Por Miguel Diéguez*
Todo el mundo a lo largo de su vida acaba necesitando un médico y un abogado. Quizás por ello, decidí siendo un niño estudiar derecho -por suerte para la Medicina y la humanidad, parafraseando a Castelao-. Una vez que te licencias y ejerces, se crea la vocación de servicio. Se vislumbra sobre todo con los turnos de oficio donde se asiste a gente sin recursos por cuantías testimoniales. Estos días, los abogados, con el apoyo expreso e implícito del resto de profesionales del derecho, estamos visualizando el ataque a un derecho fundamental que por parte del Ministro de Justicia se está realizando contra la tutela judicial efectiva, un derecho constitucional que asiste a cualquier ciudadano para poder acudir al juzgado a defenderse.
Con la aprobación de la conocida como "Ley de Tasas Judiciales" se limitará el derecho del ciudadano a la defensa de cualquier interés en la vía judicial. En una multa de Tráfico leve la sanción es de 100?. Si no se está de acuerdo, puedes intentar acudir a la jurisdicción contenciosa. Pues bien, la tasa para este pleito es de 200, solo por iniciar la acción legal, se gane o se pierda. El objetivo es que absolutamente nadie recurra, que se recaude limitando un derecho, y que solo acuda al juzgado aquel al que le sobre el dinero.
Se puede poner otro ejemplo que por desgracia es muy frecuente, el despido de un trabajador. Si un juez no da la razón en primera instancia la ley de Gallardón exigirá para poder recurrir al Tribunal Superior el pago de una tasa de 500 euros más el 0,5% de la cuantía que se discute. Resulta inaudito porque, hasta ahora, las personas físicas no tenían que pagar tasas por defender sus derechos laborales.
Se puede visualizar el impacto de las tasas con otro ejemplo más. Para pleitear contra los bancos por las participaciones preferentes, un producto perverso que no permite recuperar los ahorros de toda una vida, se hace imprescindible reclamar la nulidad del contrato por vía judicial. Para pugnar por 120.000 euros atrapados en este producto, habrá que abonar un fijo de 300 euros y una tasa variable (120.000 x 0.5%= 600), es decir, 900 en total?. Si el ahorrador tiene la mala suerte de perder en primera instancia, la apelación le costaría 800 euros de importe? fijo más tasa variable (120.000 x 0.5%= 600), es decir, otros 1.400 euros a mayores. En total, y sin llegar a un recurso de casación, este ahorrador tendría que desembolsar 2.300 euros para poder reclamar. Y solo por defender tus derechos.
Los argumentos dados estos días por el Ministro son falaces y demagógicos, al justificar las tasas para financiar la justicia gratuita. Tienen derecho a esta asistencias las unidades familiares con ingresos inferiores a 1.100 ?/mes. Es decir, un matrimonio, con ambos miembros en el paro, y que cobren por prestación más de 534 tendrán que desembolsar el tributo para poder defender sus derechos. En la práctica, habrá una bolsa ingente de impagos de personas que no puede acudir a defender sus derechos. Van ser condenadas simplemente porque no disponen de liquidez para defenderse.
Conviene recordar que este ataque lo inició el anterior Ministro de Justicia, Fransicco. Caamaño, con la Ley de Agilización Procesal de 2011, que perseguía el mismo objetivo: desatascar la justicia optando por impedir el acceso a los Tribunales. Así, puso al mismo nivel a la Administración y al ciudadano, introduciendo las costas en el Contencioso.
La protesta de todos los sectores del derecho que se produce estos días no obedece al corporativismo. Se ha tomado conciencia por parte de los que conocemos las consecuencias de semejante ataque a un derecho constitucional. Todavía no es tarde para que el Congreso y el poder ejecutivo entren en razón. En caso contrario, esperemos que el Tribunal Constitucional actúe con prontitud y determine lo que la mayoría pensamos, que la ley de tasas vulnera derechos básicos constitucionalmente protegidos.
* Abogado del despacho ESEDE y ex director xeral de Recursos Humanos
Publicado o 03/11/2012 en www.farodevigo.es
Enlace permanente: pica aquí
