La Dirección Xeral de Xustiza ha decidido de forma unilateral la supresión de 39 funcionarios nombrados como refuerzo de plantilla en aquéllos juzgados más sobrecargados de trabajo.
Este recorte afectará a todas las provincias: Se suprimirán 5 plazas de refuerzo en Ourense (entre ellas, la del Juzgado de violencia contra la mujer); 1 en Lugo y 8 en Pontevedra (en Juzgados tan sobrecargados como Marín o Lalín). Pero la provincia más afectada por este nuevo recorte será A Coruña, en donde se han suprimido nada menos que 19 funcionarios de refuerzo.
El nombramiento de un funcionario de refuerzo para un juzgado se decide previo el informe del Magistrado y del Secretario y se fundamenta en las estadísticas que arroje el órgano. El funcionario cesa solamente cuando el juzgado consigue equilibrar sus estadísticas. Pero en este caso, la Dirección Xeral de forma arbitraria e injustificada ha decidido suprimir los refuerzos excusándose, una vez más, en ajustes presupuestarios.
Y los suprime en juzgados tan esenciales como los juzgados de lo Social, los Penales o los Juzgados de violencia contra la mujer. Caso aparte, por su gravedad, es el de los Juzgados de villas como Vilagarcía de Arousa, la propia Dirección Xeral y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia han solicitado al Ministerio de Justicia la creación del 4º juzgado para el año 2011, o Marín, donde la carga de trabajo supera con creces a lo que su plantilla puede absorber.
Esta medida se enmarca dentro de la política de recortes que, desde hace tiempo y de manera progresiva está llevando a cabo la Dirección Xeral en los Juzgados gallegos. Siguiendo las consignas del Partido Popular, demuestran su absoluto desprecio hacia los servicios públicos – y, en consecuencia, hacia los ciudadanos usuarios de tales servicios – y avanzan en su particular campaña de deterioro de la Administración Pública. Si en el caso de la educación el fin perseguido es su privatización, en el caso de la Administración de Justicia al escaso rédito electoral, se une la estrategia – ya empleada por el Sr. Jeijoo - de culpabilizar a los empleados públicos del deficiente funcionamiento de los Juzgados, obviando el hecho de que no se les dota de una plantilla adecuada a su carga de trabajo.
COMISIONES OBRERAS rechaza esta estrategia del miedo a la crisis económica y tampoco aceptará con resignación el carácter inexorable de estos recortes, excusas ambas que el Partido Popular esgrime hasta el hartazgo en sus discursos neoliberales que, en última instancia, no buscan sino reducir el servicio público a su mínima expresión y favorecer futuras privatizaciones (el ejemplo más claro y cercano lo encontramos en la Educación, donde se favorece a la escuela concertada y privada frente a la pública. Más, teniendo en cuenta que la Dirección Xeral ha tomado decisiones que contrastan de forma radical con esta política de ahorro, tales como la confección de uniformes para los chóferes de los juzgados o la creación de cargos de dudosa utilidad en la propia Dirección Xeral.
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