La propuesta de reforma de la Ley de Planta ya habla de la reordenacion y adscripción del personal de Justicia


21 jun. 2013


Gallardón presenta la propuesta de ley para la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial (LDPJ) continuando así con su hoja de ruta para desarbolar la actual estructura de la Administración de Justicia.

CCOO denuncia que sólo conoce la propuesta de ley para la reforma de la ley de demarcación y planta judicial tras su publicación en la página web del ministerio de justicia.

A PESAR DE QUE LA REFORMA DE ESTA LEY IMPLICARÁ CAMBIOS SUSTANCIALES EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE CARÁCTER COLECTIVO PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

EL ARTICULADO DE LA PROPUESTA PARA LA REFORMA DE LA LDPJ YA HABLA DE LA REORDENACIÓN Y DE LA ADSCRIPCIÓN DEL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

CCOO EXIGE AL MINISTERIO DE JUSTICIA QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN EN LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL FUNCIONARIO SE LLEVE A LA MESA SECTORIAL.

De nuevo CCOO conoce por la página web del Ministerio de Justicia que Gallardón inauguró el pasado martes 18 de junio un debate con jueces y expertos juristas sobre la demarcación y planta judicial (le es indiferente lo que piensen los trabajadores y las trabajadores) en dónde presentó el proyecto de reforma de la LDPJ como un “factor de competitividad para contribuir a generar confianza y traer inversiones” y “transformar en crecimiento económico los inmensos potenciales de nuestro país”

Además, dejó claro, que todas estas reformas no eran un simple “propósito del Gobierno” sino que habían sido requeridos de manera urgente por la Unión Europea para agilizar la reforma judicial.

Competitividad, inversiones, crecimiento económico ¿dónde quedan las garantías de los derechos fundamentales y las libertades públicas que propugnan nuestra constitución? ¿Y la garantía de acceso a la justicia para la ciudadanía para la defensa de estos derechos y libertades? ¿y los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras?

Gallardón proclamó que “desde ahora quiero anunciar que es intención del Gobierno adoptar una decisión en el próximo mes de octubre para conseguir, que no sólo en esta legislatura, sino en un plazo razonable las cortes aprueben la ley”

El 25 de enero del año 2012 Gallardón esbozaba ante la Co­misión de Justicia del Congreso de los Diputados la hoja de ruta del Gobierno en materia de Justicia y, señalaba que su objetivo era solucionar el exceso de litigiosidad sin necesidad de destinar más recursos, señalaba que la solución a los problemas de la Administración de Justicia pasaba por la desjudicialización de determinados procedimientos, despenalizar determinadas conductas, fomentar las soluciones extrajudiciales a través de la mediación, modificar el sistema de asistencia ju­rídica gratuita para evitar abusos y, como esto no eliminará el problema de la masificación en los juzgados –continuaba diciendo-, serán necesarias otras medi­das dentro de los propios órganos judi­ciales y anunció un nuevo mo­delo de tasa judicial para luchar contra el “abuso en el acceso” a los juzgados y tribunales.

Días después de la com­parecencia en el Congreso anunció su intención de conceder a los notarios la capacidad de tramitar bodas civiles, y divorcios y, en menos de un mes, el 21 de febrero, mantiene una primera reunión con el presidente del Consejo General de Procuradores (¿tendría esa reunión algo que ver con la reforma de la LEC y la adjudicación a los procuradores de los actos de comunicación y ejecución otorgándoles, además, la condición de agentes de la autoridad?)

Paso a paso, con altanería y un total menosprecio hacia el personal que presta servicios en la Administración de Justicia, y a la ciudadanía, está ejecutando sus planes.

CCOO denuncia la falta de transparencia en la elaboración de estas reformas judiciales, que conocemos por la página web o por los medios de comunicación, ya que la mayoría de las reformas, conllevarán una sustancial modificación en las condiciones laborales de todo el personal que presta servicios en la administración de justicia como, por ejemplo la movilidad geográfica y por lo tanto las organizaciones sindicales deben ser, como mínimo, informadas y posteriormente llevadas a negociación a la mesa sectorial.
Está claro que Gallardón quiere dejar huella en el Ministerio de justicia aunque sea a costa de conculcar los derechos de la ciudadanía y del personal que presta servicios en la Administración de Justicia, a costa de poner en peligro los principios básicos de un Estado social y democrático de derecho o cargarse la independencia judicial.

¿Vamos a permitir que este Gobierno, que sigue a pies juntillas los mandatos de Bruselas, arrase con el estado de garantía social?  No podemos ni debemos permitirlo.

CONCENTRACIÓN 

en las puertas de todos los centros de trabajo
11:30 HORAS 

Miércoles 26 Junio