La crisis dispara un 34% la demanda de abogados de oficio


13 jul 2011


En tiempos de crisis, la Justicia funciona como una pescadilla que se muerde la cola. Problemas de impagos, desahucios, empresas que se declaran en quiebra. Motivos todos que multiplican en los dos últimos años la carga en los tribunales gallegos. Y si a eso se suma la falta de ingresos de muchos de los protagonistas de las denuncias, se completa el círculo y explica que de nuevo en 2010 las peticiones de abogados de oficio acumule un nuevo incremento disparado.


El número de peticiones alcanzó el año pasado las 68.000 en la comunidad, unas 17.000 de A Coruña. La factura rozó los 13 millones

En tiempos de crisis, la Justicia funciona como una pescadilla que se muerde la cola. Problemas de impagos, desahucios, empresas que se declaran en quiebra. Motivos todos que multiplican en los dos últimos años la carga en los tribunales gallegos. Y si a eso se suma la falta de ingresos de muchos de los protagonistas de las denuncias, se completa el círculo y explica que de nuevo en 2010 las peticiones de abogados de oficio acumule un nuevo incremento disparado. Por encima del 34%, con casi 68.800 asuntos, la mayor alza registrada entre todas las comunidades. El balance estatal, en cambio, registró su primer descenso en los últimos cinco años. Un 3,8% que los propios letrados achacan a la caída en la demanda por el retorno de la inmigración a sus países de origen.

El importe certificado en justicia gratuita, la minuta que el Consello da Avogacía Galega asume y que la Xunta tiene que abonar, alcanzó los 12,933 millones de euros. Ya en 2009 se vivió una evolución muy parecida, con un aumento en las solicitudes de asistencia del 37%, y hasta un 12,6% en 2008. Dos años en los que prácticamente se duplicó el volumen de la inversión, hasta alcanzar un 5% de todos los asuntos cursados en el Estado.

Del turno de oficio, la inmensa mayoría de las solicitudes están relacionadas con procesos penales, un 72,3%. El 20% en vía civil. En cuanto a la asistencia letrada, servicio de guardia y atención individualizada están prácticamente igualados, con un 50,8% y un 49,2%, respectivamente, de los asuntos. A Coruña es el área que suma más peticiones, por encima de las 17.000, junto con todo el área de Pontevedra, con 13.800, a excepción de Vigo, que por sí sola asumió 8.145 casos.

Del lado de los descensos en la inversión en justicia gratuita están, sobre todo, Canarias y la ciudad autónoma de Melilla, con una caída del 15,8% y el 13,7%. Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía -las cuatro con un volumen tradicionalmente alto de extranjeros- experimentaron recortes de entre el 10% y el 3%. Al contrario que La Rioja, la segunda región con un mayor aumento tras Galicia, con un 32,1%. Le sigue Murcia, con un 20,8%, y Castilla y León, que rozó el 18%.

"Las administraciones no se plantean esto como algo que responde a una necesidad social", se queja el presidente del Consello da Avogacía Galega. Ahora que la crisis abre en canal el debate sobre el futuro del Estado de bienestar, cualquier gasto entra en las quinielas. Eloy Artime advierte: "Es un derecho fundamental -asegura-, aunque parezca que las administraciones tengan la sensación de que no están regalando el dinero cuando responde a un trabajo hecho".

"La Xunta hizo un esfuerzo pero sigue debiendo dinero"

Los problemas para el cobro de los servicios ligados a la justicia gratuita son generalizados en todas las comunidades. Menos, según el Consejo de la Abogacía Española, entre las que tienen todavía las competencias depositadas en el Gobierno central. Hasta el punto de que su presidente, Carlos Carnicer, llamó “cicateros” a los ejecutivos autonómicos durante la presentación del balance la semana pasada. En el colectivo aquí en Galicia, el tono es más medido, pero igual de incisivo. “Siempre nos están debiendo dinero”, asegura Eloy Artime.

A principios de este año se volvía a repetir la situación. La Xunta pagó en mayo los 2,7 millones pendientes del primer trimestre al colectivo, junto con los procuradores. El máximo representante del Consello da Avogacía de Galicia tiene palabras para el “importante esfuerzo” que desde la Administración gallega se ha hecho para “intentar ponerse al día”, pero no oculta que, otra vez, están en la misma situación. “Siguen llegando con retraso. Nos deben dinero”, lamenta.

La visión es la misma que en el resto de territorios. “Se les acaba el dinero porque el servicio se plantea con carácter deficitario, no se le da prioridad —explica Artime—. Pero las comunidades autónomas no deben de olvidar que ellas dan porque los colegios lo asumimos”. La media de pago por cada asunto es de 154 euros, según el organismo. “Y lo que indica la media es que esto está mal pagado —continúa—. No es desde luego el valor que tiene nuestro trabajo”.

Los colegios de abogados de Galicia se sumaron ayer a la celebración del Día de la Justicia Gratuita, en el que los profesionales quisieron reivindicar “su compromiso con la igualdad de derechos de la ciudadanía”. Hay más de 6.200 en Galicia que están adscritos al servicio.

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