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Doce razones para no privatizar el registro civil


13 feb 2014


La reforma que plantea Gallardón pone en pie de guerra a los trabajadores de los registros

La decisión del Ministerio de Justicia de aprobar una reforma de ley por la que se entregará a los registradores de la propiedad el control y la administración de los registros civiles ha puesto en pie de guerra a los funcionarios de ese servicio. Los sindicatos denuncian que la privatización encubierta propuesta por Gallardón implicaría que aquellos trabajadores que tengan la plaza en propiedad tendrían que pasar a otro servicio y los que no la tengan perderían el trabajo.

Los sindicatos advierten de que el traspaso de la gestión del servicio a los registradores traería como consecuencia que los trámites dejarían de ser gratuitos para los ciudadanos, un extremo que ha sido negado insistentemente por el Ministerio. A este respecto, el Colegio General de la Abogacía Española asegura que aunque los actos obligatorios, como nacimientos o defunciones, y las certificaciones seguirán siendo gratis, habrá que pagar por las bodas, que oficiarán notarios. En cuanto a trámites como la firma de poderes o un testamento, los costes podrían multiplicarse por cuatro.

Los trabajadores han expresado sus ideas a través de una docena de interrogantes que son a la vez argumentos muy contundentes y con los que se quiere llamar la atención a la ciudadanía. Son los siguientes.

1-- ¿Sabía que el Registro Civil es un Registro público y gratuito desde su creación en el año 1870?

2-- ¿Sabía que el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quiere privatizarlo y que sean los Registradores de la Propiedad los que lleven el Registro Civil?

3--¿Sabía que, si sucede tal cosa, habría que pagar como mínimo entre 20 y 30 euros por las partidas de nacimiento, de matrimonio, de defunción…?

4--¿Sabía que las aplicaciones informáticas del Registro Civil costaron a todos los españoles unos 130 millones de euros, y que se pondrán gratuitamente a disposición de los Registradores de la Propiedad?

5--¿Sabía que el Presidente del Gobierno, dos de sus hermanos y la nuera de Gallardón son Registradores de la Propiedad?

6--¿Sabía que el lobby registral de los hermanos Rajoy ya había reclamado al anterior Gobierno la entrega de la llevanza del Registro Civil de forma que ese servicio público pasara a ser otro negocio privado de explotación comercial de los registradores de la propiedad?

7--¿Sabía que el número de Registradores de la Propiedad de toda España no llega a 800?

8--¿Sabía que los Registradores de la Propiedad prestan un servicio público en régimen de monopolio y perciben sus retribuciones directamente de los usuarios privados o públicos?

9--¿Sabía que el beneficio industrial de los registradores en cada uno de sus registros es del 60% y que con la asunción del Registro Civil, las ganancias estimadas a repartir entre 800 registradores de la propiedad se acercaría a los 180 millones de euros más al año?

10--¿Sabía que esos 180 millones los pagaríamos los ciudadanos en forma de arancel registral?

11--¿Sabía que en toda Europa los registradores son asalariados del Estado?

12--¿Sabía que la legislación hipotecaria que aprobó el propio Mariano Rajoy siendo ministro de Administraciones Públicas del Gobierno de Aznar, legitimó la posibilidad de que un diputado o un ministro pueda seguir siendo titular del Registro de la Propiedad teniendo a un compañero que le “lleva” el Registro mientras él está en la política?

Publicado o 13/02/2014 en www.asturias24.es

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Gallardón renuncia a ‘privatizar’ el Registro


4 nov 2013


"Todos los trámites seguirán siendo gratuitos para el ciudadano, sin excepción", afirman desde el ministerio

 El Ministerio de Justicia, que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, anunció hace un año una Ley de Reforma Integral de los Registros que encomendaba la gestión del Registro Civil a los registradores de la propiedad, quitándosela a los jueces, y abría la puerta a cobrar al ciudadano por algunos trámites ahora gratuitos (aunque la mayoría seguía siendo gratis). Desde entonces el borrador de esa ley ha dormido en un cajón, y este jueves Justicia confirmó a EL PAÍS que ya no se aprobará en esos términos. “Si el Registro pasa a ser gestionado por otros funcionarios que no sean jueces, cosa que está por decidir, todos los trámites seguirán siendo gratuitos para el ciudadano, sin excepción”, afirmó el subsecretario de Estado de Justicia, Juan Bravo.

