Portugal también vive en pleno conficto judicial


26 nov. 2012


Municipios de la 'raia' como Chaves dejarán de ser sede de juzgados


Los jueces, fiscales y abogados que ejercen en los municipios portugueses de Chaves, Montalegre, Boticas y Vinhais, todos ellos limítrofes con la provincia de Ourense, están en 'pie de guerra' contra la reforma judicial que inició el Gobierno de Pedro Passo Coelho.

Los profesionales de la judicatura, arropado por los vecinos, ya protagonizaron dos manifestaciones en las últimas dos semanas en Chaves, en cuyo edificio judicial cuelgan pancartas para que no se desmantelen los servicios

En Chaves, hasta el momento se celebraban todo tipo de vistas, pero con la reforma pierde el juzgado de los penal, familia, menores y social. 'De ser aprobada la reforma, cualquier trabajador que tenga un conflicto laboral tiene que defenderse en Vila Real', explicó el presidente de la Cámara Municipal, Joao Gonçalves Martins Bastista. El mandatario es del mismo partido político, el PSD, que Passos Coelho, pero se puso a la cabeza contra la reforma judicial. No la podemos consentir. En la actualidad, el Juzgado de Chaves aborda más casos penales, quizás por la situación fronteriza, que el de Vila Real', afirma.

La reforma divide al país por áreas, concentrando los servicios judiciales en las ciudades, que en el caso de la comarca fronteriza de Tras-Os-Montes es Vila Real.

El edificio judicial de Chaves se queda como un mero juzgado de instrucción, que solo puede juzgar conflictos cuya cuantía, bien en indemnización o multas, no supere los 50.000 euros. Pero no es el único afectado, dado que los juzgados de Montalegre y Vinhais, donde hasta el momento también se celebraban todo tipo de vistas, se quedan como meros juzgados de primera instancia 'para casos genéricos', explicá Batista Martins.

Además, la reforma cierra los juzgados de Boticas, Valpaços, Terras do Bouro, Melgaço y Arcos de Valdevez, estos últimos limítrofes con A Baixa Limia y Padrenda.


PLAZOS ESTIMADOS

El Gobierno luso trabaja con la intención de que la reorganización entre en vigor a principios del próximo año, con el objetivo primordial de ahorrar costes ante la situación de crisis económica. De hecho, ya comenzó a reformar instalaciones en las grandes ciudades para poder aglutinar todos los servicios que presta la Administración de Justicia.

Publicado o 25/11/2012 en www.laregion.es

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