Vigo fue la primera ciudad española donde se salió a la calle para rechazar con contundencia las reformas de Alberto Ruiz Gallardón. El tasazo fue el motivo de aquella primera manifestación, y desde entonces las movilizaciones siguieron sucediéndose conforme se iban conociendo nuevos proyectos legislativos del ministro. El que amenaza el partido judicial vigués fue la gota que colmó el vaso. Y ante la falta de respuesta a sus reivindicaciones, los trabajadores de la Administración de Justicia han decidido dar un paso más en sus protestas: tras la nueva concentración que se celebró ayer, avanzaron que habrá otra "más contundente" la próxima semana, recordando que, pasado el verano, valorarán, ya a nivel estatal, realizar paros parciales e incluso una huelga indefinida.
"El tiempo de las concentraciones toca a su fin porque hay que valorar otro tipo de acciones; hay que ser más contundentes y estar unidos, si no nos liquidan", alertó el portavoz de CC OO Xustiza Pablo Valeiras en la manifestación de Vigo de ayer, donde casi 200 funcionarios, así como abogados, defendieron de nuevo el partido judicial vigués y clamaron contra otras reformas. El próximo miércoles habrá otra concentración. Será la última antes del verano y podría haber "sorpresas". "Intentaremos hacer algo más grande para que sea más llamativa y contundente", avanza.
Durante el período estival habrá tregua, pero para septiembre los sindicatos judiciales tienen ya sobre la mesa todo un calendario de acciones que serán sometidas a votación de los funcionarios de Justicia en asambleas en juzgados de toda España: se trata de varios paros parciales en octubre y una posible huelga indefinida a partir del 5 de noviembre, como ya anunciaron la pasada semana. El objetivo es "seguir presionando" al ministro de Justicia, al que consideran "en horas bajas" por el rechazo de todos los sectores de la judicatura a sus polémicos planes. Concretamente sobre la demarcación viguesa, Pablo Valeiras entiende que las movilizaciones y la negativa de todo Vigo a su supresión están haciendo a Gallardón "reconsiderar" su postura. "Pero no debe estar muy convencido cuando solo habla de que no se cerrarán edificios judiciales y no acaba de confirmar la permanencia del partido judicial", dijo en referencia a la intervención del ministro el martes en el Senado.
Los sindicatos creen que Gallardón se lo está pensando
Los funcionarios de Justicia, que ayer volvieron a manifestarse, reconocen que el ministro se replantea eliminar el partido judicial y amenazan con una huelga general
Las palabras del ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, en el Senado descartando que se vaya a cerrar una sola sede judicial en Vigo fueron valoradas ayer por los sindicatos de Justicia locales como una consecuencia de la presión ejercida con las movilizaciones. 'Está claro que el ministro se está replanteando eliminar el partido judicial por lo que es el momento de recrudecer nuestras acciones, si no estaremos liquidados', afirmó Pablo Valeiras, de CCOO.
Publicado o 20/06/2013 en www.atlantico.net
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Las palabras del ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, en el Senado descartando que se vaya a cerrar una sola sede judicial en Vigo fueron valoradas ayer por los sindicatos de Justicia locales como una consecuencia de la presión ejercida con las movilizaciones. 'Está claro que el ministro se está replanteando eliminar el partido judicial por lo que es el momento de recrudecer nuestras acciones, si no estaremos liquidados', afirmó Pablo Valeiras, de CCOO.
El responsable sindical hizo estas valoraciones tras una nueva movilización frente a los juzgados, a la que acudieron alrededor de 200 personas entre funcionarios, abogados, procuradores y ciudadanos. Valeiras aseguró que el próximo miércoles será la última manifestación antes del verano y que 'queremos que tenga una mayor repercusión'. A partir de entonces, se iniciará un calendario de asambleas en las que se votará no sólo una serie de paros generales sino una posible huelga indefinida.
Hay que recordar que no sólo la defensa del partido judicial es lo que ha llevado a rebelarse contra Gallardón. Los manifestantes quieren también que el ministro dé marcha atrás en la Ley de Tasas, la reforma del Registro Civil y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Las manifestaciones en el Senado de Ruíz Gallardón podrían ser un primer paso y para los sindicatos un atisbo de pequeña victoria tras meses de movilizaciones incesantes, llevando a Vigo a ser una de las ciudades españolas con mayor seguimiento en las protestas contra las reformas de Justicia. No obstante, Valeiras aseguró que 'tampoco aclaró específicamente cuáles son sus planes para Vigo, sólo dijo que no cerraría ningún juzgado'.