El anuncio de la Ley de los Registros había levantado una gran polémica porque algunas asociaciones de jueces y secretarios judiciales veían en ella un paso hacia la privatización. El ministerio había alegado que el objetivo era descargar los juzgados de asuntos que no son exactamente judiciales sino burocráticos, y aseguraba que el 80% de los trámites que lleva el Registro —inscripción de nacimientos, defunciones, adopciones o tutelas— seguiría siendo gratis. Pero eso no aplacó las críticas. Por otro lado, y paradójicamente, Justicia no terminaba de convencer a los registradores de la propiedad —que ya habían estado gestionando gratis durante meses las solicitudes de nacionalidad— de que asumieran esa nueva carga de trabajo. En definitiva, el borrador de la ley fue topando con un obstáculo tras otro, de signo contrario, y ha acabado aparcado.
“El ministerio ya no asume aquel proyecto”, insiste Bravo. Justicia no renuncia a la ley, pero va a empezar de cero y está por ver si el Registro Civil pasa a los registradores de la propiedad, a los notarios, a los secretarios judiciales o sigue en manos de los jueces. Y, en cualquier caso, no se cobrará por ningún trámite.
Bravo también aseguró que el arancel que cobrarán los notarios por celebrar bodas —unos 95 euros— incluirá todo el procedimiento: la instrucción previa (para comprobar que el matrimonio no tiene impedimentos legales), la celebración y la inscripción posterior en el Registro Civil.

Publicado o 31/10/2013 en www.elpais.com
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El Gobierno da luz verde a la privatización de bodas y divorcios


31 oct 2013


Las parejas podrán casarse o divorciarse ante notario o registrador mercantil previo pago de 95 euros. Gallardón justifica esta medida para "descongestionar" los juzgados

Pasado un año desde que el ministro de Justicia anunció que el Gobierno aprobaría la ley de Jurisdicción Voluntaria, el Consejo de Ministro ha dado este jueves luz verde al anteproyecto de una norma que permitirá a notarios y registradores mercantiles celebrar bodas y resolver divorcios bajo determinadas circunstancias.

Esto es, y en el caso de los divorcios, que no existan hijos menores o "personas con capacidad jurídica completada" en el matrimonio y el divorcio se lleve a cabo "de mutuo acuerdo". El trámite será posible sólo previo pago de un arancel de 95 euros, aunque se mantiene la posibilidad de casarse ante el Registro Civil de forma gratuita o ante un alcalde o concejal gratis o no, en función de lo que establezca cada Ayuntamiento.

Alberto Ruiz-Gallardón ha anunciado esta medida -encuadrada dentro del plan de reformas estructurales del Ejecutivo- como una de las fórmulas para "descongestionar" los juzgados y "agilizar" la administración de la justicia y ha intentado alejar el fantasma de la "privatización" de los dos trámites asegurando que tanto notarios como registradores son "funcionarios públicos", los cuales, como ocurre con otros servicios públicos, cobran por su trabajo, aunque eso no signifique que bodas y divorcios previo pago dejen de ser "servicios públicos".

El ministro de Justicia ha defendido el pago de los 95 euros asegurando que es inferior a lo que cobran "muchos ayuntamientos".

En su reunión de este jueves, el Consejo de Ministros ha aprobado también que la edad de consentimiento legal para contraer matrimonio pase de los 14 años actuales a los 16.

Publicado o 31/10/2013 en www.publico.es

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Los juzgados gallegos ingresan casi 1.300 asuntos al día, un 5,6% menos que en 2011


12 jun 2013


Publicado en  www.farodevigo.es

Galicia acumula más de 170.000 casos pendientes, un 2,26% menos que el año anterior - La jurisdicción social es la única en la que sube el atasco por el aumento de los despidos

