El Gobierno y su ministro Gallardón golpean de nuevo al servicio público de la Administración de Justicia


5 ago. 2014



  

EL PASADO VIERNES EL CONSEJO DE MINISTROS APROBÓ EL PROYECTO DE LEY DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA QUE DESJUDICIALIZA CIENTOS DE PROCEDIMIENTOS CUYA TRAMITACIÓN ATRIBUYE A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES LO QUE SIGNIFICA, COMO CCOO VIENE DENUNCIANDO HACE MESES,  UN PASO MÁS PARA EL DESMANTELAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

Sólo con la movilización masiva conseguiremos parar las reformas de Gallardón, por eso llamamos a los trabajadores y trabajadoras a secundar las movilizaciones convocadas por CCOO, entre otras, la concentración que tendrá lugar en septiembre, el día de la apertura del año judicial, y la huelga convocada para el día 8 de octubre  en la Administración de Justicia.


Gallardón continúa reformando leyes para desjudicializar procedimientos y otorgar a profesionales privados la capacidad para realizar actos y tramitar procedimientos que hasta ahora se realizaban de manera exclusiva por el personal que presta servicios en la Administración de Justicia, reformas encaminadas a obstaculizar a la ciudadanía el acceso a la justicia y a eliminar puestos de trabajo.

El proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, aprobado en el consejo de ministros del pasado viernes, atribuye a los Notarios y a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, previa regulación de los aranceles de derechos correspondientes a su intervención, el conocimiento para tramitar procedimientos que hasta ahora eran competencia exclusiva de la Administración de Justicia.

Ya el pasado mes de junio el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto en el que se establecía que la acreditación de la condición de sefardita se hará por medio de los Notarios, la tramitación se hará a través de una plataforma electrónica, y habrá que pagar una tasa de 75 €. En el consejo de ministros del 4 de julio, mediante una Disposición Adicional vigésima introducida en el RDL 8/2014, se atribuye la llevanza del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles y ahora,  el consejo se ministros, vuelve a favorecer a estos profesionales privados en detrimento de un servicio público fundamental como es la Administración de Justicia.

Los Notarios tramitarán la mayoría de expedientes relativos a declaraciones de herederos, las subastas voluntarias e incluso tendrá competencia para conocer de reclamaciones de deudas dinerarias. Además podrán tramitar el expediente previo al matrimonio civil –en su caso se denominará acta- y celebrar el enlace matrimonial-, y tendrán potestad para acordar la separación o divorcio de mutuo acuerdo cuando no haya hijos menores o personas con discapacidad.

Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, entre otros, tendrá competencia para el conocimiento de las reclamaciones en aquellos casos en los que las sociedades mercantiles no convoquen la junta general ordinaria o las juntas generales previstas en los estatutos, y la reclamación para constituir el sindicato de obligacionistas y designar un comisario en el caso de las sociedades anónimas y personas jurídicas que emitan obligaciones de cualquier clase no lo hubieran constituido.

Para CCOO este real decreto supone otra privatización en toda regla de un servicio público.

El Gobierto y su ministro Gallardón,  continúan con sus políticas encaminadas a privatizar  los servicios públicos y destruir el estado del bienestar,  gobernando a golpe de real decreto, cumpliendo con los mandatos de la troika para reducir el déficit público.

La Administración de justicia no escapa a este afán privatizador, empezaron con la imposición de las tasas judiciales, obstaculizando así  a la ciudadanía el acceso a la justicia para impedir que lleguen a los juzgados y tribunales las demandas; luego siguieron las reformas de varias leyes con el fin de desjudicializar procedimientos cuyo conocimiento atribuyen a profesionales privados;  continuaron con la privatización del Registro Civil y de actuaciones que hasta ahora realizaban en exclusiva funcionarias y funcionarios de la Administración de Justicia, como por ejemplo los actos de comunicación;  y todo ello  para poder llevar a cabo su verdadero objetivo, desmantelar el servicio público de la Administración de Justicia lo que conllevará el cierre de cientos de juzgados, la movilidad geográfica y funcional, la amortización de plazas,  la desaparición de  miles de puestos de trabajo, que a su vez supondrá menos posibilidades para la movilidad voluntaria en los concursos de traslado y prácticamente la desaparición de la oferta de empleo público para la Administración de Justicia.