CCOO: Sobre la Modificación de la Ley del Registro Civil aprobada por el Consejo de Ministros del 4 de octubre


9 oct. 2013


Una vez que hemos procedido a un primer análisis del proyecto de modificación de la Ley del Registro Civil y no sólo de la mera información que venía colgada en la página del Consejo de Ministros, procedemos a hacer el siguiente análisis de dicho anteproyecto en lo que se refiere a las modificaciones relativas a las inscripciones de nacimiento y defunción:

1.- Las modificaciones que se plantean en estos momentos después del Consejo de Ministros, no afectan, en nada nuevo, a las competencias del personal de la Administración de Justicia ni a la privatización del Registro Civil. Se ha procedido por el Gobierno a aprobar un anteproyecto de mejora del servicio de cara al ciudadano para evitar que tengan que acudir a los Registros Civiles y así poder hacer el trámite en los mismos Hospitales donde se han producido los nacimientos y las defunciones (que serán los que envíen los datos a los Registros Civiles). Pero la inscripción seguirá siendo efectuada por personal de la Administración de Justicia, mientras no se produzca la entrada en vigor de la ley 2011 (si dicha ley no es modificada porque su entrada en vigor se mantiene, hasta el momento, en el 22 de julio de 2014). Con lo que, esta reforma del pasado 4 de octubre, no pone en peligro el servicio público, más de lo que la ponía en riesgo la ley de 2011 (como todos conocéis, logramos en esta ley introducir una disposición transitoria octava que reconocía, pero solo parcialmente y por tanto no recogía nuestra reclamación total, un régimen transitorio para el personal de la Administración de Justicia que deseara seguir prestando servicio en los registros civiles, con el derecho preferente por una vez a ocupar plazas de dichos registros civiles), aprobada por el Gobierno anterior, que mantenía los registros civiles como servicio público pero eliminaba los puestos de trabajo de la Administración de Justicia en los mismos.

2.- Tampoco se deduce de la reforma que se ha anunciado el viernes 4 de octubre, que el Gobierno o el Ministerio de Justicia den marcha atrás definitivamente en sus intenciones de privatizar el Registro Civil entregándolo a los Registradores de la propiedad y mercantiles. Tanto en la exposición de motivos como en el propio articulado del anteproyecto aprobado por el Gobierno, se hace mención constantemente al Registro Civil. No es por tanto esta modificación incompatible con la intención del Ministerio de Justicia de que el Registro Civil esté en manos ajenas al personal de la Administración de Justicia ya que el Registro Civil, si el Gobierno aprueba el proyecto que viene manejando desde finales de 2012, estaría en manos de los Registradores y por tanto en manos de la gestión privada por mucho que éstos sean funcionarios públicos.

Ni podemos, ni debemos bajar la guardia y pensar erróneamente que el Ministerio de Justicia haya dado marcha atrás en sus intenciones de privatizar la Administración de Justicia. Desde que ha hecho públicas sus intenciones con sus proyectos y/o anteproyectos, el camino que han seguido, y que no han anunciado en ningún momento lo contrario, es que privatizarán la Administración de Justicia, bien entregando los Registros Civiles a manos privadas, bien dándoles a los procuradores la categoría de agentes de la autoridad, permitiéndoles hacer actos de comunicación y una gran parte del trámite de las ejecuciones civiles (y cualquier otra cosa que se les pueda ocurrir).


Para CCOO este anteproyecto SÍ demuestra que el Gobierno tiene dificultades para aprobar leyes injustas como la reforma integral de los registro civiles que los entregaba a los registradores, porque tiene enfrente a los trabajadores y a toda la sociedad, y por eso debemos seguir combatiendo todas las privatizaciones (y la del registro civil también), porque de la persistencia de las denuncias contra las mismas, acompañadas de todas las movilizaciones más contundentes posibles que sean necesarias y de forma persistente, podremos lograr entre todos los objetivos que perseguimos: acabar con los intentos de privatizar la Administración de Justicia, y mantener y recuperar el empleo, así como recuperar los derechos que nos han robado desde el Gobierno en los últimos años.