EuFalo.TV axuda a ilustrar a situación da lingua galega
Publicado en www.codigocero.com
O vídeo na Internet continúa a avanzar con forza, tomando un carácter de seu en espazos coma o novo EuFalo.TV, que é un proxecto de documental colaborativo, que busca contar unha historia sobre a lingua dende o punto de vista dos seus falantes, que mediante distintas pezas contribuirán a esta obra en desenvolvemento na que xa podemos colaborar e que irá pondo «caras ao Mapa Sociolingüístico de Galicia».
Esta nova plataforma audiovisual é obra de A Navalla Suízacoa colaboración de Noa García, Manu Mayo, Belén Regueira, Araceli Gonda, Xandra Tedín, Mabel Montes, Mónica Ares e Matías Tarrío, entre outros, e foi posible en boa medida grazas a unha subvención da Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC) por valor de 15.000 euros.
Os usuarios que queiran achegar as súas propias pezaspara este proxecto poden facelo sen moitos recursos, e incluso están a preparar a posibilidade de poder participar en EuFalo.TV a través de cámara web.
XATIVA
Funcionarios del juzgado de Xàtiva llevan sus flexos para poder trabajar
Hace más de un mes que varios tubos no funcionan y la escasa entrada de luz natural no permite la labor diaria del personal
http://www.lasprovincias.es/20100127/ribera-costera/funcionarios-juzgado-xativa-llevan-20100127.html
TERUEL
CCOO exige el cese inmediato de Borrás y Bescós ante la mala gestión de la administración de Justicia
CCOO pide la dimisión del director general de Justicia, José Borrás, y del viceconsejero, José María Bescós, ante la “pésima gestión” de la Administración de Justicia de la DGA. CCOO Teruel ha señalado las enormes deficiencias de las obras de los Juzgados de Teruel y la ineficacia de los trabajadores que se han destinado a la sección Nº3.
http://www.aragondigital.es/asp/noticia.asp?notid=70258
CEUTA
CCOO solicita a la administración que guarde la integridad de los funcionarios
http://www.elfaroceutamelilla.es/content/view/44144/62/
Funcionarios con el agua al cuello
http://www.elfaroceutamelilla.es/index.php?option=com_content&task=view&id=44093&Itemid=62
EXTREMADURA
CCOO alerta del fuerte aumento de los expedientes judiciales abiertos como consecuencia de la crisis y reclama que se refuerce la capacidad de los juzgados
Los Servicios Jurídicos de CCOO Extremadura incrementaron exactamente un 140 por ciento el número de casos judiciales planteados en 2009, año en el que se interpusieron 2.070 casos, frente los 850 abiertos el año anterior.
VALLADOLID
Justicia deja en plena crisis a ocho juzgados sin nueve funcionarios
Las plazas se amortizan para reforzar aquellos órganos que se crearon con menos trabajadores
http://www.nortecastilla.es/20100125/valladolid/justicia-deja-plena-crisis-20100125.html
NAVALMORAL DE LA MATA
El Poder Judicial insta al Ministerio a que construya un tercer juzgado
Anuncia que una Unidad Inspectora visitará el municipio en unos meses
http://www.hoy.es/20100125/navalmoral/poder-judicial-insta-ministerio-20100125.html
LA RIOJA
El Gobierno pide reforzar el sistema informático de los juzgados y mayor plazo para implantar la Oficina Judicial
El director general de Justicia e Interior, Miguel Sáinz, reclamó hoy al Ministerio de Justicia que refuerce el sistema informático de los juzgados riojanos, para evitar episodios como el sucedido los últimos días en el juzgado de Calahorra. Además pidió un mayor plazo para la implantación de la Oficina Judicial en la región.
http://www.que.es/la-rioja/201001191256-gobierno-pide-reforzar-sistema-informatico.html
Las once comunidades con competencias en Justicia, entre ellas, Galicia, se reunirán esta semana en Pamplona
El CGPJ avala que la Audiencia Nacional sea quien decida los cierres de páginas web
Sin embargo, señala que la Audiencia puede sufrir una "sobrecarga" de trabajo
http://www.publico.es/espana/288634/cgpj/avala/audiencia/nacional/decida/cierre/paginas/web
Exigen a Gómez Bermúdez que se disculpe o dimita por decir que los jueces trabajan tres horas
Publicado en www.europapress.es
La Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) exigió hoy al presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, que se disculpe o que dimita de "su puesto de confianza" por "ignorar por entero" la realidad de la judicatura española al afirmar durante el transcurso de una mesa redonda que algunos de sus compañeros trabajan "algo más de tres horas al día".
En su intervención del pasado martes, Gómez Bermúdez aseguró que de las 24 horas y media semanales de trabajo estipuladas en el despacho, que supondrían seis horas diarias, algunos jueces acaban desempeñando como "horas reales" no más de "tres horas y cuarenta minutos", ya que "llegan media hora tarde, se van media hora antes" y dedican "dos horas a tomar café". "No somos eficientes porque no se trabaja", remachó.
En un comunicado, la AJFV recordó al citado magistrado que la jornada laboral de la "gran mayoría" de jueces y magistrados está "muy por encima de lo que es una jornada de trabajo razonable". Argumentó, en este sentido, que los últimos datos oficiales disponibles relativos a 2008 indican que los 4.5000 jueces españoles tramitaron nueve millones de asuntos y dictaron más de dos millones de sentencias, lo que indica que más de la mitad de la carrera judicial supera en un 120% los módulos (la carga máxima de trabajo).
En respuesta a las afirmaciones "tan fuera de la realidad" realizadas por Bermúdez, la Francisco de Vitoria incidió en que, aparte de las horas en los tribunales y juzgados, "la verdadera jornada de estudio y análisis" de los jueces "comienza por las tardes en sus despachos y normalmente continúa los fines de semana".
Tras estas acusaciones, la citada asociación de jueces reclamó al citado magistrado que aporte los nombres y apellidos de los miembros del Poder Judicial que "incumplen con sus obligaciones" con el objetivo de "poder sancionarlos". Exigen, por ello, que pida perdón o que dimita ya que, según la AJFV, "ignora por entero la realidad de la judicatura española".
AUMENTO DE LA CARGA DE TRABAJO
La Francisco de Vitoria argumentó además, apoyándose en datos de la memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 2008, que España cuenta con uno de los índices más alto de Europa de litigiosidad por habitante (el número de asuntos ingresados por cada mil habitantes alcanzó los 196 en ese año), mientras que el número de jueces y magistrados es muy inferior al de los países de nuestro entorno y crece muy lentamente.
Citando fuentes del Consejo general del Poder Judicial, la asociación judicial incidió en que la plantilla de jueces y magistrados en los órganos judiciales a 1 de enero de 2008 era de 4674. "Esta cifra representa el 9,80% de magistrados y jueces por cada 100.000 habitantes, muy lejos de la media europea que está alrededor del 19%", se lamentó.
