El pasado mes de mayo en A Coruña , CCOO presentó recurso de alzada contra la instrucción dictada por la Secretaria de un Juzgado de lo Penal de A Coruña que, ante la Instrucción dictada por la Secretaria Coordinadora Provincial de A Coruña acordaba que ”todos los funcionarios utilizarán la tarjeta criptográfica emitida por la autoridad certificadora autorizada, previa introducción del Pin del usuario para acceder al sistema”.
La instrucción recurrida contraviene los acuerdos adoptados por la Dirección Xeral de Xustiza en la mesa del pasado día 7 de Abril, que garantizaban la expedición de los certificados digitales corporativos y entre tanto aseguraban respetar la voluntariedad de los trabajadores de tener certificado digital personal para la realización de las notificaciones. Finalmente,el recurso de alzada fue desestimado por acuerdo de la Secretaria Coordinadora de a Coruña el pasado día 20/7/2011, agotando así la vía administrativa.
Se obliga a utilizar una tarjeta criptográfica de carácter personal, que contiene los datos personales para un uso mixto, para usarla profesionalmente como funcionario del Ministerio de Justicia en el marco de la aplicación Lexnet, y también en el ámbito personal y privado, en las relaciones con otras personas, físicas o jurídicas, y con la Administración (AEAT, Catastro, INSS, etc.). La tenencia de dos tarjetas criptográficas de este tipo es imposible, es más, la tenencia de una anula la anterior, de manera que indefectiblemente tiene que usar la tarjeta en el ámbito de su vida personal y privada, quedando como responsable de la custodia de la certificación.
CCOO comparte la necesidad de mejorar la atención a los ciudadanos y en absoluto se opone al uso de nuevas tecnologías, ahora bien, la obligación de usar tarjetas de carácter personal no es el medio adecuado para la realización de las tareas profesionales y es responsabilidad de la Dirección Xeral de Xustiza, responsable de la aplicación del sistema Lexnet, la expedición de tarjetas con contenido y de uso exclusivamente profesional con independencia del coste presupuestario, que es, al parecer, lo que en última instancia ha determinado esta forma de proceder.
Ante estos hechos, CCOO ha interpuesto el correspondiente recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de fecha 20/7/2011, adoptado por la Secretaria Coordinadora Provincial de A Coruña.
A Coruña, 7 de noviembre de 2011.
