Publicado en www.lavozdegalicia.es
El Consejo General del Poder Judicial acordó que el nuevo Penal, que tiene que entrar en funcionamiento el 30 de diciembre, tenga «el conocimiento con carácter exclusivo y no excluyente» de todos los asuntos vinculados con la violencia sexista. De este modo, tendrá competencia sobre todos aquellos procedimientos incluidos en la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, pero también se le atribuye «el enjuiciamiento y fallo de los delitos de quebrantamiento de condena o de medidas de seguridad relacionados con el ámbito» de los malos tratos a la mujer.
Esta decisión fue recibida en Pontevedra con disparidad de opiniones. Para algunos, es una medida que busca contrarrestar que se le hubiera negado a la capital provincial la posibilidad de disponer de un juzgado comarcalizado para los asuntos de violencia sexista, mientras que, para otros, contribuirá a mejorar la Administración de Justicia en la ciudad del Lérez.
En esto coinciden con el Poder Judicial, para quien esta iniciativa «contribuirá positivamente al mejor funcionamiento de la jurisdicción penal». No en vano, se le atribuye al Penal número 4 «el conocimiento de cuestiones que, por su importancia social inmediata, merecen ser atendidas a través de órganos judiciales especializados y a los que, por ello, será más fácil dotarles de los medios precisos y adecuados».
El TSXG deberá establecer un reparto que equilibre la entrada de casos en los penales
Establecer que el Penal número 4 asuma en exclusiva, pero no de manera excluyente, las causas de malos tratos conllevará la intervención del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Y es que el Poder Judicial le ha encomendado establecer «un mecanismo compensatorio que equilibre la entrada de asuntos» en los cuatro órganos judiciales, dada «la naturaleza, complejidad y penosidad de los mismos en fase declarativa y de ejecución».
El nuevo Penal pontevedrés, además de procesos de violencia sexista, podrá asumir otras cuestiones de esta jurisdicción. No obstante, a la hora de establecer el reparto, el Poder Judicial sostiene que las causas de malos tratos computen como 1,5 asuntos que no sean de esta clase.
