CCOO y la plataforma unitaria de Justicia contra el desmantelamiento del servicio público de la administración de justicia que pretende imponer Gallardón


29 may. 2013


Estas reformas ponen en peligro 12.000 puestos de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia, amenazando con suprimir cerca del 26% del empleo público en dicha Administración

Desde hace unos meses el Ministro Gallardón está embarcado en una estrategia que bajo el nombre de reformas esconde el debilitamiento de la Administración de Justicia como servicio público y su posterior privatización por partes en favor de determinados lobbys profesionales y a costa del bolsillo de todos los ciudadanos.

En esta estrategia tiene un papel destacado el desprecio al personal de la Administración de Justicia que somos quienes mantenemos las puertas abiertas de los Juzgados todos los días y quienes vamos a ser directamente afectados por esas “reformas”. El Ministerio de Justicia desoye la voz de los trabajadores y trabajadoras de Justicia a quienes veladamente culpa de la situación de la Administración de Justicia.  

El debilitamiento de la Administración de Justicia se consigue negándole los medios que precisa para realizar su trabajo. Así, denunciamos la ridícula oferta de empleo público de los dos últimos años. Asimismo, denunciamos el caos informático existente con hasta ocho programas de gestión distintos en función de quien tenga la competencia, algunos de ellos claramente obsoletos, incompatibles y que no sirven para nada. De ambas cuestiones es responsable directo el Ministerio de Justicia, así como las CCAA con competencias que lo apoyan.

Lejos de cumplir con su principal función, dotar de medios personales y materiales suficientes a los Juzgados y Tribunales, los responsables del Ministerio de Justicia se han empeñado en aparecer como los “salvadores” de la Administración de Justicia pero a costa del bolsillo y de los derechos de los ciudadanos. Así, las reformas legales emprendidas o anunciadas suponen:

  • El fin de la igualdad en el acceso a la Justicia. Es decir, el paso de una tutela judicial efectiva a una tutela judicial “en efectivo” que creará una justicia a dos velocidades en función de la capacidad económica de los ciudadanos y de las corporaciones y empresas.

  • Por otro lado, se está proponiendo el troceamiento y posterior privatización de la Administración de Justicia en beneficio de determinados lobbys profesionales con la finalidad de asegurarles su futuro pero vulnerando claramente la ley y la Constitución.

  • Por último, se reinventan por enésima vez la nueva oficina judicial proponiendo el alejamiento de la Justicia del ciudadano suprimiendo los órganos judiciales más cercanos en favor de la creación de macro tribunales en las capitales de provincia.


Desde el punto de vista profesional estas reformas se traducen en:

  • La pérdida de más de 12.000 puestos de trabajo en toda la Administración de Justicia ocupados por personal bien formado y experimentado.

  • La supresión de los procesos de movilidad voluntaria (concursos, regulación de las comisiones de servicio o sustituciones), de las oposiciones y del derecho a la promoción y carrera profesional. Por el contrario, supone la imposición de la movilidad forzosa con reordenaciones de efectivos masivas.

  • Supone también la devaluación del concepto de funcionario público de Justicia que puede conducir a la desaparición de algunos cuerpos a los que se vacía de competencias para regalarlas a determinados colectivos profesionales.

  • Como consecuencia de todo lo anterior, se pretende la supresión directa de complementos retributivos.


POR TODO LO ANTERIOR ES NECESARIO INTENSIFICAR LAS MOVILIZACIONES PARA QUE SE NOS OIGA DECIR
BASTA YA,


1.- POR EL MANTENIMIENTO DEL CARÁCTER DE SERVICIO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y CONTRA EL PLAN DE PRIVATIZACIONES EN EL REGISTRO CIVIL, ACTOS DE COMUNICACIÓN Y EJECUCIÓN

  • POR LA DIGNIDAD DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DE SU TRABAJO, DE SU NATURALEZA Y FUNCIONES

  • PARA IMPEDIR QUE SE ENTREGUEN A LOS PROCURADORES LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN Y LOS EMBARGOS

  • PARA DETENER LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL


2.- POR LA PARTICIPACIÓN REAL Y EFECTIVA DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN EL DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL NUEVO MODELO DE OFICINA JUDICIAL O DE LA CREACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE INSTANCIA.

  • EN DEFENSA DE LOS JUZGADOS Y AGRUPACIONES DE PAZ

  • PARA IMPEDIR LA REFORMA DE LA LOPJ QUE SUPRIME DECENAS DE PARTIDOS JUDICIALES Y MUCHOS ÓRGANOS JUDICIALES


3.- PARA FRENAR LA SANGRÍA DE DERECHOS A LA QUE NOS VIENEN SOMETIENDO DESDE HACE VARIOS AÑOS

  • POR LA DEFENSA DE TODOS LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

  • PARA EXIGIR LA NUESTROS DERECHOS PISOTEADOS Y ARREBATADOS EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS:

  • PARA EXIGIR LA DEVOLUCIÓN DE LAS RETRIBUCIONES RECORTADAS DESDE 2010 Y LA PAGA EXTRA DE DICIEMBRE DE 2012

  • PARA EXIGIR LA RECUPERACIÓN DE LOS DÍAS DE ASUNTOS PROPIOS Y DE VACACIONES SUPRIMIDOS EN JULIO DE 2012.