Los letrados de Madrid decidieron ayer que si la Comunidad no paga en un mes 30 millones de euros paralizaran el derecho de la justicia gratuita, con excepciones. El ultimátum vence el 15 de marzo.
Publicado en www.expansion.com
Los abogados del turno de oficio de Madrid decidieron ayer suspender el servicio a partir del próximo 15 de marzo. La casi totalidad de los letrados presentes en una asamblea que se celebró en los juzgados de Plaza de Castilla acordó, por primera vez en su historia, una medida que afecta a un derecho fundamental de los ciudadanos, ante el retraso de casi un año de los pagos por parte de la Comunidad de Madrid, que supera los treinta millones de euros.
Los letrados se amparan en la Ley de Contratos del Sector Público, concretamente, en el artículo 200, que dice que “si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia”.
De ahí que la fecha del 15 de marzo que han marcado como inicio del paro, ya que empiezan a contar desde el próximo martes 15 de febrero. El lunes 14 se reúnen con el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Antonio Hernández-Gil, para pedirle el amparo institucional. Si no lo obtiene, seguirán adelante. Ese mismo día se van a concentrar ante la sede del ICAM y han convocado una manifestación el lunes 28 de febrero, a las 14.00 horas, ante el Gobierno de Madrid en la Puerta del Sol.
Representantes de las plataformas de abogados del turno de oficio, ALA, Apaem y Altodo, explicaron ayer que se respetarán unos servicios mínimos en lo que atañe a causas que puedan entrañar prisión y a mujeres maltratadas, únicos servicios que se seguirán prestando.
Cerca de 5.000 abogados cubren el turno de oficio de Madrid, cantidad para la que el Colegio presupuesta 50 millones de euros al año y la Comunidad, 30 millones.
El citado artículo de la ley prevé que “si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios”. Madrid ha superado todos los plazos que marca la norma. La posibilidad de que la Comunidad pague parte de lo que adeuda antes del 15 de marzo, como declaró el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, la semana pasada, no detendrá la suspensión. Fuentes de la Comunidad se remitieron ayer a estas palabras y asumieron que no se pagará todo sino, como ha ocurrido en otros ejercicios, una parte.
Otro de los asuntos que asfixia a los abogados del turno de oficio es el crédito de los bancos, que estaba paralizado desde hacía cuatro meses y que se restableció el pasado miércoles, aunque a intereses muy elevados (ver apoyo).
Fuentes del ICAM no quisieron ayer hacer declaraciones y se remitieron al comunicado que emitió el Colegio el pasado 4 de febrero, en el que expresaban que la deuda de la Comunidad les parece “inaceptable”.
Madrid arrastra un retraso endémico de los pagos del turno de oficio, que le lleva a cubrir las cuotas atrasadas de un ejercicio con las partidas designadas para el año siguiente. Fue el caso de 2009 y 2010. Y los abogados del turno entienden que va a ocurrir también en 2011.
Los letrados tacharon el pasado sábado de “inaceptable” esta situación y añadieron que las “reiteradas reclamaciones producidas desde el Consejo de Colegios de Madrid no han producido la debida respuesta de la Comunidad, lo que está comprometiendo gravemente las relaciones entre ambas instituciones”.
Sin embargo, Granados reiteró el pasado lunes la necesidad de “modificar la ley con el objetivo de garantizar la asistencia jurídica gratuita”. “En las condiciones actuales, ese derecho está muy perjudicado puesto que no se puede garantizar la asistencia jurídica gratuita de total calidad cuando se accede a ella sin ningún tipo de control y yo creo que de una manera injusta, pero la deuda hay que pagarla y la vamos a pagar”, aseguró.
El Consejo de Colegios, que aglutina a Madrid y Alcalá, ha presentado las certificaciones trimestrales con las cantidades correspondientes a las actuaciones, justificadas por los abogados de turno de oficio, y a los gastos de gestión de los Servicios. Sin embargo, y dadas las circunstancias, además de actualizar dicha reclamación, están estudiando otras medidas.
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