Publicado en www.elcorreogallego.es
- Alfonso Villagómez piensa que desde el nuevo Gobierno de la Xunta se puede mejorar la Administración judicial
- La clave es que esta faceta pública no se ‘diluya’ en una macroconsellería, como ocurrió con el bipartito
- Coincidió con el ministro Caamaño en la facultad y el Constitucional
La dilatada trayectoria en la Justicia, desde un juzgado pasando por la oficina del Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el gabinete del Ministerio de Justicia hasta el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), hace de Alfonso Villagómez Cebrián (Ourense, 1961), un perfecto conocedor de cómo funciona la Administración judicial en España. Con el actual ministro Francisco Caamaño coincidió cuando ambos estudiaban Derecho en la Universidade de Santiago y posteriormente en el Tribunal Constitucional, y es amigo personal del ex ministro Fernando López Aguilar.
_ Haber vivido la Justicia desde dentro y desde un cargo político lo hace un usted un privilegiado observador, ¿cuál es su diagnóstico?
_ Sin duda la Justicia es la gran asignatura pendiente de la democracia; en estos treinta años no se ha logrado reformar porque no se ha acertado con la solución a un problema que se arrastra desde el siglo XIX. La impresión ciudadana es de un gran atraso.
_ Pero, ¿habrá alguna solución?
_ No es fácil, los procedimientos se pueden actualizar y los medios se pueden mejorar; para ponerse al día es muy importante, por supuesto, la introducción de las nuevas tecnologías pero para ello es necesario un enorme esfuerzo presupuestario.
_ ¿Falta decisión de los políticos para que la Justicia se actualice?
_ Todos convenimos que, desde Montesquieu, el sistema racional es la división de poderes, y que aún más es el contrapeso de los mismos. Por ello, la decisión de poner los medios a otro poder que te va a controlar y que no puedes controlarlo por su independencia, al responsable político le produce una sensación un tanto esquizofrénica.
_ ¿Cree que la ciudadanía está excesivamente alejada de la Justicia?
_ El ciudadano tiene que actuar ante los tribunales mediante intermediarios (abogados, procuradores) que garantizan la buena prestación del servicio y su percepción del funcionamiento es a través de ellos; por ello una cuestión a reformar es la dignificación del turno de oficio.
_ ¿Dónde se producen más quejas?
_ No es en los procedimientos judiciales, sino en los Registros Civiles, donde no existe esa intermediación, por lo que es otra materia a reformar ya que no tiene sentido que esté al frente de ellos un juez. Creo que debe ser un funcionario administrativo.
_ ¿Los problemas de la Justicia en Galicia son iguales a otras zonas?
_ Mi impresión es contradictoria; lo positivo es tener una de las plantillas más jóvenes de jueces de España, con una media de 44 años, pero hay graves carencias de medios y es preciso una reorganización del mapa judicial actualizando la demarcación y planta a la realidad demográfica del siglo XXI, que nada tiene que ver con la del siglo XIX.
_ El nuevo presidente del TSXG dice que viviendo en la precariedad, mejor van a estar con lo que venga...
_ Tiene mucha razón el compañero Miguel Ángel Cadenas, que va a ser un magnífico presidente y a marcar un nuevo ciclo en el órgano referente de la Justicia gallega. La política de Justicia debe trascender a los partidos que gobiernan y es difícil llevarla a cabo, porque intervienen muchos actores, jueces, fiscales, secretarios judiciales, funcionarios que son la columna vertebral, abogados, procuradores, forenses y policía judicial, y porque las competencias están muy fragmentadas.
_ ¿Qué puede hacer la Xunta?
_ Mucho; lo más importante es la mejora de actualización de procedimientos e introducción de medios telemáticos, la dignificación del trabajo de funcionarios con un estatuto que regule su carrera profesional, y las medidas de apoyo y de refuerzo para desatascar los juzgados.
_ Entonces, ¿qué le pediría al nuevo presidente para mejorar la justicia?
_ Feijóo despierta ilusión, porque es un hombre responsable. Pienso que es importante que la materia de Justicia no quede diluida en una macroconsellería como la del bipartito, porque su responsable tiene que ir a la conferencia sectorial del Estado y si somos comunidad histórica, Cataluña y el País Vasco tienen consellerías exclusivas.
_ ¿Cómo se le explica al ciudadano que se tarden seis años en instruir un caso como el del ‘Prestige’?
_ Son 280 tomos y 190.000 folios, algo descomunal y un dato para la reflexión. Si nos ponemos en la piel de los acusados es difícil de ejercer su derecho de defensa ya que es humanamente imposible que un abogado se lo lea todo, pero a través de medios digitales, podría seleccionar los elementos que le interesa para defender a sus clientes. No es el único caso, pasa todos los días en la Audiencia Nacional. Cuando estaba en el Ministerio se avanzó con el sistema Lexnet en red para comunicaciones y notificaciones a abogados y procuradores; ese es el camino a seguir.
_ ¿Cómo ve la llegada de Francisco Caamaño al Ministerio de Justicia?
_ Es un hombre sensato, ha encontrado una situación complicada tras la huelga de los jueces, pero por el momento mantiene reuniones y se están dando pasos en agenda de señalamientos, implantación de la oficina judicial y superación de la justicia interina porque no es normal que, por ejemplo, en una ciudad como Santiago haya tres juzgados sin titular, y a los sustitutos hay que darles una salida a través de los llamados jueces volantes.
Un perfil completo
Tiene todos los puntos de vista
Alfonso Villagómez Cebrián, nacido en Ourense en 1961, obtuvo el doctorado en Derecho por la Universidade de Santiago en 1988, e ingresó en la carrera judicial en 1990. Por su amplia y dilatada trayectoria profesional dentro de la justicia se puede asegurar que tiene todos los puntos de vista para ejercer unas opiniones bien fundamentadas.
El primer destino fue en un juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Jaca (Huesca) entre 1990 y 1993, del que pasó a otro de las mismas características de San Lorenzo del Escorial (Madrid). En 1995 asciende a la categoría de magistrado, y tiene un paréntesis de un año en su trayectoria al ser nombrado asesor del Defensor del Pueblo, en la etapa de Fernando Álvarez de Miranda.
Posteriormente es destinado a un juzgado de instrucción de Bilbao; en 1998 accede a un puesto de letrado en el Tribunal Constitucional, y en 2001 pasa a ocupar la titularidad de un juzgado de lo Contencioso Administrativo en Sevilla.
Llamado por el ministro de Justicia, Fernando López Aguilar, forma parte de su gabinete desde 2004 y, al cesar éste en 2007, continúa con su sucesor Mariano Fernández Bermejo hasta que en noviembre de 2008 le presenta su dimisión por discrepancias de criterio.
Su último destino es la Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