La litigiosidad empieza a contenerse. Tras dos años, en especial 2009 y 2010, en los que las denuncias y conflictos derivados de la crisis -despidos, desahucios, embargos o deudas- se dispararon hasta alcanzar cifras récord, los pleitos que llegan a los juzgados gallegos se reducen y dan un respiro a los órganos más colapsados. Hasta un total de 471.727 asuntos fueron llevados el año pasado a los tribunales en Galicia, un 5,6 por ciento menos que los más de 500.000 tramitados en 2011. O lo que es lo menos, los juzgados gallegos ingresaron en 2012 casi 1.300 casos cada día, un dato que convierte a Galicia en la quinta comunidad con más pleitos abiertos -por detrás de Andalucía (1.941.591), Madrid (1.378.774), Cataluña (1.373.490) y Comunidad Valenciana (1.011.194)- pero también en la primera que más redujo el volumen de asuntos judicializados. En el extremo opuesto de la lista, entre las autonomías con menos litigiosidad, está La Rioja, con tan solo 38.720 casos ingresados, que además redujo un 5,2 por ciento sus ingresos.
El descenso de la carga de trabajo en los juzgados gallegos el ejercicio pasado -28.510 asuntos menos- permitió a jueces y magistrados dedicar más tiempo a la bolsa de asuntos pendientes, que entre principios de 2008 y finales de 2010 alcanzó una cifra sin precedentes al sumar 34.000 asuntos nuevos. En 2011 esa tendencia se rompió y el año pasado se mantuvo a la baja.
Asuntos sin resolver
El informe "La Justicia dato a dato" del Consejo General del Poder Judicial revela que los juzgados gallegos concluyeron 2012 con un total de 170.318 asuntos en tramitación, un 2,26 por ciento menos que los casos pendientes del año anterior. Galicia no es la excepción. En todas las comunidades cayó la cifra de asuntos sin resolver, encabezando el descenso de asuntos pendientes en relación al año anterior Cantabria (-11,8 por ciento). En el extremo opuesto está Valencia (-0,8 por ciento), seguida de Galicia.
Aunque la cifra de expedientes sin resolver en Galicia está lejos de la que había a principios de la década pasada, si se mantiene el ritmo de los dos últimos años se podría bajar a medio plazo de los 150.000 asuntos pendientes. ¿A qué se debe este descenso de asuntos en espera. Dos factores resultan claves para aliviar el atasco que arrastran los juzgados gallegos desde hace años. El descenso de la litigiosidad que evitó que la bolsa de pendencia continuase engrosando -en esta caída incidirá más este año la entrada el encarecimiento de las tasas judiciales, en vigor desde diciembre del año pasado- y el esfuerzo de las plantillas judiciales, que consiguieron sacar adelante más trabajo del que ingresaron en 2012, concretamente 4.580 asuntos más.
Este descenso en la bolsa de asuntos pendientes se hizo notar más en unos órganos que en otros. En la jurisdicción civil, una de las dos más afectadas por la crisis ya que se encarga de tramitar todos los procedimientos por impagos y reclamaciones de deudas, además de las quiebras empresariales y los conflictos de familia, la pendencia cayó un 4,46 por ciento al cerrar 2012 con 2.530 casos sin resolver menos que a comienzos de año. En los juzgados de lo penal y de lo contencioso también disminuyeron los asuntos pendientes, con 2.646 y 6.607 más a la espera de resolución que en 2011, respectivamente.
La otra cara de la moneda fue la jurisdicción Social, la gran damnificada por la crisis económica ya que es la que se encarga de tramitar y resolver todo tipo de conflictos laborales. Este tipo de expedientes, sobre todo, los relacionados con despidos, son los únicos que acumulan un mayor tasa de pendencia que el ejercicio anterior, aunque en un porcentaje muy bajo (un 0,4 por ciento más).
Galicia se llevó el año pasado uno de los trozos más grandes del pastel presupuestario de Justicia. Pese a que en 2012 la inversión en esta área cayó en España entorno al 11 por ciento, en la comunidad gallega se incrementó en un 28,5 por ciento, al pasar de los 109 millones aprobados para 2011 a los 140 millones del año pasado. Este dato convierte a Galicia en la segunda comunidad que registró el mayor aumento en los presupuestos de Justicia.
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22 de maio. Mobilizacións en contra da privatización da xustiza


23 may 2013


Actualizado 23/05/2013 12:00

A Xustiza sae outra vez á rúa

Máis de mil funcionarios protestaron en toda Galicia contra as reformas de Gallardón

Máis de mil funcionarios de Xustiza protestaron en toda Galicia contra as reformas impulsadas desde o ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón. Ao mediodía de onte celebráronse concentracións nas principais cidades galegas nas que a antigas consignas contra o tasazo sumáronse outras contra a redución dos partidos xudiciais e a privatización do rexistro civil.



En Vigo, como xa ocorreu noutras xornadas de protesta no ámbito xudicial, organizouse a protesta máis numerosa. Uns catrocentos funcionarios e preferentistas cortaron a praza de América e fixeron unha sentada. «¡O partido xudicial, en Vigo ten que quedar!», corearon. Apoiáronos avogados do colectivo Un Colexio para Todos, preferentistas de Vigo-Val Miñor, a Rede Veciñal de Apoio a Mulleres Maltratadas, o portavoz de EU, Rubén Pérez, membros do PSOE e a xuíza Dolores Galovart.


Os tribunais coruñeses tamén se pararon onte para sumarse ás protestas. Preto de douscentos traballadores públicos saíron ás portas das sedes xudiciais para facerse oír. Os manifestantes lanzaron proclamas contra o Goberno e, sobre todo, contra o ministro Gallardón. Camiñaron ao redor do edificio dos Novos Xulgados e da Audiencia Provincial. Tras a pancarta «Xustiza en Loita», os manifestantes incluso cortaron durante uns minutos un carril de Alfonso Molina, aínda que a mobilización practicamente non incidiu no tráfico. A portavoz da CIG, Chelo Rodríguez, denunciou en declaracións aos xornalistas a progresiva «privatización» da xustiza que, tras afectar ao rexistro civil, estenderase agora ao servizo de comunicación, así como a falta de prazas na Administración de xustiza, unha situación que podería agravarse nos próximos meses coa chegada de miles de casos de participacións preferentes.

Desde CC.OO. recordábase que os traballadores non poden permanecer inmóbiles ante o que pretende o Goberno, que é «converter o servizo público da Xustiza nun coto privado onde profesionais ao servizo do poder reciben as prebendas que Gallardón e Rajoy regálanlles a cambio do servilismo cara ás súas decisións».


O mapa xudicial

En Ferrol, decenas de funcionarios concentráronse á porta da sede xudicial seguindo o chamamento dos sindicatos, que se mostraron preocupados polo novo mapa xudicial. Para Jorge González, de CC.OO., a reforma tería para a área de Ferrol consecuencias moi negativas porque suporía, segundo o informe elaborado por unha comisión de expertos para o ministro, literalmente a desaparición dos partidos xudiciais de Ferrol e Ortigueira. De maneira que quedaría só a cabeceira de partido da capital da provincia, onde tería que trasladarse calquera persoa para asistir a un xuízo. Agora só ocorre coas vistas da Audiencia Provincial.

