Publicado en www.europapress.es
Según ha informado a Europa Press el juez decano, Luis Rabasa, la Junta de Jueces de Córdoba, reconoce que se trata de "la mayor reforma legislativa que afecta al poder judicial que hasta el momento se quiere implantar". Sin embargo, lamenta que "el anteproyecto diseña un sistema en el que la opinión, ni las aportaciones de los principales implicados --jueces y magistrados-- han sido tenidos en consideración a través de los cauces gubernativos o asociativos pertinentes".
Por ello, se adhiere en su integridad al voto particular al informe sobre dicho anteproyecto emitido por dos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre dicho anteproyecto, ya que entiende que se produce una "clara inconstitucionalidad de varios artículos del mismo por atentar a la independencia del poder judicial, a la inamovilidad del juez y al derecho al juez natural".
Según el documento aprobado por la Junta de Jueces de Córdoba, "la reforma diseña a coste cero, en detrimento de la aportación de medios y personal suficiente para la atención a la tutela jurisdiccional de los ciudadanos que acuden a los tribunales, un modelo de organización judicial al servicio de la organización administrativa creada por la nueva Oficina Judicial".
En este sentido, los jueces de Córdoba consideran que "debía ser lo contrario, es decir la nueva Oficina Judicial al servicio de los jueces y magistrados, titulares constitucionales con exclusividad del poder judicial". El texto recoge que "con ello se olvida lo que en un Estado de Derecho debe ser lo esencial", que es "el desempeño de la función jurisdiccional".
Según Rabasa, este anteproyecto les da "inseguridad y rompe con la independencia individual que los jueces tienen en el ejercicio del poder judicial".
El pasado mes de febrero, el Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, aprobó el anteproyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para la creación de los tribunales de instancia con la finalidad de simplificar el sistema judicial, mejorar la especialización y "utilizar mucho mejor" los recursos públicos y las capacidades de la Administración.
De este modo, los tribunales de instancia sustituirán de manera progresiva a los órganos judiciales unipersonales. Un mismo tribunal albergará diferentes secciones que conocerán de las causas de ámbito penal, social, civil, contencioso-administrativo, mercantil, violencia sobre la mujer, de menores o de vigilancia penitenciaria.
La nueva distribución busca potenciar una decisión colegiada sobre determinados asuntos por los integrantes de cada sección. Según explicó entonces el ministro "cuando los miembros de un tribunal tengan criterios distintos, el presidente --con un mandato de cuatro años-- puede llamarlos en un pleno para que unifiquen su criterio y adoptar una solución común".
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