Frente a estos datos negativos, según la AJFV, "cada año se incrementa el número de asuntos resueltos, que hace sostenible el sistema basado únicamente en el esfuerzo de los jueces y magistrados". "En el año 2008 se resolvieron 8.649.763, es decir, 755.422 asuntos más que en el ejercicio 2007, resultando una media de asuntos resueltos por cada juez de 1.850", indicó.
Por todo ello, alegó que los datos demuestran que la dedicación de los miembros de la carrera judicial va "más allá incluso de lo soportable, acosta de su salud y en detrimento de su vida familiar". "La mayoría de jueces y magistrados de nuestro país trabajan por encima del módulo que se estimaba adecuado, carga de trabajo que en la actualidad está sin definir por el CGPJ y que exigimos que en breve plazo se lleve a cabo para terminar con situaciones de inseguridad y que pongan de manifiesto la autentica realidad de los juzgados y tribunales nada parecida con al que se describe por el entrevistado", concluyó.
La nueva oficina supondrá introducir modernas tecnologías, pero perdurarán los males del pasado
Por JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN *
Publicado en www.elperiodico.com
El agotamiento de un modelo o del funcionamiento de un sistema no surge de manera súbita. Salvo accidentes imprevistos, es siempre el resultado final esperado de una serie de inercias, carencias o desajustes que venían anunciando, desde hacía tiempo, el final inevitable de su eficacia, si es que en algún momento la tuvo. El sistema judicial español, tal como lo conocemos en el momento presente, comienza su andadura con el sistema constitucional. Nuestra primera Constitución de 1812 refleja las tendencias marcadas por la organización napoleónica del Estado.
A partir de este hecho histórico se suceden una serie de leyes que van diseñando el esquema de la organización judicial española. La ley de planta y demarcación de 1835, las leyes orgánicas y procesales del año 1870, las leyes de enjuiciamiento civil (1881) y enjuiciamiento criminal (1882) han perdurado hasta nuestros días, de forma directa o bien sufriendo muchos parches y retoques que han empeorado los textos.
No solo se ha perdido calidad técnica, sino que se ha ignorado, en toda su dimensión, la realidad sobre la que se quiere actuar. Un ejemplo significativo lo tenemos en la nueva ley de enjuiciamiento civil (7 de enero del 2000), único intento de romper con el pasado, que en mi opinión se queda en un texto elaborado por teóricos del derecho desconocedores de la dimensión vital y social de los conflictos que llegan a diario a los palacios de justicia.
La ley de enjuiciamiento criminal se resiste a ser desalojada del panorama legislativo. Todos los gobiernos, a partir de la democracia, anuncian como propuesta programática y electoral la redacción de otra ley procesal penal que siempre está en perpetua elaboración y contradicción. Reconozco que la tarea no es fácil, pero es inasumible que cada ministro de Justicia quiera redactar su texto y que lo que se ha elaborado por otros es rechazado de forma automática por los siguientes. Se reduce el debate a una confrontación entre escuelas, como si una ley de estas características fuera un producto de laboratorio, sin tener en cuenta que los instrumentos procesales solo tienen futuro si se adaptan a las necesidades del presente.
La ley de demarcación y planta de 1988 se inspira en criterios de reparto de la carga de conflictividad, pero ignora sorprendentemente que no se puede retocar el pasado sin tener en cuenta la organización territorial de la España constitucional. La ley orgánica del poder judicial (ley 19/2003, de 23 de diciembre) por fin comprende el problema y aborda una nueva estructura judicial más acorde con la realidad autonómica y cuasifederal del Estado. Su éxito dependerá de los avatares políticos y de la definitiva consolidación del sistema territorial surgido de la Constitución de 1978, circunstancia no fácil de conseguir. La decisión, que creo urgente, sobre el Estatut de Catalunya puede comenzar a despejar las incertidumbres e incógnitas que todavía subsisten.
Se ha intentado, inútilmente, conservar los viejos odres para una realidad fluida y cambiante a velocidades insospechadas. La presión los ha resquebrajado, produciendo disfunciones y parálisis que como una bola de nieve se nos ha venido encima. Tratamos de pararla con remedios de urgencia y peticiones de más medios materiales para los jueces que se encargan de hacer frente a una realidad que les desborda. Los males del pasado se difuminaban en el seno de una sociedad rústica, escasamente emprendedora y con una conflictividad reducida a unos cuantos estereotipos de convivencia o situaciones de crisis económicas cuyo impacto era localizado y localizable. No tenemos cultura de mediación y arbitraje, pero la constancia nos llevará a adquirirla.
Por si teníamos pocos problemas, la globalización de las relaciones personales y económicas ha agudizado las carencias del sistema. La quiebra de un banco de provincias, a principios del siglo XX, era un pequeño sarpullido frente a la pandemia mundial originada por el crash de Lehman Brothers y los que han venido detrás.
Modestamente, creo que los problemas nacen de la reticencia de los teóricos, y al parecer de los políticos, a seguir las pautas marcadas por la Constitución. El artículo 120 se pronuncia, de forma clara, a favor de la publicidad y oralidad. Empecinarse en mantener procedimientos escritos y con trámites dilatorios nos condena a la perpetuación de los males del presente. La jurisdicción laboral funciona perfectamente siguiendo estos principios. Bastaría con generalizar su modelo procesal, extendiéndolo a los pleitos civiles, causas penales y reclamaciones contencioso-administrativas.
Carecemos no solo de medios materiales, sino de instrumentos procesales que nos permitan prestar el servicio general a la sociedad y afrontar los conflictos en cadena de un tiempo de crisis mundial. No nos engañemos, la nueva oficina judicial no cambiará el sistema, se limitará a dotarlo de modernas tecnologías de tratamiento de textos y almacenamiento de datos, pero se mantendrán los males del pasado.
* Magistrado. Comisionado del Comité Internacional de Juristas.
PAMPLONA
"La Oficina Judicial nos dirá si se necesitan esos refuerzos"
El director general de justicia dice que aumentar plantillas estructurales requiere de un estudio previo
NAVALMORAL DE LA MATA
El juzgado vuelve a paralizarse al estar de baja médica las dos juezas
Una de las titulares sufrió una crisis de ansiedad antes de celebrar un juicio
http://www.hoy.es/20100123/navalmoral/juzgado-vuelve-paralizarse-estar-20100123.html
ASTURIAS
Herrero afirma que la Justicia asturiana no consigue acabar con el atasco
Advierte de que la sobrecarga afecta sobre todo a los juzgados de lo social y lo contencioso
http://www.elcomerciodigital.com/20100123/asturias/herrero-afirma-justicia-asturiana-20100123.html
Jueces de la Audiencia Nacional piden explicaciones a Gómez Bermúdez por decir que algunos trabajan "tres horas al día"
Publicado en www.europapress.es
Un sector del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional pidió hoy explicaciones al presidente de este órgano, Javier Gómez Bermúdez, después de que el pasado martes afirmara durante el transcurso de una mesa redonda que algunos de sus compañeros trabajan "algo más de tres horas al día", según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
El asunto fue abordado durante la reunión semanal del Pleno, en la que varios magistrados de la Sala de lo Penal trasladaron a Gómez Bermúdez su malestar por estas declaraciones y le mostraron varias fotocopias de la información que recogía las palabras que pronunció durante su participación en un coloquio organizado por la Fundación Ortega y Gasset.