Unhas cen persoas congregáronse en Ourense, un número similar ao alcanzado en Pontevedra e Lugo. Na capital ourensá os participantes incidiron en destacar que os recortes aplicados á Xustiza afectan directamente a todos os dereitos dos cidadáns.

En Santiago tivo menor incidencia unha protesta que se estendeu a tribunais doutras poboacións galegas, como na Estrada, onde os empregados públicos gritaron: «¡A taxa xudicial que a pague Cospedal!». Aínda que a maioría das consignas estiveron dedicadas a Gallardón.

Publicado o 23/05/2013 en www.lavozdegalicia.es

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400 funcionarios y abogados se movilizan en defensa del partido judicial de Vigo

La eliminación de la demarcación viguesa y las reformas de Gallardón "demolerán" la Administración de Justicia

Más de 400 funcionarios judiciales, abogados y representantes de distintos sectores vinculados a los juzgados de Vigo se han movilizado este miércoles para defender el partido judicial vigués y en repulsa a las últimas medidas impulsadas por Gallardón, como las tasas judiciales o la privatización del Registro Civil.

Los asistentes a esta concentración, la más multitudinaria de los últimos meses, corearon diversas consignas defendiendo el servicio público de la Administración de Justicia y pidiendo la dimisión del ministro Gallardón.Denuncian además que con estas reformas, el ministro pretende "demoler" la Administración de Justicia y que las últimas medidas afectan no solo a los trabajadores del sector sino también a los propios ciudadanos, tal y como advirtió Pablo Valeiras, portavoz de CCOO - Xustiza en Galicia.

Los participantes se concentraron primero ante los edificios judiciales de la calle Lalín y, a continuación, se trasladaron a la calle Coruña, donde protagonizaron una sentada y cortaron el tráfico en la Plaza de América.

Durante la marcha se pudieron ver varias pancartas, enarboladas por los sindicatos judiciales convocantes, la Plataforma Una Justicia para Todos y otra por los afectados por las participaciones preferentes.

A la movilización se unieron además de funcionarios, abogados, secretarios judiciales y, al menos, una juez. También asistieron miembros del Colegio de Abogados como José Vila, representantes de la Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos; miembros de los partidos poíticos como Rubén Pérez de EU. Previamente, la marcha había recibido también el respaldo del Partido Socialista, Avogados Novos y Un Colegio para Todos, así como grupos políticos como IU o Anova.

Abogados como Fina Barros destacaron además que los cambios legales del ministro "son muy graves" y, sobre la reforma de los partidos judiciales, aclararon que el hecho de que Vigo pierda su demarcación sería "gravísimo" y supondría retroceder a "años remotos".

¿Los motivos concretos de la movilización? La propuesta de crear partidos judiciales uniprovinciales con sede en la capital -en este caso Pontevedra- es uno de los principales. Pero hay más. Otras cuatro iniciativas de Gallardón engrosan la lista: a las tasas judiciales ya vigentes y a laprivatización del Registro Civil se une la reforma del Código Penal, que prevé dejar la instrucción en manos de los fiscales, y el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este caso, los sindicatos se oponen que se otorguen competencias a los procuradores que ahora hacen los funcionarios, como funciones de notificaciones y embargos:"Es una privatización de los actos de comunicación y roza la ilegalidad". Los recortes laborales y salariales completan el grueso de las reivindicaciones.

Publicado o 22/05/2013 en www.farodevigo.es

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Cerca de un centenar de funcionarios en la protesta contra los recortes judiciales


El número de recursos cayó un 40% en Lugo debido a las tasas


Cerca de un centenar de funcionarios de los juzgados lucenses se concentraron esta mañana ante los juzgados de Lugo en protesta por los recortes judiciales, la aplicación de tasas a los ciudadanos y la privatización del los registros civiles. Los concentrados exhibieron una gran pancarta. El presidente de la junta de personal de los juzgados, Efrén Álvarez advirtió de que el número de recursos en los juzgados lucenses se había desplomado un 40% debido a que muchas personas no disponían de medios económicos para poder presentarlos. Asimismo, advirtió de que Lugo podía quedar con un único partido judicial.

Publicado o 22/05/2013 en www.lavozdegalicia.es

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Concentracións na Administración de Xustiza de toda España



Onte 22 de maio, milleiros de traballadores da Administración de Xustiza en toda as Comunidades Autónomas se concentraron ante as sedes xudiciais en protesta coas reformas lexislativas que o Ministro de Xustiza quere aplicar.

A resposta do personal que presta servicios na Administración de Xustiza amosa o rexeitamento aos proxectos de privatización do ministro Gallardón.

