El Gobierno de España quiere iniciar en octubre la tramitación parlamentaria de la reforma de la Justicia


28 may. 2013


Ruiz Gallardón garantiza que "no se cerrará en España ninguna sede judicial"


El Gobierno de España quiere iniciar en octubre la tramitación parlamentaria de los anteproyectos de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la de Enjuiciamiento Criminal fruto de un debate "amplio y participado" de "toda la sociedad" y de los "actores de la Justicia.

Así lo ha anunciado este lunes en Santander el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, durante la inauguración del encuentro de presidentes de audiencias provinciales, en la que ha apostado por abordar las reformas desde el "vértigo responsable" que debe de suponer cambiar leyes que llevan funcionando "siglo y medio" pero sin caer en el "temor" y "no abordar la reforma que de verdad tiene que abordar la Justicia en España".

En su exposición, el ministro ha tocado algunos de los aspectos que tratará la reforma y que cambian la "tradición", como la modificación del proceso penal para atribuir al Ministerio Fiscal la investigación de los delitos, que actualmente recae en la Instrucción, o la creación de la figura del juez de garantías o de los tribunales de instancia.

Precisamente, Ruiz Gallardón ha explicado que el Gobierno de España ha dado la "instrucción" a las dos comisiones de expertos que están analizando los cambios que necesita la Administración de Justicia que lleven a cabo una reforma "honesta" y "no tengan miedo" de abrir un debate o de plantear cambios en una estructura que proviene del siglo XIX.

En este sentido, ha señalado que el "nuevo modelo" apuesta por la "especialización" y la "concentración" pero, sobre todo, por la "flexibilidad", ya que se adaptará a las circunstancias territoriales y ha garantizado que "no se cerrará en España ninguna sede judicial". Según ha dicho, esta reforma no va a ser una "revolución", pues no olvida lo anterior, sino una "superación".


FINANCIACIÓN 

Al hilo de este asunto, y en posteriores declaraciones a la prensa, el ministro ha sido cuestionado por la necesidad de inversión que requerirá la actual reforma, tal y como ha comentado en el acto el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, que también ha estado presente en la inauguración.

Moliner ha comentado en su intervención que esta reforma de la Administración de Justicia se puede llevar a cabo con "buena fe", "voluntad" y "diálogo" y contando con "inversión suficiente", un asunto este último en el que --ha dicho -- "ronda el problema". A preguntas de los periodistas, el ministro ha dado le ha dado "razón" y ha reconocido las "serias dificultades" económicas que existen para abordarla, si bien ha asegurado que éstas "no van a ser un freno" para la reforma de la Justicia en España.

Ha considerado "evidente" que la implantación definitiva a lo largo próximos años y décadas requerirá "muchas inversiones" económicas pero ha abogado por ir avanzando en el proceso legislativo y poniendo en marcha "mecanismos transitorios" para ponerlas en marcha cuando haya recursos.


LA JUSTICIA, COMO "ACTIVO" DE ESPAÑA 

Durante el acto, Ruiz Gallardón ha opinado que la Justicia tiene que "contribuir de manera decisiva" a hacer frente a la crisis económica en España y a los "efectos sociales sangrantes" que produce el paro, y ha abogado por que, en la actual coyuntura, la Justicia se convierta en un "factor de competitividad" para el país.

En este sentido, ha subrayado que contar en España con una Justicia, no sólo "ecuánime", "ponderada" y "alejada de cualquier tipo de arbitrariedad", sino ágil, puede ser "determinante" a la hora de atraer inversores.

Ruiz Gallardón ha opinado que a lo largo de los últimos años "hay preocupación" entre los españoles por el grado de "arbitrariedad" en las administraciones o la ética de los políticos pero ha resaltado que, sin embargo, conservan "enorme confianza" en la "ponderación" de los jueces y magistrados.

"Es un enorme activo del que hay que estar orgullosos", ha afirmado el ministro, quien, sin embargo, ha subrayado la necesidad de que los ciudadanos lo perciban así.

Al hilo de esta cuestión, Ruiz Gallardón ha reconocido que los ciudadanos tienen la "percepción" de que el funcionamiento de la Administración de Justicia es "francamente mejorable" y de que hay que introducir reformas estructurales, que es lo que el Gobierno de España se ha propuesto afrontar esta legislatura.

Por su parte, la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, ha opinado que el ministro necesita "mucha valentía" para poder afrontar las reformas que plantea en un "momento crítico" como el actual, algo para lo que ha ofrecido la "máxima colaboración" y ha confiado en ser "capaces" de llevarlas a cabo.


"LEALTAD INSTITUCIONAL" Y "ESPÍRITU CONSTRUCTIVO" 

En el acto también ha intervenido el alcalde de Santander y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna, quien ha subrayado que algunas de los aspectos que se pretenden reformar en la Administración de Justicia, como lo referente a la planta judicial o la distribución de las sedes, sí afectan a los municipios, aunque no tengan competencia en estos asuntos.
Así, De la Serna ha expresado el compromiso de los ayuntamientos de colaborar con "lealtad institucional" y "espíritu constructivo" en lo que puedan en esta reforma de la Administración de Justicia.

También se ha referido a la reforma de la Administración Local y al reparto de competencias de los servicios sociales y ha señalado que, aunque los ayuntamientos sólo se ocuparán de la labor de asesoramiento y atención a los casos de extrema necesidad, la protección social "ha sido, es y será" una "prioridad absoluta" para los municipios.

Este encuentro reúne hasta el miércoles a los presidentes de las distintas audiencias provinciales. En la inauguración han estado presentes, además de las autoridades que han intervenido, el presidente del TRIBUNAL SUPERIOR de Justicia de Cantabria, César Tolosa; el delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz; y la fiscal superior de la comunidad autónoma, María Teresa Calvo, entre otros.

En los aledaños del hotel se han manifestado una veintena de afectados por las preferentes, que han reclamado una solución para su problema y han censurado la actuación de los políticos.

Publicado o 27/05/2013 en www.lawyerpress.com

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