Funcionarios de Justicia y afectados por las preferentes fusionan sus protestas


20 jun. 2013



Los trabajadores de la Administración de Justicia de Pontevedra han vuelto a salir de nuevo a la calle para manifestar su oposición a los recortes anunciados por el Ministerio de Justicia, encaminados "a desmantelar un servicio público".
A las once y media ante los juzgados de A Parda y una hora después en la Audiencia Provincial estos funcionarios mostraron pancartas con lemas como "Xustiza para todos" y corearon consignas como "el próximo parado que sea un diputado" o "el registro ni se vende ni se regala".
En esta ocasión a los empleados públicos se sumaron la Plataforma de Afectados por las preferentes en Marín-Pontevedra para expresar su rechazo a los ajustes en el servicio de justicia que ocasionarán el encarecimiento de la justicia y como consecuencia la restricción de los servicios a los ciudadanos sin recursos.
Lola Filgueira (CC. OO)  y Manuel Valle actuaron como portavoces en esta convocatoria unitaria de todas las fuerzas sindicales para trasladar un mensaje contrario a la intención del Gobierno de privatizar los registros civiles para ponerlos en manos de registradores de la propiedad y cuyos costes serán asumidos por los ciudadanos.
Igualmente expresaron su oposción a que desaparezcan decenas de órganos judiciales ya que "va a suponer eliminación de puestos de trabajo, se aleja a los ciudadanos de este servicio público y va a encarecer y va a dividir a los ciudadanos en dos clases los que van a tener recursos y los que no".
Publicado o 20/06/2013 en www.pontevedraviva.com
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Preferentistas y personal de Xustiza fusionan sus protestas


Unos y otros coinciden en criticar los recortes en materia de Justicia
Representantes de plataformas de afectados por las preferentes y subordinadas y personal de la Administración de Xustiza unieron ayer sus fuerzas en Pontevedra para hacer un frente común ante los recortes. Lola Filgueira, de Comisiones Obreras, precisó que los preferentistas «están particularmente afectados por los recortes en la Justicia». No en vano, solo la Ley de Tasas les impone el pago de una tarifa por el mero hecho de acudir a la vía judicial para ejercitar sus derechos.
Esta reforma legal ya se está notando en los juzgados, toda vez que se ha percibido un descenso de los asuntos: «Se calcula que una media de un 25 % a nivel nacional. Significa que la gente no demanda porque no puede pagar».

Antes de que la concentración a las puertas de la Audiencia Provincial se tornara en manifestación por algunas céntricas calles de la capital, Manuel Valle, del CSI-F, insistió en que «se nos está privando de derechos. Unos derechos meramente administrativos, que no tienen un respaldo judicial, no existen, están solo sobre el papel».

La idea que los varios cientos de personas que se movilizaron en la ciudad del Lérez quisieron trasladar a la ciudadanía es muy concreta: «Lo que se está haciendo con la Justicia es una privatización, y una privatización de derechos que hasta ahora teníamos otorgados por nuestra Carta Magna».

Tras remarcar que la situación por la que atraviesa la Justicia es similar a lo que está ocurriendo con la Sanidad, Lola Filgueira incidió en que las modificaciones legislativas contribuirán a fomentar una Justicia de dos velocidades. De este modo, lamentó que en un futuro «el que tenga dinero va a poder pagar y el que no se va a quedar, una vez más, en desventaja».

La advertencia de los convocantes de la movilización es clara, concisa y contundente: «Estamos pasando de un Estado con una tutela judicial efectiva a un Estado con una tutela judicial en efectivo», sostuvo Filgueira.

La de las tasas no fue la única modificación legislativa sobre las que los manifestantes cargaron tintas, ya fuera por sus presumibles consecuencias económicas para la ciudadanía -la «privatización» del Registro Civil o la creación de un partido judicial único- o por la derivación política que se pudiera generar. Es el caso de las pretendidas reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del Código Penal, las cuales podrían determinar que el fiscal fuese quien instruyese las causas en lugar del juez de instrucción. «Y ya sabemos lo que conlleva. Solo tenemos que remitirnos al caso Blesa o al caso de la infanta Cristina para ver cómo actúa el ministerio fiscal de forma independiente».

Este espíritu presidió las dos movilizaciones de ayer. La primera se celebró a las puertas del edificio judicial de A Parda, mientras que ya pasadas las doce y media del mediodía arrancó la marcha de la Audiencia Provincial. Estaba presidida por una pancarta en la que se leía «Xustiza para todos» y en la que se corearon lemas exigiendo la devolución del dinero atrapado a los preferentistas.

Publicado o 20/06/2013 en www.lavozdegalicia.com
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