Tras a reforma integral dos Rexistros Civís que supón a privatización do Rexistro Civil se une agora a privatización de actos de comunicación e execución pois a partir da aprobación da LAC poderán realizar os procuradores (profesionais do ámbito privado) ao convertilos na categoría de axentes da autoridade, o que amosa o intento de Gallardón de desmantela-la Administración de Xustiza como servizo público universal e gratuito.

Estes proxectos de privatización da Administración de Xustiza, suporán a desaparición de máis de 12.000 postos de traballo en toda España, e porán en marcha os plans de ordenación de recursos humanos nos térmos introducidos na reforma de LOPX publicada o pasado 28 de decembro, reforma que foi levada a cabo con un total desprezo ao dereito fundamental da libertade sindical, incumprindo a legalidade vixente plasmada no Estatuto Básico do Empregado Público, pois foi aprobada sin ningún tipo de negociación coas organizacións sindicais con representación na Administración de Xustiza. 

Pero tamén é un novo ataque aos dereitos da cidadanía que verá restrinxido, unha vez máis, o seu dereito de acceso á Xustiza para a defensa dos seus dereitos e intereses lexítimos.

Ante este brutal ataque aos dereitos laborais do personal que presta servizos na Administración de Xustiza CCOO, xunto co resto dos sindicatos integrantes da plataforma unitaria, anima a todo o personal funcionario e laboral a secundar maioritariamente as mobilizacións que se convoquen, sin descartar a folga, para esixir a inmediata retirada dos proxectos do ministro Gallardón que supón a privatización da Administración de Xustiza. Ademáis animamos a toda a cidadanía a que participe nas convocatorias pois todos estes proxectos supoñen a usurpación dun dereito fundamental como é a tutela efectiva dos xuices e Tribunais no exercicio dos seus dereits e intereses lexítimos.

DEFENDAMOS O SERVIZO PUBLICO DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA, PORQUE SEN XUSTIZA NON HAI DEREITOS.

La justicia más ágil será de pago


20 may 2013



Publicado en www.elpais.com




  • El Gobierno del Partido Popular salva a los procuradores reforzando sus funciones y abre la puerta a que el cliente pague por agilizar trámites como las notificaciones

Martes, 10.30. Juzgado número 39 de Madrid, juicio por la rotura de una tubería. Entran en la sala siete profesionales con toga: tres abogados y tres procuradores, además de la juez. Los tres primeros intervienen durante la vista: explican, exponen, preguntan. Los procuradores, simplemente, asisten. En el tramo final de la sesión, uno de los tres se levanta, toga colgando del brazo, y entrega unos documentos a la juez y a una de las partes. Se solicita la interrupción de la vista y los procuradores sacan su agenda para apuntarse el aplazamiento. Se levanta la sesión.
Cualquiera que asista a un juicio de estas características se preguntará qué hacen los procuradores, a qué se dedican, por qué el cliente se ve obligado a pagarles por sus servicios, además de pagar al abogado. Pero lo cierto es que ahí están, desempeñando una función fundamentalmente administrativa entre bambalinas, y en el centro de un debate que desde hace años cuestiona si realmente son necesarios.

Estos profesionales cobrarán entre 40 y 60 euros por notificación
Pues bien, el debate sobre su supervivencia ha sido cortado de cuajo. El Gobierno ha acudido al rescate de este colectivo nacido en 1881, al que muchos consideraban al borde de la extinción. La salvación de este conjunto de más de 10.000 profesionales viene por la vía de ampliar sus funciones y de otorgarles el rango de agentes de la autoridad. Todo ello, con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que también encierra la apertura de una vía para fórmulas de pago para el que busque una justicia más ágil, algo que ha puesto en pie a profesionales del sector.
Los procuradores son los encargados de engrasar una máquina judicial aún dependiente de entregas de notificaciones y citaciones en papel. El correo electrónico, o más precisamente, las comunicaciones telemáticas, se utilizan solo en un 35% de los 50 millones de notificaciones que pasaron por manos de los procuradores en 2012. Se sigue notificando sobre todo en papel y el procurador debe estar de arriba para abajo trasladando documentos, circunstancia que a algunos, como al procurador José Luis Pinto, les llevó a cambiar de vehículo para ser más rápido y diligente: “Me he tenido que comprar una moto, me quita mucha ansiedad”, confiesa en las inmediaciones del juzgado número 39.