Ante las preguntas de sus compañeros, Gómez Bermúdez matizó sus comentarios y aseguró, según las citadas fuentes, que cuando indicó que en la Administración de Justicia "no se trabaja" no se refería a jueces y magistrados sino a los funcionarios que desarrollan sus labores en los juzgados.
Además, añadió que los magistrados no pueden dedicarle más tiempo a sus funciones jurisdiccionales porque tienen que dedicarse a otro tipo de labores. Según las fuentes consultadas, la mayoría de los miembros de la Sala se dio por satisfecha con las explicaciones de su presidente y dieron por zanjada la polémica.
LA JUSTICIA "NO ES EFICIENTE"
En su intervención del pasado martes, Gómez Bermúdez defendió que la Administración de Justicia no es "eficiente" porque "no se trabaja" y aseguró que mientras no se quiera "reconocer" esta situación no se podrá avanzar en la reforma del sector.
También subrayó que el proceso de reforma se debe "construir sobre un cimiento mínimo" que en la actualidad "no existe", porque los jueces no trabajan lo suficiente y porque se dedican a tareas que no son de su incumbencia.
En concreto, Gómez Bermúdez aseguró que de las 24 horas y media semanales de trabajo estipuladas en el despacho, que supondrían seis horas diarias, algunos jueces acaban desempeñando como "horas reales" no más de "tres horas y cuarenta minutos", ya que "llegan media hora tarde, se van media hora antes" y dedican "dos horas a tomar café". "No somos eficientes porque no se trabaja", remachó.
AMPLIADO EN UN AÑO EL PLAZO PARA OPTAR A LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA POR PERSEGUIDOS EN LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se amplía en un año el plazo para ejercer el derecho de optar a la nacionalidad española, recogido en la Disposición Adicional Séptima de la Ley de 26 de diciembre de 2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
De acuerdo con las previsiones del apartado 1 de dicha Disposición Adicional Séptima, el Consejo de Ministros podrá prorrogar por un tercer año el plazo de dos años previsto para el ejercicio del derecho a optar a la nacionalidad española de origen que dicha Disposición Adicional reconoce a las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español y a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio
En la Disposición Final Segunda de la misma Ley se establecía que la Disposición Adicional Séptima entraría en vigor al año de la publicación de la Ley, por lo que el plazo inicialmente previsto para su vigencia termina el 27 de diciembre de 2010.
Esta normativa implica a las Oficinas del Registro Civil, con una incidencia muy importante sobre las Oficinas del Registro Civil Consular, que han recibido 161.463 solicitudes de opción a la nacionalidad española de origen durante el primer año de vigencia de la Disposición Adicional Séptima. De estas, 154.327 solicitudes, el 95.5 por 100 del total, se ha recibido en Oficinas del Registro Civil Consular de las Embajadas y Consulados Generales de España en Iberoamérica y en el Consulado General de España en Miami.
Refuerzos en las Oficinas
Los refuerzos en la dotación de las Oficinas del Registro Civil Consular y una importante campaña de información han permitido el inicio y un desarrollo satisfactorio de la aplicación de la Normativa. Sin embargo, se ha comprobado que el elevado número de solicitudes presentadas en Iberoamérica va a desbordar la capacidad de las Oficinas Consulares y podría hacer imposible atender todas las solicitudes de opción a la nacionalidad española de origen que se presenten en los dos años inicialmente previstos para la vigencia de la Disposición Adicional Séptima.
En consecuencia, la prórroga en un año del plazo de dos previsto para optar a la nacionalidad española, permitiría atender todas las solicitudes de cita ya presentadas y pendientes de asignación de fecha, así como todas las solicitudes que se presenten y que no puedan ser atendidas en los dos primeros años de aplicación inicialmente previstos en la Ley 2007.
En una ocasión, Spielberg aseguró que el director de Taxi Driver era el mejor cineasta vivo. Habrá quien prefiera adjudicar este apelativo a otro nombre propio, pero no cabe duda de que Scorsese merece estar entre los 10 magníficos de TCM.
Católico italoamericano, productor y hombre neorenacentista, Martin Scorsese esconde a incontables directores en su interior y es capaz de abordar desde la filmación de un concierto hasta la de un spot de cava. Es un verdadero icono de la modernidad.
Breve filmografía
La provincia de Málaga acumula la cuarta parte del atasco judicial de toda Andalucía, pero sólo va a recibir este año 2010 el siete por ciento de la inversión de la Junta en materia de Justicia. Es una denuncia que realizan hoy desde el Partido Popular. Ponen varios datos sobre la mesa, por ejemplo, que en los juzgados de Málaga hay casi 120.000 asuntos pendientes, una cifra que ha crecido en un trece por ciento en el último año.
http://www.cope.es/malaga/21-01-10--colapso-juzgados-malaga-siguen-solucion-128196-2
Los abogados solicitan más medios para los profesionales del turno de oficio
Entrevista Alfonso Candau Pérez. Decano del Colegio de Registradores de España
"Contamos con los medios para asumir el Registro Civil"
Publicado en www.cincodias.com
La desjudicialización del Registro Civil, recientemente aprobada en Consejo de Ministros, puede dar al colectivo de registradores una nueva actividad. El nuevo decano del Colegio de Registradores de España, Alfonso Candau, al menos, lo va a intentar. Próximamente tendrá una entrevista con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en la que espera convencerle. "Comprendemos que es una decisión política, pero estaríamos muy gustosos de asumir estas competencias".
¿Cuáles serán los puntos fuertes que le planteará al ministro?
Sinceramente creemos que estamos en condiciones de poder llevar el Registro Civil, porque nos resulta muy próximo. Se trata del único registro que no está a cargo de los registradores. Contamos con los medios, la tecnología y el personal para asumir las competencias. E incluso, el diseño elaborado por el Gobierno, concentrado en poblaciones importantes, nos favorece. Ahora mismo ya estaríamos en disposición de empezar y ojalá lo hagan. Intentaré convencer al ministro en la entrevista que mantendremos próximamente.
Además de éste, ¿qué otros retos asume en su mandato?
