Protesta de los funcionarios judiciales contra la inminente privatización del Registro Civil


27 mar. 2015





Cerca de un centenar de funcionarios del Palacio de Justicia de Ferrol se movilizaron ayer, desafiando la lluvia, en protesta por la próxima desaparición del Registro Civil.
 Los participantes, convocados por los sindicatos   CCOO, USO, UGT,   CSI-F, CIG y STAJ, se concentraron a las doce de la mañana en la puerta de los juzgados y desde allí se dirigieron a la plaza de Armas, donde protagonizaron una concentración ante el Concello ferrolano.
 La protesta de ayer, con la que se pone en marcha un nuevo calendario de movilizaciones –ya hubo concentraciones cuando se anunció la medida del Gobierno central– tenía por objeto concienciar a la ciudadanía del problema que va a suponer la de-saparición de los registros civiles. De ahí que durante la marcha, además de portar una pancarta en la que se leía: “Non á privatización do Rexistro Civil”, los participantes repartiesen folletos informativos sobre las desventajas para la población en general que supondrá el traspaso de las competencias del citado servicio a los registros mercantil. En esta línea, los funcionarios señalan en que los mayores perjudicados no son ellos, porque van a ser redistribuidos por los diferentes órganos judiciales, sino la ciudadanía en general, que tendrá que desplazarse a la ciudad de A Coruña, donde está el Registro Mercantil, para realizar gestiones que hasta ahora se hacían en Ferrol y, además, pagar por ellas. Insisten en que por este servico, que es público y gratuito, porque se sostiene con los impuestos de todos los españoles, todo el mundo tiene que pasar alguna vez a lo largo de su vida, ya que es donde se tramitan las inscripciones y partidas de nacimiento, los matrimonios, las fes de vida y las defunciones, además de cuestiones relacionadas con las adopciones y el cambio de sexo, por ejemplo. Respeto a estas últimas, destacan el hecho de que se trata de documentación privada que hasta ahora está custodiada por funcionarios públicos, pero que con el trasvase quedará a disposición de otras personas, por lo que la confidencialidad no queda garantizada. El personal del Registro Civil denuncia, además, el importante gasto que realizó en los últimos años la Administración de Justicia, a través de los presupuestos generales del Estado, para digitalizar los archivos –cerca de 130 millones de euros–, para ahora hacer entrega del servicio a los registros mercantiles y de la propiedad. La fecha prevista para el inicio del traspaso es el próximo día 15 de julio, aunque se prevé que ambos registros convivan hasta el 1 de enero de 2017.


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