Sello que utilizan los procuradores en sus trámites. / ÁLVARO GARCÍA
A partir de ahora, además de engrasar la máquina, los procuradores van a poder cobrar por ser ellos los que notifiquen a las partes en sus domicilios (función que podían hacer pero que, de hecho, no hacían por la obligatoriedad de acudir con dos testigos para dar fe de sus notificaciones, restricción que el anteproyecto ahora levanta). Y cobrarán una cantidad que oscilará entre los 40 y los 60 euros por notificación, según confirma el Ministerio de Justicia (el número de notificaciones oscila mucho en función de cada proceso, pueden ser cuatro, pueden ser 20).
Así el ciudadano litigante tendrá la opción de elegir entre los trámites lentos de unos sobrecargados servicios de notificación del juzgado, o el trámite rápido de un procurador. “Esta parte de la reforma es una forma de privatización de la Justicia”, reconoce en su despacho la procuradora Rocío Sampere Meneses, “pero ahorra mucho tiempo al cliente”. Sampere dice que la Administración podría llegar a tardar meses en realizar una notificación frente a los tres días que pueden demorarse los procuradores. “Todo esto va a agilizar la justicia”.
Ese es el objetivo del Gobierno, como explica Juan Bravo, subsecretario del Ministerio de Justicia. “Introducimos un sistema de competencia entre procuradores y servicios de notificaciones de los funcionarios de la Administración de modo que el demandante podrá elegir”. Y añade: “No estamos privatizando nada. Siguen funcionando los servicios comunes, que quedarán descargados de trabajo. ¿Qué aporta esta fórmula? Agilidad y rapidez”.
Rafael Fluiters, titular del juzgado número tres de Primera Instancia de Madrid, tiene una visión distinta. Dice que el anteproyecto, en la práctica, va a suponer agilizar los trámites solo para aquellos que puedan pagarlos: “Por ejemplo, los bancos y las inmobiliarias”, ilustra. “El que pueda pagará para que todo vaya más rápido. Eso se llama Justicia de dos velocidades”.

Esto se llama justicia de dos velocidades”, asegura el juez Fluiters
Verónica del Carpio, abogada con 27 años de profesión a sus espaldas, profesora de Derecho Civil y bloguera deja bien claro su punto de vista: “Si las funciones que antes hacían unos funcionarios, de forma gratuita, ahora las podrán hacer profesionales autónomos, cobrando, eso se llama privatización de la justicia. No es una opinión. Es un hecho”.
De confirmarse el texto del anteproyecto, entre las nuevas funciones de los procuradores estará la localización de bienes de un demandado y su embargo. Es decir, el litigante que quiera que un embargo se agilice, pagará. Los lanzamientos hipotecarios —desahucios— han quedado excluidos de las nuevas funciones de los procuradores.
En España, a diferencia de otros países europeos, el representante del cliente en un juicio no es el abogado, sino el procurador. La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ya proponía el pasado 27 de febrero la eliminación de la figura del procurador y el fin de esta exclusividad en la representación del cliente (en la estela de la directiva 2006/123/CE sobre prestación de servicios).
De hecho, el subsecretario Juan Bravo declara que los borradores de la Ley de Servicios Profesionales que prepara el Ministerio de Economía (que tal vez podría estar lista antes del final de año, dice) contempla poner fin a la incompatibilidad entre abogados y procuradores. Es decir, los abogados podrán representar al litigante (con lo cual se pone fin a la exclusividad en la representación); y los procuradores podrán realizar funciones de defensa.
“El avance de las tecnologías hace que sean totalmente prescindibles”, señala el director de iabogado.com, Javier Muñoz Pereira, que dice que el hecho de que sea obligatorio contratarlos hace que se encarezca la Justicia. “Pero han hecho una función de lobby y han marcado un gol”. La abogada Verónica del Carpio sugiere que han contado con la protección del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha encontrado en ellos unos aliados después de toparse con el rechazo en otros ámbitos judiciales. “Esa protección de la que se habla es la misma que ha habido con los ministros que le han precedido”, asegura en su despacho Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España. “Nos consideran útiles y necesarios, y saben del riesgo de colapso de la justicia si no estamos ahí”, señala.
El anteproyecto está ahora pendiente de los dictámenes que haga el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, el Consejo General de Procuradores, y el Consejo General de la Abogacía antes de ser remitido al Parlamento.

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Ante a reforma da LOPX e LAC, chamamos á mobilización permanente


8 may 2013


Hoxe, 7 de maio, Gallardón presentará estas graves reformas no Congreso dos Deputados que atacan o centro de gravidade da Administración de Xustiza como servizo público universal e gratuíto que debe garantir os dereitos e liberdades, converténdoa nun instrumento ao servizo dos poderosos contra o conxunto da cidadanía

CCOO acusa a Gallardón do desmantelamento da Administración de Xustiza coa desaparición dos Partidos Xudiciais, das Audiencias Provinciais e dos Xulgados de Paz, coa encomenda dos actos de comunicación e execución aos Procuradores e coa adxudicación da instrución dos asuntos penais ás Fiscalías, porque deixa de ser unha ocorrencia da comisión de expertos e pasa a formar parte dos proxectos do goberno para 2013.

O programa nacional de reformas que o goberno do PP remitiu a pasada semana á Unión Europea considera, para o cuarto trimestre deste ano, a elaboración dos anteproxectos de Lei Orgánica Do Poder Xudicial e de Lei de Axuizamento Criminal

Ademais, tal e como CCOO informou onte, no consello de ministros do venres 3 de maio, o ministro Gallardón (o gran privatizador da xustiza española) informou do anteproxecto de reforma da Lei de Axuizamento Civil que converterá aos procuradores en axentes da autoridade privados e ao servizo das partes que poidan custearllo

Os documentos publicados ata agora son os proxectos de LOPJ e de Lei de Axuizamento Criminal, elaborados por unha comisión constitucional de expertos nomeada o pasado ano por Gallardón, e o Anteproxecto de Lei que modifica a LEC. Todos eles se poden consultar na web do Ministerio de Xustiza.