Publicado o 20/06/2013 en www.atlantico.net
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Gallardón ignora al partido judicial de Vigo y pasa la pelota a la Xunta
El Gobierno gallego aguarda a conocer la propuesta oficial del ministerio para pronunciarse sobre la demarcación
El ministro de Justicia volvió a dar la espalda esta semana al partido judicial de Vigo. Por tercera vez, ahora en el Senado, Alberto Ruiz Gallardón evitó respaldar la demarcación viguesa pese al clamor social existente e insistió en apostar por un modelo que supere el criterio territorial y se base en la especialización, algo que rechaza la judicatura de la ciudad. Y ha sido en este punto donde introdujo un dato al que no aludió en sus comparecencias anteriores en el Congreso: el titular de la cartera de Justicia pasó la pelota a Xunta y Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) al dejar en sus manos la decisión sobre "las actividades" que se realicen en las sedes judiciales gallegas. Unas palabras que según juristas vigueses no hacen más que añadir "confusión" a cuáles son los planes del ministerio y que ya han tenido contestación del Gobierno gallego. Fuentes de la Consellería de Presidencia señalaron que si deben adoptar con TSXG alguna decisión sobre la planta judicial, dan por supuesto que sería "dentro de un marco general previamente definido por el ministerio" en la futura ley, que aún "no conocemos". "En todo caso, y sea cual sea ese marco previo, nuestra postura va a ser que Vigo mantenga todo su potencial judicial", añadieron las mismas fuentes, que se mantienen sin embargo en su posición de no pronunciarse concretamente sobre la posible eliminación del partido judicial hasta que conozcan "la propuesta del ministerio".
Fue el 7 de mayo en el Congreso cuando Gallardón respaldaba por primera vez el planteamiento de sus expertos de ir hacia un modelo de demarcación uniprovincial. En aquella intervención citó a Vigo, pero para hablar sobre su reforma basada en especialidades. Lo hizo para decir que, por ejemplo, la ciudad olívica podría acoger los tres juzgados de lo Mercantil de la provincia. Un criterio al que se opone rotundamente la judicatura viguesa, que defiende una división territorial -con Vigo con su propio partido judicial- y no una basada en especialidades. "No sabemos lo que quiere hacer Gallardón, hay confusión, ni a que viene que diga que la Xunta tenga que decidir sobre el contenido de las sedes judiciales, porque eso no está en la propuesta; en todo caso, lo que tienen que hacer Gobierno gallego y TSXG es emitir informes sobre lo que considera conveniente, y el Gobierno oírlos, como en todo anteproyecto", opinaba ayer un jurista vigués.
Marco general
La Xunta contesta, sobre esta cuestión, que es el ministerio quien debe definir de forma previa "un marco general", pero que defenderá que Vigo mantenga "todo su potencial judicial". Pero no se pronunciará de forma más concreta hasta que tenga en sus manos la propuesta de Justicia. Así lo dijo también en respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario del BNG, que le inquirió sobre qué actuaciones tiene previstas en relación con el plan de que camina hacia un único partido judicial en la capital provincial: esto dejaría a Vigo sin demarcación. La respuesta de la Consellería de Presidencia fue que será cuando se conozca "el contenido del texto articulado de la nueva ley cuando la Xunta haga valer su propuesta para que la nueva organización territorial de respuesta a las necesidades concretas de los gallegos y gallegas (...)". En esa contestación se señala que se considera esencial la participación de las comunidades autónomas en el proceso de revisión de la demarcación judicial, "en la medida en que son éstas las que dan soporte a los medios materiales para que la Justicia funcione en el conjunto del territorio".
Publicado o 20/06/2013 en www.farodevigo.es
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El caso vigués llega a un debate en Madrid con los ´sabios´ del ministro
Tres de los miembros de la comisión de expertos que ha realizado la propuesta para reorganizar los partidos judiciales de España participaron esta semana en Madrid en una jornada sobre el futuro mapa territorial. Una cita en el Centro de Estudios Jurídicos en la que se hizo mención concreta al caso de Vigo. El rechazo de toda la judicatura y el resto de la sociedad viguesa a que la ciudad pierda su demarcación no se pasó por alto. "El caso de Vigo es muy significativo y no hay otro igual, por la mucha mayor población que tiene con respecto a la capital provincial; se habló de él como ejemplo de la problemática que se puede plantear; es una ciudad donde se generó una verdadera polémica desde el principio", afirman fuentes de esta comisión institucional nombrada por el Ministerio de Justicia. Los expertos defienden su propuesta de demarcaciones uniprovinciales y concentración de juzgados, pero insisten en que es un "modelo teórico". "Nosotros hemos presentado los textos al ministerio y ahora serán los políticos los que deban decidir; como en Vigo, hay otras ciudades que plantean su problemática por cuestiones de distancia o por insularidad por ejemplo, y no va a a haber problemas en hacer excepciones", añaden las mismas fuentes.
Organización
La jornada de debate, a la que asistieron jueces, fiscales, secretarios o parlamentarios, fueron inauguradas por Gallardón. Bajo el título "¿Hacia una nueva organización y demarcación judicial en España?", se analizaron las propuestas presentadas de cara a la Ley Orgánica del Poder Judicial y la de Demarcación y Planta. Luis María Díez-Picazo, Antonio Dorado y Carlos Lesmes son los expertos que, con otros juristas, estuvieron en la mesa de debate. Los "sabios" plantean un modelo que reduciría los más de 400 partidos judiciales de España a 52 circunscripciones provinciales. "Eso no implica el cierre de edificios judiciales ni tampoco el modelo necesita que los juzgados estén todos juntos en la misma sede", dicen.
