La propuesta de Código Mercantil, que se presentará pasado mañana es fruto de un trabajo muy cuidadoso en el que han participado más de sesenta especialistas y constituye "una obra fundamental para asegurar la unidad de mercado en las relaciones jurídico privadas de los empresarios y restantes operadores económicos".
Puntos fundamentales del nuevo Código
Los puntos fundamentales son éstos:
- Más de mil seiscientos artículos divididos entre siete libros más un Título preliminar.
- Se tratará del empresario y la empresa; de las sociedades mercantiles; del derecho de la competencia y de la propiedad industrial; de las obligaciones y los contratos mercantiles; de los valores e instrumentos de crédito y pago; y de la prescripción y caducidad.
- Incorpora en algunas materias las leyes ya existentes con algunas modificaciones puntuales.
- Incluye disposiciones que regulan aspectos que carecían hasta ahora de regulación legal: modalidades modernas de contratación, como la contratación electrónica, la contratación en pública subasta y la contratación automática.
- Especialmente innovador será en cuanto a los contratos mercantiles en particular: se regulan muchos tipos de contratos que hasta ahora carecían de una normativa con rango de ley. Por ejemplo, los contratos para las comunicaciones electrónicas, los contratos turísticos, los contratos de distribución y contratos financieros mercantiles.
Otros grandes textos en en tintero del Ministerio
Entre las nuevas leyes que tienen que ser elaboradas, se encuentran, según los Presupuestos Generales del Estado para este año, están la Ley Orgánica del Poder Judicial -que parece que está en sus últimas jornadas de tramitación-, la Ley de Planta y Demarcación Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Jurisdicción Voluntaria y este nuevo Código Mercantil.
De forma paralela, como consecuencia de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial se elabora una nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial.
Por lo que se refiere al ámbito penal, se elabora el correspondiente proyecto para la aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este es, por su envergadura, un proyecto de legislatura. El actual enjuiciamiento criminal se sustenta sobre una ley de hace más de un siglo, que necesita adaptarse urgentemente a lo que debe ser un proceso en el siglo XXI para establecer una regulación precisa que permita afrontar, de acuerdo con la perspectiva actual y con la experiencia acumulada en estos años, determinadas cuestiones que hoy son objeto de preocupación social, el sometimiento a plazo del secreto de sumario, el adecuado control de las intervenciones telefónicas, la necesidad de limitar las situaciones procesales pasivas, el papel que debe cumplir en la investigación de los delitos una policía judicial moderna al servicio de jueces y fiscales, y la regulación de la fase de investigación a fin de garantizar que esta se realice con total imparcialidad y con absoluto respeto a las garantías procesales fundamentales.
En este contexto, se planteará la configuración, en la fase de investigación e instrucción de los delitos, del papel que debe jugar el Ministerio Fiscal. Esta reforma se afrontará contando con una participación muy activa de la Fiscalía General del Estado y del Consejo General del Poder Judicial, buscando el consenso entre ambos organismos para establecer cuál es el papel que en la instrucción penal deben tener los fiscales.
También está programada un nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria, una ley que permita solventar extrajudicialmente controversias que ahora tienen entrada innecesariamente en sede judicial y que podrían atribuirse a la competencia de determinados profesionales de la máxima cualificación. Será un medio eficaz para desjudicializar, para reducir el volumen de asuntos de naturaleza no estrictamente judicial, que permita la inmediata introducción de este eficaz instrumento dentro de nuestro sistema procesal.
Respecto a la legislación concursal, según los presupuestos, se revisarán algunos aspectos para garantizar la responsabilidad civil de los administradores concursales mediante la obligatoria contratación de un seguro y la aprobación de un nuevo sistema arancelario que establezca una adecuada retribución evitando situaciones abusivas.
Otras normas cuya tramitación tendría que hacerse en lo que queda de 2013 son las siguientes: Ley de Navegación Marítima, Ley de cooperación y de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, Ley de modificación de la regulación de la tutela, curatela y otros preceptos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para su adaptación al artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, Ley de reforma de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad, para incorporar la Directiva 2011/7/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, el Real Decreto por el que se regula el Registro Público Concursal.
Asimismo se revisará la regulación del régimen de custodia en caso de divorcio y se trabajará conjuntamente en aquellos proyectos que, pese a ser impulsados por otros departamentos ministeriales, afecten en alguna medida a las competencias que este ministerio tiene atribuidas. En este sentido últimamente ha habido una sentencia relevante.
Publicado o 18/06/2013 en www.legaltoday.com
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