QUÉ PROPOSTAS PLANTEA O GOBIERNO?

A desaparición dos Xulgados de Paz, de todos os Partidos Xudiciais e das Audiencias Provinciais. A organización xudicial do estado quedaría establecida co Tribunal Supremo, a Audiencia Nacional, os Tribunais Superiores de Xustiza e os Tribunais de Instancia, estes últimos para a primeira instancia en todas as ordes xurisdicionais e con ámbito provincial (salvo en Madrid e Barcelona que poderán ter ámbito inferior ao provincial).

Poténciase a función pública dos Procuradores para que realicen actos de comunicación e de execución baixo a dirección dos Secretarios.

A atribución da dirección da investigación penal ao Ministerio FISCAL e Xunto a iso, a modificación do Código Penal que conterá con case total seguridade a ELIMINACIÓN das Faltas que pasarán a estar despenalizadas ou a ser delitos.


COMO AFECTARÁN ESTAS MEDIDAS ÁS NOSAS CONDICIÓNS DE TRABALLO?

A nova organización xudicial supoñerá que por debaixo do ámbito provincial non haberá ningún órgano xudicial (salvo en Madrid e Barcelona). A proposta do comité de expertos non concreta se isto significará que só haberá sedes xudiciais nas capitais de provincia ou tamén nalgunha outra cidade (como acontece actualmente cos Xulgados do Penal). O que é seguro é a desaparición de todos os Xulgados de Paz e Agrupacións, e das sedes xudiciais que non sexan as das capitais de provincia e, quizais, a dalgunha outra gran cidade.

Isto significará, por unha parte, o traslado forzoso ás capitais de provincia ou grandes cidades (no mellor dos casos) dos miles de funcionarios destinados nos Xulgados de Paz e nos Xulgados de partido que desaparecen. Recordemos que nunha das últimas modificacións da LOPJ, xa denunciada por CCOO, permite este traslado forzoso con cambio de residencia que se confirma na nova proposta onde desaparece a garantía de destino no mesmo municipio.

O segundo dos posibles efectos desta nova realidade organizativa da xustiza que se formula é o que afecta á destrución masiva de postos de traballo. A escasa ou nula convocatoria de prazas de funcionarios de xustiza nas Ofertas de Emprego Público (que CCOOten recorrida ante os tribunais de Xustiza) propiciou a existencia dun elevado porcentaxe de emprego interino que, na actualidade, rolda o 25% do total do equipo ao que hai que sumar un número tamén importante de persoal interino en prazas de reforzo que, en lugar de consolidarse en equipo, se manteñen como tales tras anos e anos de denuncia desta situación por parte de CCOO. En total, podemos estar a falar dunha cifra próxima aos 10.000 postos de traballo. Por agora, o persoal titular non pode ser despedido polo que os titulares afectados por traslados forzosos, motivados pola desaparición dun gran número de órganos xudiciais, pasarán a ocupar prazas que actualmente ocupa o persoal interino. É dicir, o Goberno central e os gobernos autonómicos con competencias terán a posibilidade de despedir entre 0 e 10.000 interinos e, vistas as políticas de recortes que se veñen formulando en todos os ámbitos, é doado supoñer que o efecto destas reformas sobre o emprego na adm.ón de Xustiza vai ser desvastador. Menos postos de traballo supoñerán ademais, para quen manteñan o seu, menos posibilidades de promoción interna, de traslado en concursos para obter mellores prazas, de nomeamentos de persoal interino e de posibilidades de acceso a través das oposicións.

Outro aspecto importante recollido na proposta da comisión de expertos é a nova consideración dos Procuradores como axentes da autoridade, dependentes dos secretarios e encargados dos actos de todos os actos de comunicación e determinados actos de execución. CCOO xa denunciou o que recollía a reforma da Lei de Axuizamento Civil 1/2000 na que se introduciu xa a posibilidade de que os Procuradores realicen actos de comunicación (reforma operada no ano 2009, e xa entón CCOO advertiu que con esa reforma se abría a porta á privatización do servizo público da xustiza); se trata de que isto sexa a norma xeral para todos os actos de comunicación e determinados actos de execución. Esta proposta, por si mesma, pon sobre a mesa a desaparición dos servizos comúns de actos de notificación e embargos e, tamén, a posibilidade de redución drástica dos equipos do persoal funcionario do Corpo de auxilio xudicial que verían restrinxidas sensiblemente as súas competencias. Unha vez máis, planea o perigo de desaparición de máis e máis postos de traballo e, ademais neste caso, postos que levan consigo incrementos retributivos sobre as retribucións complementarias ordinarias.

