El Gobierno continúa privatizando el servicio público de la Administración de Justicia y se ve obligado a retroceder parcialmente retirando las tasas judiciales para las personas físicas


2 mar. 2015



  • El consejo de ministros del 27 de febrero de 2015, aprueba el proyecto de reforma de la LOPJ (cuyo texto ha sido conocido el mismo día en la web de mjusticia.es) y de la LECivil, así como un RD-Ley que, entre otras normas, modifica parcialmente la ley 10/2012, de 20 de noviembre, de tasas judiciales, eliminando las que introdujo para las personas físicas.


RAJOY Y CATALÁ SE VEN OBLIGADOS A RECTIFICAR PARCIALMENTE ANTE LA MOVILIZACIÓN SOCIAL Y EL TEMOR AL RESULTADO ELECTORAL. ASÍ, ELIMINAN LAS TASAS JUDICIALES QUE ESTABLECIERON PARA LAS PERSONAS FÍSICAS EN 2012

CCOO CONSIDERA, SIN EMBARGO, COMO ASPECTOS PROFUNDAMENTE NEGATIVOS (recogidos en los proyectos aprobados de reformas de la LEC y de la LOPJ)  QUE EL GOBIERNO MANTENGA LA PRIVATIZACIÓN DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN, QUE ENTREGAN A LOS PROCURADORES; LA REDUCCIÓN A UN 30% DE LA RESERVA DE PLAZAS PARA LA PROMOCIÓN  INTERNA Y LA PREVISIÓN PARA FOMENTAR Y PRIMAR LAS SUSTITUCIONES ENTRE SECRETARIOS JUDICIALES (que pasan a denominarse letrados de la Administración de Justicia) QUEDANDO COMO EXCEPCIONAL LAS SUSTITUCIONES POR PERSONAL DEL CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL.
        
Sin perjuicio de un análisis más profundo, que haremos en los próximos días, de las reformas aprobadas por el Consejo de ministros del viernes 27 de febrero, CCOO realiza una primera valoración:

Para CCOO, la eliminación de las Tasas Judiciales para las personas físicas,  aunque parcial, es  una victoria muy importante para la ciudadanía, pues echa abajo parte de la política intolerable de tasas judiciales que estableció este gobierno en 2012, y demuestra que las movilizaciones de los trabajadores/as junto a los movimientos sociales y la ciudadanía, puede obligar al Gobierno a rectificar sus decisiones más inaceptables, mucho más ahora cuando Rajoy está muy preocupado por lo que vaticinan las encuestas respecto a los resultados electorales. 

Pero CCOO sigue abogando por la derogación de la Ley de Tasas que no hay que olvidar que seguirá impidiendo el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a algunos colectivos como al de autónomos y pequeños empresarios. Además, CCOO mantiene la reclamación de que se suprima la condena en costas cuando cualquier trabajador/a acude ante los Tribunales para defender sus derechos laborales y profesionales.

En relación con el proyecto de reforma de la LOPJ, CCOO no puede más que denunciar las mentiras del ministro Catalá y su equipo que, una vez más, incumplen sus compromisos, aprobando este proyecto de reforma de la LOPJ sin el previo (o simultáneo a su aprobación) traslado a las organizaciones sindicales,  tal y como habían manifestado en la reunión que tuvo lugar el pasado 5 de diciembreCCOO exige a Catalá que cumpla con sus obligaciones y sus compromisos, y lleve este texto a la mesa sectorial y mantenga la negociación hasta el último día de la tramitación parlamentaria.

El proyecto de reforma de la LOPJ ni introduce la inmensamayoría de las propuestas que formuló CCOO en la negociación del anterior proyecto para la mejora de las condiciones de trabajo de miles de trabajadores/as (una de las pocas cuestiones que incorpora es la propuesta que CCOO lleva demandando desde 2009, la regulación de la promoción interna de TEL a Facultativos del INT y CF), ni avanza en la mayoría de los derechos del personal de la Administración de Justicia que venimos exigiendo, por el contrario se retrocede en la reserva de plazas para la promoción interna, reduciéndose de un 50% a un 30%,  y también en la regulación de las sustituciones de Gestión a Secretarios Judiciales (que ahora se denominarán letrados de la Administración de Justicia) al fomentarse y primarse las sustituciones entre letrados,  dejando como excepcionales el llamamiento de letrados sustitutos,  lo que para CCOO es otro duro ataque a la carrera profesional de los compañeros y compañeros del Cuerpo de gestión procesal.

En relación con la modificación de la LEC (Ley de EnjuiciamientoCivil), CCOO sigue rechazando de plano la privatización de los actos de comunicación y continuará combatiendo con todos los medios a nuestro alcance la decisión de adjudicar a los Procuradores la ejecución de los actos de comunicación.

El gobierno sigue empeñado en desmantelar el servicio público de  la Administración de Justicia, entregando servicios y actuaciones, hasta ahora competencia exclusiva de esta Administración,  a colectivos minoritarios y privilegiados como los Registradores (privatización del Registro Civil, privatización de los expedientes de nacionalidad), Procuradores (privatización de los actos de comunicación), Notarios (privatización de procedimientos de jurisdicción voluntaria, expedientes de matrimonio, bodas….).

CCOO considera imprescindible la urgente y masiva movilización frente a estas reformas privatizadoras y limitativas de derechos, que deterioran gravemente las condiciones laborales pero, también, los derechos civiles y sociales.

Porque si el gobierno rectifica ahora en muchas de las cuestiones que le ha exigido la movilización social, es porque ya está convencido de que la ciudadanía está más que harta de sus mentiras, de los tremendos recortes que ha realizado a los derechos de millones de personas y de su falta de transparencia en la forma de gobernar, que ha ido acompañada de vergonzosos casos de corrupción que afectan de pleno al partido que sustenta el gobierno.

Que intente mantener las medidas que favorecen a colectivos privilegiados, como los citados más arriba, a los que quiere entregar lo que es de todos los ciudadanos/as, el servicio público de la Administración de Justicia, es porque lo quiere dejar resuelto antes de que en las próximas elecciones generales la ciudadanía les pueda alejar del poder político que ostentan.

Por eso, ahora, es el momento de incrementar la presión.

Para CCOO los pasos atrás del Gobierno, temeroso de perder los enormes privilegios de los que ha gozado con impunidad, son la mejor demostración de que en este año 2015, año electoral, es el momento de incrementar la lucha para lograr paralizar todas las privatizaciones, también en la Administración de Justicia, como la del Registro Civil y la de los actos de comunicación. Y también para reivindicar, y lograr, la recuperación de todos los derechos que nos han robado desde 2010.  


CCOO llama a incrementar las acciones contra la privatización del Registro Civil y de los actos de comunicación, de manera que converjan todas las acciones necesarias para obligar al Gobierno a dar marcha atrás en su decisión de privatizar el servicio público de la Administración de Justicia.