8M: CCOO reclama menos palabrería y más financiación en la Administración de Justicia


6 mar 2023


 


A LAS MUJERES NO SE LAS PROTEGE CON BUENAS LEYES Y POCOS RECURSOS FINANCIEROS

JUSTICIA 8M 2023

Llevamos meses escuchando debates machacones sobre la conocida como la ley del “Solo sí es sí”, dando vueltas al punitivismo y a la buena o mala técnica jurídica con la cual dicha ley ha construido el sistema de penas

Sin embargo, el SAJ de CCOO abstrayéndonos del punitivismo, amparándonos en nuestra experiencia en acción sindical y en las respuestas de la Administración ante nuestras reivindicaciones, queremos transmitir a la ciudadanía que la maldad o bondad de cualquier reforma legal dónde realmente radica es en el peso presupuestario que se otorgue a dicha reforma

La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004, la conocida como Ley de Igualdad de 2007, el Convenio de Estambul, son normas todas ellas llenas de buena voluntad y seguramente construidas con tecnicismo envidiable, pero ninguna de ellas ha conseguido los objetivos pretendidos. La formación no ha llegado a todo el personal que trabaja con las mujeres víctimas de violencia machista, mucho menos la especialización, La mayoría de las sedes judiciales carecen de espacios decentes donde albergar a la víctima y evitar que se encuentre con su maltratador

CCOO ponemos en duda la verdadera voluntad del Ministerio de Justicia para mejorar la atención a las víctimas de la violencia de género en los Juzgados. Con su proceso de comarcalización, aleja a muchas mujeres, a las mujeres más vulnerables, de la Tutela Judicial Efectiva, obligándolas en algunos casos a recorrer kilómetros para intentar obtenerla

Tenemos en sede parlamentaria tramitándose una ley muy importante, la Ley de Eficiencia Organizativa

El gobierno ha vetado, por suponer incremento del gasto público, enmiendas presentadas a la Ley de Eficiencia Organizativa de la Administración de Justicia (que CCOO había propuesto), para garantizar la separación de las víctimas y agresores en las sedes judiciales y para impartir cursos de formación en perspectiva de género al personal que atiende a las mujeres y menores víctimas de la violencia machista

Las consecuencias de este veto será la ineficacia de unas normas aparentemente protectoras de las víctimas de violencia de género y la consiguiente y vergonzosa revictimización de las mismas en forma de violencia institucional

No podremos extrañarnos cuando la sociedad señale con el dedo a este Servicio Público, denunciándolo como una Justicia Patriarcal