A desaparición das faltas (e, polo tanto, das gardas para xuízos de faltas inmediatos) e a asignación dos procedementos por delito ásFiscalías afectará directamente aos petos de todo o persoal funcionario destinado nos Xulgados de Instrución, de 1ª Instancia e Instrución e de Violencia sobre a Muller, que na actualidade realizan (e cobran por iso) calquera tipo de garda. Ben é certo que a proposta do comité de expertos formula a existencia de xulgados ou tribunais de instancia de garantías (para resolver sobre cuestións formuladas nos procedementos instruídos nas fiscalías e que afecten a dereitos fundamentais, como a prisión preventiva, intervención telefónica, entrada e rexistro en domicilios, etc.) nos que alguén terá que estar de garda e que o persoal da fiscalía terá que ampliarse nun número importante de funcionarios pero, por agora, non se concretou en que forma quedarán as gardas e, sen dúbida, o obxectivo dos gobernos afectados non vai ser a calidade do servizo público senón, simplemente, o aforro do gasto sen ter en conta, con toda seguridade, as persoas e familias que resulten afectadas.


CAL É A VALORACIÓN DE CCOO?

Xunto coa Lei de Taxas Xudiciais (que reduciu o número de asuntos en todas as ordes xurisdicionais salvo o penal) e a entrega (con mestura de ideoloxía e nepotismo) dos Rexistros Civís aos Rexistradores da Propiedade formúlase con estas propostas un escenario laboral incerto e perigoso para o futuro dos empregados públicos da xustiza.

Como sindicato socio-político, CCOO denuncia ademais o desmantelamento que paulatinamente se está a levar a cabo do servizo público da xustiza e a dificultade, cada vez máis manifesta, que se quere impoñer á cidadanía para o acceso ao dereito constitucional á tutela xudicial efectiva. O copagamento a través das taxas xudiciais, dos actos do Rexistro Civil e das minutas aos Procuradores por facer os actos que agora realizan de forma gratuíta as funcionarias e os funcionarios xudiciais; o afastamento dos Xulgados da cidadanía co peche de centos de sedes xudiciais nas localidades máis pequenas; a redución do emprego público, e a mingua dos dereitos retributivos e laborais dos que os desempeñan son a mostra de que tamén na Administración de Xustiza, este goberno favorece aos poderosos fronte ás clases populares, e de que está só preocupado por desmantelar o público, obedecendo de forma acrítica aos países do norte de Europa esquecendo os cidadáns e cidadás, ás familias que tanto di defender, as empregadas e os empregados públicos, aos parados e ás paradas, e a todos os colectivos aos que están a abandonar á súa sorte ao muxe desta indecente e inaceptable saída á crise económica que se está a formular.


CCOO SEGUIRÁ REIVINDICANDO O MINISTRO DE XUSTIZA MEDIDAS QUE GARANTAN: 


QUE NON DESAPARECERÁ NINGÚN POSTO DE TRABALLO NAADMINISTRACION DE XUSTIZA. 

QUE NON HABERÁ NOVOS RECORTES NAS RETRIBUCIÓNS DE NINGÚN FUNCIONARIO OU FUNCIONARIA DE XUSTIZA. 

QUE SE ELIMINARÁ A MOBILIDADE XEOGRÁFICA FORZOSA. 
A PARALIZACIÓN DE PROXÉCTOOS QUE SUPOÑAN A PRIVATIZACIÓN DE CALQUERA SERVIZO DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA. 



SÓ COA UNIDADE DE TODOS OS SINDICATOS E O APOIO DE TODAS E TODOS OS TRABALLADORES DE XUSTIZA PODEREMOS PARAR ESTE DURO ATENTADO ÁS NOSAS CONDICIÓNS DE TRABALLO E CONTRA O SERVIZO PÚBLICO DA XUSTIZA




A CONVOCATORIA DE MOBILIZACIÓNS SERÁ A ÚNICA POSIBILIDADE QUE NOS QUEDA PARA DAR UNHA CONTUNDENTE RESPOSTA

¡¡ MOBILÍZATE CON CCOO !!



Anteproxecto de Lei de reforma da L. E. C.


5 may 2013



Publicado en la web del Mº Justicia "el acto de comunicación entre las funciones de los procuradores"


1 feb 2013


Adjuntamos un estudio publicado en la página web del Ministerio de Justicia sobre "el acto de comunicación entre las funciones de los procuradores", como Boletín del Ministerio de Justicia.

Como venimos comprobando, el Ministerio de Justicia está realizando una campaña en la que está intentando cada día ir introduciendo la idea en la sociedad de que las notificaciones pueden ser realizadas por los procuradores, y de esta forma ir poco a poco creando la sensación de que ya todo el camino está hecho y que se darán a los procuradores los actos de comunicación, evidentemente con un coste económico para los ciudadanos y con una repercusión muy importante negativa para el empleo.

Esto unido a la privatización del Registro Civil y las tasas judiciales, nos debe poner a la ofensiva contra estas políticas intolerables del Gobierno.

No es el momento de estar a la defensiva, PORQUE, 

¡¡¡DEFENDAMOS EL EMPLEO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA!!! 
¡¡¡CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA!!!