CCOO acusa a Catalá de tratar de engañar a los representantes de la FEMP al afirmar que los Juzgados de Paz serán oficinas de Registro Civil, cuando realmente sólo funcionarán como un registro para presentación de escritos


19 ene. 2015


El Ministro de Justicia Rafael Catalá ha entrado en la campaña electoral para las elecciones municipales que se celebrarán en el mes de mayo de este año. Ante la lógica preocupación de los representantes de los municipios españoles, agrupados en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), sobre el posible desmantelamiento de la justicia municipal, la pérdida de competencias de los partidos judiciales y la privatización del Registro Civil, el Ministro, acompañado por la Secretaria de Estado de Justicia y el Director General de Registros y del Notariado, mantuvo el pasado día 12 de enero una reunión con los responsables de la FEMP en que afirmó, según nota de prensa del propio Ministerio de Justicia, que “en cuanto al Registro Civil, el compromiso del Ministerio pasará por mantener su tejido actual, al establecerse que los juzgados de paz actúen como oficinas del Registro Civil”.

El Ministro de Justicia trató de engañar a los representantes de la FEMP con estas declaraciones, y con ello desmovilizar lo que podría ser una fuente de enfrentamiento y debate durante la campaña electoral, como es la desaparición de un servicio público básico, el Registro Civil, que desde 1871 ha tenido una fuerte implantación municipal.

En las informaciones publicadas hasta ahora relativas a la privatización del Registro Civil, el Ministerio de Justicia ha avanzado que “allá donde no exista un registro mercantil, las notarías o las oficinas de los juzgados de paz que con la modificación de la LOPJ quedarán integradas en los ayuntamientos desarrollarán labores del Registro” (nota de prensa de 24.06.2014) y que “también habrá colaboración con las oficinas consulares y con las oficinas colaboradoras, que pueden ser los registros de la propiedad o los juzgados de paz” (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de 11/12/2014), pero esta colaboración, a la espera de la nueva modificación de la Ley 20/2011 de Registro Civil que tendrá que realizarse, se limitará a la presentación de escritos dirigidos a las futuras Oficinas Generales de Registro Civil. La pérdida de competencias de los Juzgados de Paz en materia de Registro Civil será evidente, lo que comportará pérdida de un servicio público hoy y siempre muy cercano a los ciudadanos, tal y como resulta del siguiente cuadro:

COMPETENCIAS DE LOS JUZGADOS DE PAZ EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL
EN LA ACTUALIDAD
TRAS LA PRIVATIZACIÓN
Práctica de nacimientos, matrimonios y defunciones acaecidas en el municipio
No
Práctica de inscripciones marginales respecto de los hechos anteriores
No
Expedición de certificados de las anteriores inscripciones
No
Tramitación de expedientes de matrimonio
No
Expedición de Fes de vida y estado
No
Presentación de escritos dirigidos a otros Registros Civiles

Y es que la posibilidad anunciada por el Sr. Ministro de que los Juzgados de Paz actúen como oficinas de Registro Civil no vale de nada si carecen prácticamente de más competencia que la de recibir y remitir los escritos que los ciudadanos presenten dirigidos a las verdaderas Oficinas de Registro Civil, gestionadas por los Registradores Mercantiles y su personal, que no es funcionario público.

El Ministerio de Justicia no ha adelantado qué sucederá con las poblaciones que hoy tienen Registro civiles principales, integrados en Juzgados de 1ª Instancia sede de partido judicial, y que en el futuro no cuenten con Oficinas Generales de Registro Civil, que según el Ministro se ubicarán en “todas las capitales de provincia, en las islas y en las poblaciones de más de 100.000 habitantes” (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de 11/12/2014). En estos supuestos, al parecer por las afirmaciones del Ministerio de Justicia, serán los Notarios o los Registradores de la Propiedad quienes asuman la función de “oficinas colaboradoras”, es decir, simplemente para presentar y remitir escritos.

Esto supone, en la práctica, el desmantelamiento de todo el servicio público de Registro Civil existente en España desde 1871, que ningún régimen ni gobierno había querido modificar por ser un servicio cercano a la ciudadanía, historia de la población del municipio. Los ciudadanos y ciudadanas que viven en poblaciones que no sean capitales de provincia deben saber que los libros que contienen su historia legal y la de sus antepasados saldrán de los Ayuntamientos y de los Juzgados de cada municipio, para ser guardados en otros sitios a disposición de los Registradores Mercantiles; deben saber que cuando acudan a su Juzgado o Ayuntamiento ya no podrán obtener inmediatamente el certificado de nacimiento, matrimonio o defunción que necesite, sino que habrá que pedirlo por correo o por internet. Los ciudadanos/as deben saber que para contraer matrimonio habrá que acudir a un Notario a tramitar un expediente de matrimonio, a quien habrá que pagar por sus servicios (incumpliendo la supuesta gratuidad futura de todo lo que hoy es gratuito), y que su posterior matrimonio ya no se registrará en su municipio, sino que habrá que enviarlo a la Oficina General que corresponda para su inscripción y expedición del libro de familia. Deben saber que cuando fallezca un familiar la licencia de defunción ya no la expedirá el Juzgado de Paz, sino que habrá que solicitar la licencia a las Oficinas Generales de Registro Civil, allá donde estén ubicadas.


Catalá sabe esto y mucho más, pero trata de engañar a la ciudadanía y a los representantes de los miles y miles de municipios que van a perder su competencia en materia de Registro Civil diciéndoles que los Juzgados de Paz actuarán como oficinas de Registro Civil, intentando evitar con ello la posible movilización ciudadana ante esta pérdida de un servicio público de cara a las elecciones municipales. Por todo ello, CCOO, además de seguir adelante con la ILP contra la privatización del Registro civil y demás acciones y movilizaciones contra la privatización del Registro, mantendrá en los meses siguientes nuevas reuniones con los representantes de los municipios y provincias de todas las Comunidades autónomas y con los partidos políticos que concurran a las elecciones, para explicarles que, dos meses después de las elecciones municipales, el Gobierno privatizará este servicio público. Entre todos y todas debemos evitar que desaparezca el servicio público del Registro Civil de miles y miles de municipios, pues constituye un servicio público esencial y ejemplar. La lucha detendrá esta privatización que solo responde al capricho del Presidente del Gobierno y Registrador de la Propiedad, Mariano Rajoy.