GRAN FRENTE COMÚN DE SINDICATOS (CCOO,
SPJ- USO, UGT, CSI-CSIF, CIG, STAJ), SOS
XUSTIZA, COLEGIO DE ABOGADOS Y PROCURADORES EN CONTRA DE LA PRIVATIZACIÓN DEL
REGISTRO CIVIL.
Representantes sindicales de CCOO, SPJ- USO,
UGT, CSI-CSIF, CIG, STAJ, de la
Plataforma SOS Xustiza y del COLEGIO DE ABOGADOS DE VIGO se han entrevistado el 13 de marzo,con el ALCALDE DE VIGO, en una ronda de contactos que conjuntamente realizarán con
instituciones, asociaciones, operadores jurídicos y partidos políticos, para
parar la privatización del Registro Civil, cuya llevanza será entregada a los
Registradores Mercantiles.
Le han pedido al Alcalde de Vigo que lleve este tema al
Pleno de la Corporación, para que muestre su rechazo y han solicitado
intervenir en la sesión plenaria para
frenar lo que a su juicio es “un nuevo atropello a los ciudadanos, que a
partir de ahora tendrán que pagar por los trámites civiles que llevarán a cabo
ante los registradores”.
Asimismo, le han solicitado al Alcalde de Vigo y también
Vicepresidente de la FEMP que traslade la privatización del Registro Civil al
seno de la Federación Española de Municipios y Provincias, ya que miles de
pequeños ayuntamientos de toda España se verán afectados.
Las principales centrales sindicales, la plataforma ciudadana
SOS Xustiza, los Colegios de Abogados y Procuradores, sumarán esfuerzos para
“con la unidad de acción de ciudadanos, trabajadores, instituciones y
operadores jurídicos parar la privatización de un servicio público esencial”.
Los
colectivos y fuerzas sindicales señalan que “en Vigo volveremos a ser pioneros
en la defensa del servicio público de justicia y conseguiremos parar este
expolio, igual que hicimos con las tasas judiciales”.
“Los
ciudadanos tendrán que pagar por actos y certificaciones que hasta ahora eran
gratuitos”, afirman. “El Gobierno, una vez más, quiere convertir en negocio un
servicio público esencial, esquilmando a los ciudadanos y poniendo en riesgo la
protección de la intimidad de las personas”, defienden.
Denuncian que el Gobierno, en el Proyecto de Reforma del
Reglamento del Registro Mercantil, incrementa las tarifas de los registradores
en numerosas operaciones entre un 800% y un 6000%. Calculan que el incremento de
aranceles y de actos inscribibles supondrá un beneficio de diez millones de
euros anuales para los registradores.
Alertan de que el Gobierno pretende retribuir de forma
encubierta a los Registradores Mercantiles, a través de las enmiendas del PP al
Proyecto de Ley de Medidas de Reforma Administrativa en el ámbito de la
Administración de Justicia y del Registro Civil, que se tramita en el Congreso.
En el borrador de enmiendas, pactadas con los registradores,
se habla de la necesidad de incrementar los actos a inscribir para que sea una
fuente de financiación del Registro Civil. Así se pretende cobrar por inscribir
la vecindad civil, por el libro de familia, por la inscripción de poderes de
las personas físicas, por la legalización anual de libros, por el cese de
poderes notariales, por el expediente de matrimonio, etc.
Vigo, 13 de marzo de 2015.
Los sindicatos CCOO, CIG, UGT, SPJ-USO,
STAJ, CSI-CSIF, la Plataforma SOS Xustiza y el Colegio de Abogados de Vigo ha
constituido hoy un frente común para luchar en contra de la privatización del
Registro Civil, que pretende convertir en negocio los derechos de los
ciudadanos.
Los colectivos advierten de que a
partir del mes de julio los trámites que los ciudadanos realizaban
gratuitamente en el Registro Civil serán privatizados y deberá pagarse por
ellos.
Alertan
estos colectivos que los jueces no saben si las bodas civiles previstas para
después de julio podrán celebrarse. Asimismo, se prevé que a partir del 15 de
julio los expedientes de matrimonio serán tramitados en los notarios, previo
pago de unos honorarios que rondarán los 400 euros.
Los Registradores estarán autorizados
para cobrar por todas las actuaciones que se incluyan dentro de un trámite
completo, demostración inequívoca, en opinión de estos colectivos de que “el
Gobierno y el ministro Catalá “faltan obscenamente a la verdad cuando aseguran
que los trámites del Registro Civil seguirán siendo gratuitos”.
Concretamente en el caso de Vigo, el
Registro Civil realizó en 2014 más de 55.000 trámites, todos ellos gratuitos.
Concretamente, se expidieron 21.833 certificaciones literales de nacimiento,
3.536 de matrimonio y 12.262 de defunción. Se practicaron 8.043 inscripciones
de nacimiento, 1.277 de matrimonio y 8.075 defunciones. En estas cifras no se
contabilizan las inscripciones marginales, ni las certificaciones de extractos.
“Este es el volumen de negocio que se
le está transfiriendo a los registradores. Certificaciones de nacimiento, de
matrimonio, de defunción, necesarias en nuestra vida cotidiana para multitud de
trámites serán a partir de ahora de pago”, denuncian.
Niegan tajantemente desde la plataforma
de sindicatos y operadores jurídicos que estos trámites vayan a ser gratuitos,
tal y como se desprende de los pasos que ya está dando el Gobierno, con modificaciones legislativas “por la puerta de
atrás”.
En
este sentido, aluden a que en el Proyecto de Reforma del Reglamento del
Registro Mercantil del Gobierno, se incrementan las tarifas de los
registradores en numerosas operaciones entre un 800% y un 6000%. Calculan que
el incremento de aranceles y de actos inscribibles supondrá un beneficio de
diez millones de euros anuales para los registradores. Actos que hasta ahora no
eran inscribibles pasarán a serlo, como por ejemplo el cambio de domicilio, la
legalización anual de los libros de las empresas, etc.
Denuncian, asimismo, que el PP pretende
introducir enmiendas, pactadas con los registradores, al Proyecto de Ley de
medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia
y del Registro Civil, que incrementarán notablemente los actos que hay que
inscribir y por los que habrá que pagar. “Así, por la puerta de atrás y
cobrándole a los ciudadanos es como se pretende financiar el Registro Civil”.
Es decir, todos los actos voluntarios
que hasta ahora eran gratuitos como poderes, régimen económico, vecindad civil,
expedición del libro de familia, expedientes de cambio de nombre, etc. “deberán
pagarnos los ciudadanos”, denuncian los colectivos.
Las representaciones sindicales CCOO,
CIG, UGT, SPJ-USO, STAJ, CSI-CSIF, el colectivo SOS Xustiza, el Colegio de
Abogados y el de Procuradores, continuarán durante los próximos días sus rondas
de contactos con operadores jurídicos, instituciones, partidos políticos y
asociaciones, con el fin de denunciar esta cuestión y de aunar esfuerzos en
contra de lo que consideran una privatización inadmisible en un Estado de
Derecho”.