Pues compatibilizar todo lo hecho por las anteriores Juntas con las exigencias actuales que nos vienen desde la Unión Europea y los proyectos de modernización del Gobierno. A corto plazo, tenemos dos retos importantes, uno derivado de Bruselas para acortar los tiempos de constitución de una sociedad y otro más doméstico: el traslado de la sede del Registro de Madrid desde Príncipe de Vergara a Álcala 540, que supone una operación económicamente muy cuantiosa en época de vacas flacas.
¿Para cuándo estará listo el nuevo registro?
Habíamos pensado hacerlo en agosto por varias razones, no hay actividad judicial civil y el tráfico decae. El registro nuevo ya está en marcha y cada mes sin funcionamiento supone un gasto innecesario. Además, la operación de traslado es compleja y se necesita una garantía de custodia para ejecutarla. La Dirección General debe autorizar el cierre escalonado, porque durante esos días los ciudadanos no podrán consultar los documentos de inscripción, aunque para nosotros sí correrán los plazos de despacho.
Respecto a Bruselas, ¿cuáles son las exigencias que les afectan?
El ministro nos ha pedido de forma perentoria que se acorten los tiempos de crear una empresa. Existe un informe del Banco Mundial que deja a España en una posición no muy brillante dentro del ranking. Es absolutamente injustificado, porque se mezclan conceptos muy diferentes. Los mecanismos de respuesta de los registros son muy breves, el resto del tiempo corresponde a una serie de autorizaciones y trámites que no se puede imputar a los registradores.
¿Saben cuánto tiempo tarda la inscripción de una sociedad?
Al tener el Registro Mercantil y el Central, sabemos con segundos cuánto tiempo transcurre desde que se pide la denominación social, se expiden las certificaciones, se autoriza la escritura pública, se presenta dicha escritura y finalmente se inscribe. Aunque legalmente el registro puede tardar hasta 15 días, la media se sitúa en 10 días, y no los 90 que nos achacan. Sabemos que no es problema nuestro ni tampoco de los notarios. El problema español no reside en asuntos jurídicos, sino en la burocracia administrativa. Habría que sustituir el sistema de autorizaciones por otro de comunicaciones, como ocurre en el sistema anglosajón, donde primero se comunica la creación de un negocio y luego se cotejan los permisos.
El Registro Mercantil y el de la Propiedad han sido azotados por la crisis, ¿cómo lo ha vivido?
El aspecto más destacable que hemos visto en el Registro Mercantil es un aumento exponencial de los procesos concursales. Los juzgados mercantiles están colapsados. La caída de la concesión de hipotecas ha originado un menor volumen en el Registro de la Propiedad, sobre todo, en las zonas costeras, capitales y poblaciones importantes, aunque menos en el mundo rural. Cuando hubo el boom inmobiliario, el movimiento fue a la inversa. Algunos lugares de la costa han experimentado una caída del 80%, pero la media se sitúa entre el 30% y 40%.
¿Compensaría el Registro Civil el descenso de actividad? ¿Hay abundancia de registros?
No, porque seguiría siendo gratis. Respecto a la segunda pregunta, sobran muchos registros. En España hay más de 1.000 registros de la propiedad y más de 100 mercantiles. Desde 1975 no se suprime un registro, por motivos políticos.
¿Cómo compaginan la transparencia con la intimidad?
Tenemos el deber de colaboración con determinadas administraciones públicas. Sin embargo, los registradores deben cotejar el destinatario de la información. Hemos hecho una fuerte inversión en tecnología, con la digitalización de todos los documentos, la mayor de Europa, y la utilización de la firma electrónica.
"No existe solapamiento con el notario"
El litigio que históricamente ha enfrentado a registradores y notarios quizá tenga en Alfonso Candau su punto final por una razón de peso: su mujer es notaria. Fuera de bromas, el nuevo decano asegura que "desde el punto de vista institucional es cierto que ha habido muchas diferencias entre registradores y notarios, que no comprendemos porque no hay solapamiento ni duplicidades y ambos colectivos actúan en ámbitos de actuación distintos". "Nosotros trabajamos para defender a terceros", explica, "entonces no entiendo muy bien la polémica, aunque existir, existe". Sobre los costes del servicio, sostiene que "hacer la información cuesta" y considera que "es el método más eficaz y ágil. Que sea el usuario el que pague a unos precios oficiales".
En EL PROGRESO
http://www.galiciae.com/nova/46622.html
En EL CORREO GALLEGO
En GALICIA CONFIDENCIAL
http://www.galiciaconfidencial.com/nova/5213.html
“Así impulsan os avogados o uso do galego nos tribunais”
Chus Vieito fala na TVG sobre o funcionamento do servizo lingüístico do colexio de avogados compostelán. Chus é avogada e membro da xunta de goberno do Colexio de Avogados de Santiago.
Ducias de milleiros de persoas toman Compostela para defenderen a lingua
En GALICIA HOXE
http://www.galicia-hoxe.com/index_2.php?idMenu=166&idNoticia=508398
En VIEIROS
En LA VOZ DE GALICIA
http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2010/01/21/00031264070551097824596.htm?idioma=galego
En EL PAÍS
A Academia advirte que a proposta é lesiva para a lingua e que pode infrinxir a legalidade. Pide a súa retirada e que se abra un diálogo para chegar a un verdadeiro consenso.
Publicado en www.vieiros.com
A proposta de decreto lingüístico para o ensino non universitario é, simplemente, inaceptábel. A emenda a totalidade non vén dende unha organización política ou social, quen así se expresa é a máxima autoridade lingüística: a Real Academia Galega. O posicionamento claro desta institución deixa o Goberno na máis absoluta soidade.
O documento de 13 páxinas, aprobado por todos os académicos, é contundente dende o primeiro punto: “As Bases que se analizan poderían producir un retroceso no proceso de normalización, que infrinxe a lexislación vixente e maila xurisprudencia emitida polos altos Tribunais e que tampouco se sustenta na mellor organización do proceso pedagóxico senón, unicamente, en promesas electorais que son de dubidosa legalidade e que, por esa razón, non parecen validables polas urnas”.
O texto, no que hai abundantes referencias á lexislación vixente, insiste en que as bases do Goberno son incoherentes con Plan Xeral de Normalización e que poden vulnerar o Estatuto de Autonomía e incluso a Constitución española. Fronte á proposta da Consellaría de Educación, a RAG recomenda abrir “un diálogo franco con vontade de concordia definitiva, porque a sociedade está cansa da duración das discordias lingüísticas e de que toda a melloría do enfermo pareza peligrosa. Todas as forzas políticas deberían facer un esforzo de pacificación e construír un diálogo sobre bases que garantan a plena normalización do galego e a plena competencia oral e escrita ao final de cada ciclo nas dúas (ou tres) linguas”.
