Publicado en www.diariovasco.com
Las ayudas para opositar y la menor presión de ETA han ayudado a que, en Euskadi, la mayoría de magistrados sean de la comunidad
El Gobierno Vasco ha convocado este año nuevas becas para licenciados en Derecho de la comunidad autónoma que quieran preparar, o seguir preparando, las oposiciones a juez, fiscal y secretario judicial. A cambio de esas ayudas, en las que se valora el euskera y que consisten en doce mensualidades de 550 euros financiadas por el Departamento de Justicia, los beneficiarios se comprometen, si sacan finalmente la oposición, a elegir con carácter preferente las plazas de la Administración de Justicia que se ofrezcan en los partidos judiciales de Euskadi.
En las convocatorias anteriores, que se resolvieron en noviembre, la presencia femenina fue abrumadora. El año pasado, el 75% de los expedientes aprobados correspondieron a mujeres, y en 2009 la proporción fue aún mayor (80%). En esta ocasión, el Ejecutivo autónomo, del total de cuarenta becas que ha preparado, ha reservado dos para las personas que acrediten alguna discapacidad, «a fin de favorecer la integración laboral» de ese colectivo.
Las ayudas para opositar a la carrera judicial fueron introducidas por el Gobierno Vasco hace una década con el propósito de crear una cantera local de profesionales en la Administración de Justicia. Esa política ha contribuido -junto con otros factores, como la paulatina disminución de la presión de ETA y el predominio de las mujeres en las carreras judicial y fiscal- a que diez años después del asesinato del magistrado José María Lidón, la gran mayoría de los más de 200 jueces y magistrados ejercientes en Euskadi sean funcionarios autóctonos o, en todo caso, personas muy arraigadas en la comunidad, salvo excepciones en los juzgados de algunas comarcas de Gipuzkoa.
Según la orden de becas, los aspirantes deben estar empadronados y tener residencia efectiva en Euskadi durante, al menos, cinco de los últimos siete años. También se les exige que contraten a un preparador de oposiciones que sea juez, fiscal o secretario judicial, según las pruebas de que se trate. No obstante, podrán hacerse excepciones a ese requisito, «mediante autorización expresa y motivada» del Departamento de Justicia, cuando el preparador elegido reúna «méritos suficientes».
Dos años como mínimo
La lengua vasca, como en otros puestos de la Administración pública autonómica, está incluida entre los méritos que podrán acreditar los solicitantes. El Gobierno Vasco ha otorgado en este caso al dominio del euskera una puntuación de 0 a 20, mientras que el expediente académico se valorará de 0 a 35. Las necesidades económicas del candidato se computarán hasta un máximo de 45 y el haber aprobado ya algún examen de la oposición, hasta 25. Como contrapartida a la percepción de la beca, quienes logren sacar la plaza, sea de juez, fiscal o secretario judicial, y obtengan un destino en Euskadi estarán obligados a prestar servicios en la comunidad autónoma «durante un periodo mínimo de dos años, salvo que causas ajenas a su voluntad se lo impidan».
La selección de los becados correrá a cargo de un tribunal formado por representantes del Gobierno de Vitoria, el Tribunal Superior de Justicia, de la Fiscalía y de las facultades de Derecho de Euskadi. De momento, y a tenor de los resultados de convocatorias anteriores, lo más probable es que la presencia de mujeres entre las aspirantes siga siendo mayoritaria. Basta examinar la promoción de nuevos jueces españoles de 2011, en la que ellas suman dos de cada tres plazas. En líneas generales, el perfil de las nuevas generaciones de la judicatura es el de una joven de unos 30 años, que habla inglés y que está familiarizada con la informática y las redes sociales.
A ese colectivo, la orden de becas del Gobierno Vasco les impone más requisitos. Por ejemplo, de la convocatoria de ayudas quedarán excluidos, en cualquier caso, los titulados en Derecho que ya hayan recibido algún ingreso público para sacar oposiciones durante tres años. No obstante, si quedaran huecos libres en las becas de 2011, quienes hayan estado percibiendo tres años de ayudas durante el último lustro también podrían disfrutar de un cuarto año de subvención.
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