobar la oposición.

Así, destaca que ocho de cada 10 de estos nuevos jueces no tienen ningún familiar en el ámbito jurídico. Además, el 85% de ellos tienen conocimientos de Informática.

Nueve de cada 10 de ellos domina el inglés, así como tres de cada 10 habla francés. A estos conocimientos, hay que añadir el extra de conocer alguna de las lenguas cooficiales en España: 17 jueces saben catalán, otros 17 gallego, 15 valenciano y uno euskera.

Por primera vez, es Cataluña la autonomía que, por lugar de nacimiento, aporta un número mayor de jueces, con 18 nuevos magistrados, seguida de Andalucía, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, con 17; Galicia, con 16; y Madrid con 13. En esta promoción, tres jueces han nacido fuera de nuestras fronteras.

¿Dónde quieren ejercer?

Los juzgados del ámbito penal son los más cotizados. El 28% de estos nuevos jueces prefiere este área, seguida del orden civil (uno de cada cuatro lo ha elegido), de los juzgados de familia (un 14%) y de los de menores (11%)-

Por ejemplo, el número 1 de la promoción, Manuel Alcover Povo, desempeñará sus funciones de juez en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de Puerto del Rosario (Fuerteventura).

El resto serán destinado en su mayoría a Cataluña (51 jueces), 15 a Andalucía y otros tanto a Canarias, nueve a Galicia, siete a Castilla La Mancha, siete a Murcia, seis a Extremadura, seis al País Vasco, cinco a Aragón, cinco a la Comunidad Valenciana, cuatro a Castilla y León, tres a Baleares, y uno a Cantabria

Enlace permanente


Denegada la primera petición de jornada reducida de una juez



Publicado en www.elpais.com

La solicitud desconcierta al Tribunal Superior catalán, que consulta al CGPJ

La juez Rosa María Font
Cualquier empleado del sector público puede disfrutar del derecho a reducir jornada laboral para el cuidado y crianza de los hijos, al margen de su profesión. Pero lo que vale para ellos no vale para los jueces. Rosa Maria Font fue la primera juez de España que solicitó ese derecho y su petición ha sido denegada por silencio administrativo por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, presidido por Miguel Ángel Gimeno.

La juez ha recurrido ante ese tribunal y ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y sigue esperando de respuesta. "Pienso agotar todos los trámites porque ese derecho está previsto en el Reglamento de la Carrera Judicial", explica Font, que accedió a la judicatura en septiembre de 2007 y ahora está destinada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Martorell (Barcelona).

Rosa Maria Font fue la número uno de su promoción, la 57, y pudo quedarse en Cataluña. Ahora tiene 31 años y el pasado 8 de agosto nació su primera hija. Después de disfrutar del permiso de maternidad y lactancia, solicitó una excedencia hasta que la niña cumpliera un año, de manera que en septiembre se reincorporará al juzgado.

Como la oficina judicial señala actuaciones con meses de antelación Font solicitó en diciembre la reducción de jornada y de salario, amparándose en el artículo 243 del Reglamento de la Carrera Judicial, que reconoce ese derecho a los jueces, "por razones de guarda legal, cuando tengan el cuidado directo de algún menor de doce años, de persona que requiera especial dedicación", y otros supuestos.

Como el reglamento no cuantifica esa reducción, la juez realizó una interpretación por analogía del Estatuto Básico del Empleado Público y la estimó en un 30% de la carga de trabajo y del salario (poco más de mil euros brutos mensuales). En su petición, Font proponía un plan detallado para reorganizar el juzgado (días de guardia, reparto de asuntos, etc) en cumplimiento del acuerdo de 2009 de la Comisión de Igualdad del Poder Judicial, que obliga a actuar así al solicitante de la reducción de jornada.

Tres meses después de la petición Font no obtuvo respuesta, por lo que consideró que le fue denegada por silencio administrativo. De ahí que recurriera ante el Tribuna Superior catalán en el plazo de un mes, para que luego no se pueda invocar la prescripción.

Fuentes de ese tribunal admitieron que la petición de Font causó desconcierto, por insólita, y que solicitaron a la Comisión de Igualdad del CGPJ un informe que todavía no ha llegado. Sin embargo, la presidenta de esa comisión, Inmaculada Montalbán, explicó a EL PAÍS que desconocía la petición de la juez, con la que dijo estar de acuerdo.

Montalbán considera que a Font le ampara el derecho a reducir jornada, pero matiza que cuando lo pidió no estaba desarrollado al detalle en el Reglamento de la Carrera Judicial y ahora si lo está en el texto que se aprobó el pasado 28 de abril. Con todo, Montalbán no anunció si estimaría la petición, que plantea un problema inédito: nombrar un juez sustituto a tiempo parcial.

"La solución les corresponde a ellos, que hasta ahora solo me han puesto pegas", explica la juez. "Me apasiona el trabajo, pero no quiero renunciar a criar a mi hija". Font solicita en el recurso una solución urgente porque de ella depende la planificación familiar del próximo curso escolar y la organización del juzgado, que ya está señalando actuaciones para septiembre.

Enlace permanente


El Tribunal Superior pide una sanción para un juez de Lleida que criticó el uso del catalán


21 may 2011


Publicado en www.elpais.com

20-05-2011. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha calificado de falta "grave o muy grave" el contenido de diversas resoluciones dictadas por el magistrado José María Aristóteles Magán Perales, titular del único juzgado contencioso administrativo de Lleida, en las que critica el uso del catalán en los juzgados. El TSJC ha elevado el expediente abierto contra el juez a la comisión disciplinaría del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que resuelva la propuesta de sanción, que podría consistir en una multa o en la separación del servicio.