A RAG lembra que o galego é a lingua propia do país e que os cidadáns “esperan que o seu Goberno sexa o primeiro e inequívoco defensor. Por iso se asombran e mobilizan cando perciben xestos que, polo menos, parecen ir en dirección contraria”. A máxima institución académica fai fincapé na necesidade dunha discriminación positiva “mentres a lingua galega non sexa o centro de gravidade do modelo bilingüe e estea asegurado o respecto e fomento do uso da lingua propia e cooficial desta Comunidade Autónoma para corrixir positivamente unha situación histórica de desigualdade co castelán”.
David Lynch es un director con muchas virtudes, especialmente la de ser un autor que no logra dejar a nadie indiferente. Despierta encendidas pasiones y, también hay que decirlo, algún que otro odio.
El director de mirada laberíntica apuesta por un lenguaje personal e intransferible (sus imitadores nunca lo han tenido nada fácil con él...) y ha creado a lo largo de ya más de 40 años de carrera un universo propio habitado por los sueños, lo irracional, lo espontáneo, lo fronterizo y lo intangible.
A Secretaría Xeral de Política Lingüística oferta 185 cursos preparatorios para obter o Certificado de Lingua Galega
Publicado en www.xunta.es
Os cursos, que terán unha duración de 75 horas lectivas, realizaranse nas localidades da Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo, Ourense, Ferrol, Lugo, Betanzos, Ribadeo, Monforte, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Verín, Vilalba e Culleredo, e mais naqueles concellos que determine a Secretaría Xeral de Política Lingüística, segundo as solicitudes presentadas e a distribución xeográfica destas.
Contido dos cursos e prazos de solicitude
O contido dos cursos axústase aos obxectivos, ao programa e mais ao contido curricular establecidos para cada un dos catro niveis Celga. Os prazos de presentación das solicitudes para asistir a estas actividades formativas varía en función do inicio de cada unha das quendas de programación dos cursos. Así, as persoas que desexen participar nos cursos programados entre os meses de marzo e xuño poderán inscribirse ata o 10 de febreiro. Aqueles que estean interesados en realizar os cursos nos meses de xullo e agosto terán de prazo ata o día 21 de xuño, mentres que os que queiran facelo en setembro, outubro e novembro poderán inscribirse ata o 10 de setembro. No caso dos colectivos, entidades e/ou organizacións que pretendan organizar cursos entre os meses de abril e novembro deste ano poderán presentar as súas solicitudes ata o próximo día 27 de febreiro.
Probas Celga
Para obter a acreditación do nivel de coñecemento e dominio da lingua galega, as persoas interesadas terán que realizar as probas Celga correspondentes, que se desenvolverán nos meses de maio e novembro. A inscrición para realizar os ditos exames, que son independentes dos cursos, rematará o 25 de marzo de 2010 para a convocatoria de maio e o 7 de outubro, para as probas do mes de novembro.
Novos materias para os cursos Celga
O Aula de galego 2: libro do profesor, un manual de traballo específico para o persoal que imparte os cursos do Celga 2, xa está dispoñible na web de Política Lingüística, a través do enderezo http://www.xunta.es/linguagalega/aula_de_galego_2. Ademais, o departamento que dirixe Anxo Lorenzo completou recentemente a colección Aula de Galego, un conxunto de catro manuais cos que a secretaría xeral pretende facilitarlles a aprendizaxe deste idioma ás persoas que queren obter o Certificado de lingua galega.
Asegurar unha boa capacitación en galego
A organización destes 185 cursos de galego, así como a oferta de novos materiais didácticos insírense dentro dun dos obxectivos prioritarios do departamento que dirixe Anxo Lorenzo: desenvolver actividades formativas que aseguren unha boa capacitación lingüística en galego, así como fornecer ferramentas e materias de utilidade para mellorar o coñecemento desta lingua.
Muere a los 89 años el cineasta Éric Rohmer
Publicado en www.rtve.es
El director de cine francés Éric Rohmer ha muerto este lunes por la mañana en París, a la edad de 89 años, según ha confirmado su productora en Films du Losange, Margaret Menegoz.
Nacido en la ciudad de Nancy en 1920, Jean-Marie Maurice Scherer -su verdadero nombre- era uno de los cineastas principales de la llamada Nouvelle Vague que trató de renovar el cine francés en los años 60 y 70 del siglo XX.
Entre las 27 películas que rodó en 50 años de carrera, se encuentran Mi noche con Maud, La Marquesa de O, y la serie de Cuentos para cada una de las estaciones. Logró el León de Oro de Venecia o el premio a la mejor película en San Sebastián.
Su última obra fue El romance de Astrea y Celadón, de 2007. "Después de esta película, creo que me retiraré", dijo cuando presentó la cinta en el festival de Venecia.
Crítico antes que cineasta
Considerado uno de los autores más personales y creativos del cine, Rohmre fue uno de los puntales de la Nouvelle Vague junto con Claude Chabrol, Jean-Luc Goddard y Francois Truffaut.
La búsqueda de realismo y la conducta humana caracterizaron sus trabajos, de gran intimismo, frescura y simpleza narrativa y técnica.
En ellos prevalece el plano general que permite al espectador reflexionar con los propios personajes durante un desarrollo natural de la trama, envuelta casi siempre en las relaciones personales y el amor.
Como muchos de los miembros de la Nueva Ola, fue crítico de cine antes que cineasta. Trabajó como jefe de redacción de la revista francesa Cahiers du cinéma entre 1956 y 1963. Antes, en 1950, había fundado con Jean-Luc Godard y Jacques Rivette la revista de crítica cinematográfica Gazette du Cinema.
Logró algunos de los premios europeos más prestigiosos
El Signo del León, de 1959, fue su primer largometraje. En 1962 creó la productora Les Films du Losange junto al director alemán Barbet Schroeder y la productora Margaret Menegoz, que ha producido más de 80 películas.
Con La coleccionista obtuvo su primer reconocimiento, al lograr los galardones en el Festival de Berlín de 1967 a Mejor película para público joven y el del Premio especial del jurado. Logró una nominación al Oscar como Mejor película en habla no inglesa con Mi noche con Maud en 1970.
Eric Rohmer ha recibido, entre otros galardones, el Premio Max Ophuls de 1970, Premio Louis Delluc de 1971, mejor película del Festival de San Sebastián de 1971, Premio Mélies de 1971, Gran Premio Nacional de Cine de 1977, León de Oro de Venecia de 1986, Premio de la Crítica Internacional de 1986 y León de Oro de Venecia de 2001 a toda una carrera.
APROBADO EL ANTEPROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LOS REGISTROS CIVILES SIN COMUNICÁRSELO A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES
El Gobierno ha debatido en el Consejo de Ministros del pasado viernes, 8 de enero, el anteproyecto de Ley del nuevo Registro Civil, que ha trasladado el Ministro de Justicia.
Esta noticia es muy lamentable que la hayamos conocido los trabajadores por la prensa y no directamente por el Ministerio de Justicia al que venimos demandando desde la primera reunión que mantuvimos con él, el pasado 30 de abril, y hemos reiterado continuamente a los máximos responsables del Ministerio de Justicia, que nos dé información precisa sobre la reforma del Registro Civil y las consecuencias de la misma.
Siempre han negado que estuviera ultimado un proyecto de reforma pero que seguían trabajando en ello. Por eso, argumentaban que no podían dar más información. Y que cuando hubiera un proyecto, nos lo trasladarían.
Eso ha sido nuevamente falso. El Ministerio de Justicia no nos ha trasladado su anteproyecto a los sindicatos, pero sí se lo ha notificado a los medios de comunicación.
Esta forma de proceder se viene repitiendo también con este nuevo equipo de forma reiterada y es auténticamente una actitud intolerable, porque de esta reforma se derivan cuestiones muy importantes para las plantillas de funcionarios en los registros civiles, que el Ministerio de Justicia tiene obligación de discutir con los sindicatos representativos, y debe negociar todas las cuestiones que supongan una modificación en las condiciones de trabajo del personal afectado y en sus plantillas.
CCOO reclamará al Ministerio de Justicia en la reunión de la mesa sectorial que se celebrará mañana 12 de enero, explicaciones sobre esta reforma. Y volverá a exigir que no se produzcan reducciones de plantilla en los Registros Civiles.
Os remitimos como archivo adjunto lo publicado en la página web del Ministerio de Justicia sobre esta cuestión
viernes, 08 de enero de 2010
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley del nuevo Registro Civil, orientado a las personas, único para toda España, accesible telemáticamente, al servicio de los ciudadanos y desjudicializado.
Publicado en www.la-moncloa.es
El nuevo Registro Civil, cuyo anteproyecto de ley ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, no persigue "colocar" ordenadores en el Registro tradicional, sino que cambia "de arriba a abajo" su concepción, según ha explicado el ministro de Justicia, Francisco Caamaño.
El actual Registro está sustentado en una Ley de 1957, está diseminado en múltiples oficinas, estructurado en numerosas secciones y vinculado a la planta judicial.
Con el nuevo Registro, que será único para toda España, se acaba con la dispersión. La información no se procesará en función de dónde suceden los hechos (nacimiento, matrimonio, defunción...), sino de la persona.
En este sentido, cada persona tendrá una ficha personal única, un "Código Personal de Ciudadanía", que se abrirá con su nacimiento y a ella se incorporarán todas las variaciones de su vida civil.
Con ello dejarán de expedirse Libros de Familia, que serán sustituidos por certificados registrales. También se supera el criterio de territorialidad, ya que en cualquier oficina se podrán realizar inscripciones y todas ellas tendrán acceso a la información registral. Ello redundará en beneficio del ciudadano al que, salvo en extraordinarias ocasiones, no se le solicitarán certificados.
El ciudadano, además, podrá acceder a sus datos de forma telemática por lo que no tendrá que acudir a ninguna oficina registral para solicitar certificaciones o consultar datos.
Con este anteproyecto de ley, el Registro deja de ser una pieza de la administración judicial, pues se separa lo judicial de lo gubernativo, descargando así a los jueces de estas labores lo que facilitará que puedan dedicarse de lleno a su función primordial: juzgar y ejecutar lo juzgado.
El anteproyecto de ley dará lugar a una mayor simplificación: habrá unos 108 registros frente a los 431 actuales, con independencia de los juzgados de paz y los registros consulares, lo que supone "más de 8.000 puntos dispersos por toda la geografía española", ha especificado Caamaño.
En resumen, el ministro de Justicia ha concluido que el nuevo Registro se caracterizará por ser de personas, individual, único para toda España, electrónico, de servicios y desjudicializado.
Aquí un precario, para juzgarle
Buena parte de las resoluciones judiciales son obra de interinos con empleos inestables y sin derecho a formarse ni a especializarse
Publicado en www.elpais.com
"Dentro de tres días me iré al paro y ya estoy viendo la cara de perplejidad que me pondrán en el Inem cuando me pregunten mi oficio. '¿O sea, que usted es juez y está en paro. ¿Se está quedando conmigo?', me dirán eso o algo muy parecido. Como en ocasiones anteriores, tendré que convencerles para que llamen a su oficina central y le confirmen que digo la verdad. La gente no se cree que pueda haber jueces en paro", dice la magistrada del Tribunal Superior de Madrid Esther Morales.
"Vistos los preceptos legales citados, debo declarar y declaro que la relación laboral que une a la demandante con el organismo demandado es de carácter indefinido, por lo que condeno a la parte demandada a estar y pasar por esta declaración". Todos los días, los juzgados y tribunales emiten veredictos similares dirigidos a acotar el fraude de ley que conlleva el abuso de los contratos temporales. Y lo paradójico del caso es que buena parte de esas resoluciones son dictadas por jueces que dicen trabajar en condiciones laborales similares a las que sancionan con sus veredictos. ¿La precariedad se ha instalado también en el corazón del Estado, en el territorio sagrado de la judicatura?
Buena parte de la justicia que se administra en nuestro país es obra de licenciados en Derecho que no hicieron las oposiciones de acceso a la carrera judicial, pero que, basándose en sus méritos académicos y su experiencia son nombrados anualmente para ejercer de jueces sustitutos o de magistrados suplentes. Son ya más de 1.400 que se suman a una plantilla de 4.439 jueces y magistrados titulares. Pese a que los suplentes intervienen en todas las jurisdicciones -lo mismo juzgan un caso de lo penal que presiden una sala de lo civil o completan un tribunal de lo social o de lo contencioso administrativo-, la Administración les niega los cursos de formación y eso que, a veces, ellos son los que dan continuidad a juzgados sobrecargados de trabajo y poco solicitados.
"Somos las meretrices de la justicia: siempre a disposición de los tribunales para lo que gusten y sin más derechos que el cobro por los servicios prestados", resume, con mordacidad, un magistrado gallego que asegura no haber cogido vacaciones en sus 20 años de actividad. "Una vez nombrados, los interinos debemos estar permanentemente dispuestos a ocupar cualquier plaza vacante, pero sólo cobramos y tenemos Seguridad Social durante el tiempo formal que dura la sustitución y, con frecuencia, ni eso. No podemos ejercer ninguna otra actividad, excepto la docencia, y tampoco alejarnos de la provincia por si te convocan con 24 horas o menos de antelación. A la segunda falta, te retiran de la lista", asegura. "Puede decirse que dos de mis hijos nacieron en el juzgado", afirma, a su vez, una juez madrileña. "Recuerdo muy bien las miradas temerosas de que rompiera aguas allí mismo, pero no podía permitirme coger la baja de maternidad. Fui a parir con el busca y a los 15 días ya estaba trabajando, a pesar de la cesárea".