El TSJC abrió en abril un expediente contra Magán tras recibir una carta del presidente de la Audiencia de Lleida en la que informaba de las quejas presentadas por profesionales del derecho, (la Generalitat, el Ayuntamiento y la Diputación de Lleida) por algunas de sus resoluciones "no ajustadas a una correcta praxis profesional". La consejera de Justicia, Pilar Fernández Bozal, también instó a tomar medidas contra el juez.

De entre todas las resoluciones del juez la más polémica fue una interlocutoria en la que consideraba una "falta de respeto y mínima educación" que los abogados de la Generalitat utilicen la lengua catalana en los juzgados en asuntos que afecten a personas de otras comunidades. El magistrado, que tiene reconocido en su currículo como mérito sus conocimientos de catalán, utiliza el castellano para los topónimos locales y se refiere a la Generalitat como "Administración regional".

Los desencuentros entre Magán y la Administración catalana han sido constantes. En otra resolución sobre un recurso por una multa de tráfico, advirtió a la Generalitat que no podía cobrarla antes de concluir el trámite de alegaciones, cuestionó su solvencia económica y la acusó de actuar con un "repudiable" afán recaudatorio. En otra sentencia comparó el litigio del arte sacro con la diócesis de Barbastro-Monzón con los papeles de Salamanca, lo que provocó las iras de los miembros del Consorcio del Museo Diocesano y Comarcal de Lleida.

Enlace permanente


Regulamento da carreira xudicial


9 may 2011


Publicado no Boletín Oficial do Estado do 9 de maio


CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial

La Junta de Jueces de Córdoba pide la retirada del anteproyecto de ley de los Tribunales de Instancia


30 abr 2011


Publicado en www.europapress.es

La Junta de Jueces de Córdoba ha reclamado la retirada del anteproyecto de Ley para la creación de los Tribunales de Instancia al considerar que es "claramente inconstitucional".

Según ha informado a Europa Press el juez decano, Luis Rabasa, la Junta de Jueces de Córdoba, reconoce que se trata de "la mayor reforma legislativa que afecta al poder judicial que hasta el momento se quiere implantar". Sin embargo, lamenta que "el anteproyecto diseña un sistema en el que la opinión, ni las aportaciones de los principales implicados --jueces y magistrados-- han sido tenidos en consideración a través de los cauces gubernativos o asociativos pertinentes".

Por ello, se adhiere en su integridad al voto particular al informe sobre dicho anteproyecto emitido por dos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre dicho anteproyecto, ya que entiende que se produce una "clara inconstitucionalidad de varios artículos del mismo por atentar a la independencia del poder judicial, a la inamovilidad del juez y al derecho al juez natural".

Según el documento aprobado por la Junta de Jueces de Córdoba, "la reforma diseña a coste cero, en detrimento de la aportación de medios y personal suficiente para la atención a la tutela jurisdiccional de los ciudadanos que acuden a los tribunales, un modelo de organización judicial al servicio de la organización administrativa creada por la nueva Oficina Judicial".

En este sentido, los jueces de Córdoba consideran que "debía ser lo contrario, es decir la nueva Oficina Judicial al servicio de los jueces y magistrados, titulares constitucionales con exclusividad del poder judicial". El texto recoge que "con ello se olvida lo que en un Estado de Derecho debe ser lo esencial", que es "el desempeño de la función jurisdiccional".

Según Rabasa, este anteproyecto les da "inseguridad y rompe con la independencia individual que los jueces tienen en el ejercicio del poder judicial".

El pasado mes de febrero, el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aprobó el anteproyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para la creación de los tribunales de instancia con la finalidad de simplificar el sistema judicial, mejorar la especialización y "utilizar mucho mejor" los recursos públicos y las capacidades de la Administración.

De este modo, los tribunales de instancia sustituirán de manera progresiva a los órganos judiciales unipersonales. Un mismo tribunal albergará diferentes secciones que conocerán de las causas de ámbito penal, social, civil, contencioso-administrativo, mercantil, violencia sobre la mujer, de menores o de vigilancia penitenciaria.

La nueva distribución busca potenciar una decisión colegiada sobre determinados asuntos por los integrantes de cada sección. Según explicó entonces el ministro "cuando los miembros de un tribunal tengan criterios distintos, el presidente --con un mandato de cuatro años-- puede llamarlos en un pleno para que unifiquen su criterio y adoptar una solución común".

Enlace permanente


Nueve jueces de refuerzo juran su cargo


28 abr 2011



La sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acogió ayer la jura de nueve jueces de refuerzo, que a partir de mayo tomarán posesión como titulares en sus destinos. Las incorporaciones tendrán lugar en los juzgados de Corcubión, Betanzos, Ribeira, Ortigueira, Pobra de Trives, Mondoñedo y Viveiro (en este último se producirán dos). Además una juez ocupará la adscripción territorial en la provincia de A Coruña. Destaca el nombramiento de Iván Barallobre Sánchez en Corcubión. Será el séptimo juez que se hará cargo de la instrucción del caso Prestige y el encargado de cerrarlo.

Enlace permanente


Xuíces de reforzo


25 abr 2011


Publicado no Boletín Oficial do Estado do 25 de abril


CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos
  • Acuerdo de 18 de abril de 2011, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombran Jueces de refuerzo, en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de la Región de Murcia, Galicia, Cantabria, Extremadura, les Illes Balears, Aragón, Canarias, Andalucía, Ceuta y Melilla, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Castilla y León y País Vasco.