Se diría que el proverbio español "en casa del herrero, cuchillo de palo" ha encontrado un asiento permanente en el ámbito judicial, como si la condición de patrón exonerara a la Administración del estricto cumplimiento del derecho y le permitiera aplicar una casuística excepcional que no rige para ningún otro colectivo de eventuales. "No son situaciones equiparables", puntualiza un responsable judicial. "Los que accedemos a la carrera judicial estamos fuera del Estatuto de los Trabajadores y del Régimen General de la Seguridad Social porque tenemos nuestro propio estatuto". La pregunta es si resulta razonable que más de una cuarta parte de quienes dictan sentencias trabajen en la temporalidad permanente, sin derecho a la formación, ni acceso al sistema sanitario público, excepción hecha del periodo de sustitución efectiva.
Por sorprendente que resulte, la mayoría de la docena de entrevistados para este reportaje pide que no se divulgue su identidad. "Me la juego si digo estas cosas en público. El concurso de méritos que pasamos todos los años es ahora bastante objetivo porque ya no hay tanto amiguismo y se valoran el expediente académico, los cursos y la experiencia, pero la asignación de las vacantes a cubrir sigue siendo arbitraria. Si te enemistas con el presidente de la audiencia, o con tal o cual juez titular, te quedas en la calle", indica uno de estos jueces.
La figura del interino, que la Ley Orgánica del Poder Judicial contempla como recurso de mera posibilidad, ha adquirido, con el tiempo, carta de naturaleza, hasta el punto de que, como ha escrito el magistrado de la Audiencia Nacional Eduardo Calvo, "no opera ya como mecanismo para la cobertura transitoria de las vacantes, sino como atípico reforzamiento de la plantilla ordinaria". Según Alfredo Muñoz, presidente de la Asociación Concepción Arenal que agrupa a los interinos de Madrid, los jueces y magistrados suplentes dictan "entre el 20% y el 25% de las sentencias", porcentaje que la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Gabriela Bravo rebaja al 15%. Sólo la mitad de los 1.400 interinos nombrados ejercen con cierta asiduidad.
¿Y qué ocurre con la calidad de las resoluciones? "El índice de revocación de sentencias dictadas por jueces titulares y jueces suplentes es similar. No hay ningún otro indicador más objetivo de calidad", zanja Alfredo Muñoz. "Metemos muchas más horas de las que nos pagan y nos dejamos la piel en el trabajo porque a nosotros se nos mira con lupa y no se nos permite el error", subraya Carmen Martelo, magistrada de la Audiencia Provincial de A Coruña. "Si ustedes son más productivos con un nivel de calidad similar, ¿no habría que generalizar la condición de interino para mejor combatir el marasmo judicial?", ironiza. Los afectados no aprecian mucho las bromas sobre este asunto, ni están por seguir el juego de la provocación, sobre todo, ahora, que ha surgido la figura del juez volante titular. "Van a quitarnos las sustituciones largas, en lugar de darnos acceso a la titularidad y un estatuto jurídico que nos permita estar de alta en la Seguridad Social durante el tiempo de nuestro nombramiento. Sobre este último punto, observamos una actitud receptiva, pero el Ministerio de Justicia no sabe muy bien qué hacer con nosotros", constata Alfredo Muñoz.
Pese a las descalificaciones vertidas por el antiguo vocal del CGPJ José Luis Requero -"Los interinos son un cáncer del sistema (...). No es normal que un almirante sea sustituido por un patrón de yate", dijo-, muchos titulares reconocen abiertamente los méritos de sus compañeros sustitutos. "Tienen nuestro apoyo y vamos a buscar una solución", afirma también el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Álvaro Cuesta.
Si el tiempo cotizado a la Seguridad Social es un buen indicador, habrá que concluir que los interinos padecen un alto grado de precariedad. "Después de cuatro años, mis días cotizados ascienden a 180"; "en 16 años, me han cotizado cinco"; "yo he tenido mucha suerte porque tengo cotizados 15 de los 20 años trabajados". Aunque existen sustituciones que se prolongan durante meses y hasta años, lo habitual son los periodos cortos. "La tónica general es que te certifiquen tres días por un trabajo que dura una semana, porque después de los juicios tienes que escribir las ponencias. ¿No es escandaloso e indignante que practiquemos la economía sumergida y cobremos menos por hacer más?", señala Carmen Martelo.
"Puedes estar un mes trabajando como un loco y tener declarados ocho días", confirma Jesús Primitivo Rodríguez. Abogado y profesor universitario, dejó la judicatura a raíz de su divorcio. "He vuelto al bufete y a la universidad porque mis ingresos no me alcanzaban ya para vivir". La mayoría de los interinos son mujeres que, por razones diversas, renunciaron a las oposiciones a juez, tarea que, por término medio, implica cuatro años de estudio intenso. Muchos concilian con dificultad la vida laboral y familiar.
En el caso del País Vasco, la condición de interino plantea dudas específicas en el terreno de la seguridad. "Me ponen escolta cuando cubro una vacante y me la quitan cuando dejo de ejercer. Es un problema, porque a estas alturas, el vecindario ya sabe que hay algo raro conmigo, puesto que, a veces, vienen unos señores a buscarme", comenta una magistrada vasca. En Euskadi, también los interinos cobran la parte correspondiente del complemento de 250 euros establecido para esa comunidad. Cubrir una guardia de 24 horas se paga a 75 euros.
Las quejas por los errores burocráticos están a la orden del día. "Estuvieron sin pagarme la Seguridad Social durante seis años". "No he podido cobrar el trabajo de un mes en el que dicté 23 sentencias porque como faltaba el informe previo de suficiencia presupuestaria, se declaró nulo el llamamiento a efectos económicos aunque no jurídicos". "Jueces y fiscales sustitutos hemos presentado una demanda para que nos reconozcan la antigüedad". "Tenía que levantar un cadáver y me llevaron a toda velocidad por la Castellana de Madrid y hasta por dirección prohibida. Me puse a pensar: ¿qué hago aquí si no estoy de alta en la Seguridad Social?". "El otro día una compañera sufrió un desvanecimiento y como no estaba dada de alta, en el hospital pensaron que era indigente". "Me trataron un cáncer en la sanidad pública, gracias a que mi decano hizo lo imposible para que no me faltara destino".
La sensación de injusticia y agravio comparativo sobrevuela permanentemente en las conversaciones: "Nos consideran jueces de segunda. No se nos reconoce, no se nos quiere. Les sacamos las castañas del fuego, pero nos ven como un error del sistema", dice un profesional. ¿Son un error del sistema?, se le pregunta a la portavoz del Consejo General del Poder Judicial. "No, son profesionales que realizan la encomiable tarea de suplir las disfunciones del sistema. Algunos son extraordinarios y otros, menos. Se ha creado la figura del juez titular de adscripción territorial (juez volante) para cubrir vacantes, pero los interinos con más de 10 años de ejercicio pueden adquirir la titularidad por la vía del 4º turno", apunta Gabriela Bravo.
"El problema es que en esos concursos de méritos se valora el ejercicio de la abogacía, la docencia y de otras profesiones jurídicas más que la del ejercicio directo de la judicatura, y me pregunto qué otra experiencia o formación puede resultar más idónea para ser juez que haber sido juez", apostilla Alfredo Muñoz. A la búsqueda de una solución, el ministerio proclama su sensibilidad ante el problema y estudia fomentar el acceso a la titularidad por la vía del 4º turno, aumentando el número de plazas. Todo hará falta para sacar a la justicia española del marasmo en el que se encuentra.
ANÁLISIS
El comodín del sistema
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ARMENGOL
En el ámbito actual de la Administración de Justicia, la figura del juez sustituto resulta imprescindible para poder abordar con garantías el quehacer jurisdiccional, toda vez que la planta judicial existente en España se encuentra claramente descompensada, en la ratio población / juez, en relación con otros países de nuestro entorno europeo.
Si bien es cierto que existe un exceso de justicia interina en el ámbito de la Administración de Justicia en todas sus categorías, no sólo en lo que concierne a los jueces, las escasas inversiones presupuestarias han venido a propiciar la expansión de esta figura, conformándose con el tiempo, por lo general, un cuerpo suficientemente pertrechado y preparado a nivel jurídico, adquiriendo la experiencia necesaria y veteranía que la permanencia en el cargo viene a dispensar.
Los sistemas de selección, con el transcurso del tiempo han sido mejorados, donde prima la experiencia, si se tiene, en el ejercicio jurisdiccional, amén de valorarse, de forma subsidiaria, la preparación de oposiciones para el ingreso en la carrera judicial, teniendo especial relevancia haber aprobado alguno de dichos ejercicios, así como la experiencia obtenida en otros ámbitos jurídicos. A efectos de dispensar la máxima calidad en el ejercicio de su función, normalmente, se procede a su adscripción siguiendo pautas de especialización por jurisdicciones.
Consecuentemente, la figura del juez sustituto compensa el déficit de titulares; evita suspensiones de juicios, bien por enfermedades u otras causas; mitiga las posibles dilaciones en la tramitación y resolución de procedimientos; y se adscriben a diferentes planes de refuerzo en los juzgados para paliar retrasos y absorber excesos de carga de trabajo.
José Luis González Armengol es Magistrado-Juez Decano de Madrid.
El Registro Civil se abre a internet con fichas únicas y sin colas de espera
El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley del nuevo registro civil
Busca agilizar las gestiones para los ciudadanos
Publicado en www.rtve.es
Un Registro Civil más "ágil y eficaz". Bajo esa premisa ha aprobado el Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley del nuevo Registro Civil, que será único, de acceso y gestión electrónico y desjudicializado.
En el nuevo Registro Civil, al nacer una persona se crea una ficha donde se irán recabando todos los datos sobre su estado civil a lo largo de toda su vida.
Hasta ahora, cada hecho constituíble de ser notariado en la vida de una persona debía ser registrado en el archivo civil del lugar donde ocurría. Es decir, si un hombre nacía en Lugo, pero se casaba en Sevilla; su registro de nacimiento estaba en Lugo, aunque su boda quedaría archivada en el registro de la capital andaluza.
Cualquier solicitud se podrá, por tanto, hacer en cualquier oficina del Registo, aunque ésta no sea en donde se certificó el nacimiento o el matrimonio, por ejemplo.
La base de datos será así única y los certificados serán expedidos telemáticamente. Además, los empleados públicos también tendrán acceso a esa base, de modo que los ciudadanos no tengan que presentar documentación cada vez que hagan un trámite.
En cuanto a los matrimonios civiles, no será necesario hacer trámites previos -de los que se encargarán los propios ayuntamientos al tener acceso a la base de datos- y sólo será necesario notificar el enlace una vez se haya celebrado la boda.
Asimismo, dejarán de expedirse libros de familia, que serán sustituidos por certificaciones registrales, que podrán solicitarse personalmente o a través de internet.
Los ayuntamientos funcionarán como oficinas receptoras de la nueva información que los ciudadanos tengan que aportar. Así, el Registro Civil pasará de tener más de 8.000 oficinas a poco más de un centenar, en el que sólo existirá un registro central. Sí se mantienen las oficinas consulares para facilitar las gestiones a los españoles residentes en el exterior.
En cuanto a las gestiones sobre la nacionalidad por residencia, toda la tramitación cae en manos de la delegación y subdelegación del Gobierno.
Esta evolución en el Registro Civil se ha conseguido gracias a la digitalización de los documentos que los conforman, que se inició en 2005. Se espera que a mediados de año esté completa hasta el año 1950.
Con esta reforma, el registro estará abierto los 365 días del año, al ser accesible por internet y se desvinculará del Poder Judicial y pasa a ser un órgano de la administración, bajo la gestión de la Dirección Nacional de Registros y Notariados. Sin embargo, este cambio no significa que los actos continúen sometidos al control judicial.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, encargado de explicar el anteproyecto de ley tras el Consejo de Ministros, ha asegurado que la filosofía de éste es que se trata de un "registro de personas, no de hechos" y ha defendido que esta es una ley "propia de una sociedad avanzada".
Además, ha querido resaltar que esta concepción hace del Registro Civil un "servicio al ciudadano" y que no sea visto como "una carga administrativa".
El Registro Civil único acaba con el Libro de Familia
El anteproyecto del Gobierno busca que el Registro Civil se convierta en un registro individual, que otorgue a cada individuo una ficha personal única, donde figurará el historial civil de cada persona desde su nacimiento.
Publicado en www.cope.es
- Al nacer, los españoles recibirían un Código Personal de Ciudadanía (CPC), correspondiente a una secuencia alfanumérica, que servirá para todos los trámites que el usuario precise realizar con el Registro Civil.
- Su ficha personal podrá ser consultada telemáticamente y también será accesible por las administraciones que lo necesiten para la realización de trámites.
- Dejarán de expedirse Libros de Familia, que serán sustituidos por certificaciones registrales, que podrán ser solicitados personalmente o a través de internet.
- Los registros dejarán también de ocuparse de la tramitación de los expedientes matrimoniales y serán los municipios los que se encargarán de ello y,
una vez celebrado el matrimonio, lo pondrán en conocimiento del registro.
- Los centros sanitarios, los ayuntamientos o los órganos judiciales serán los encargados de remitir al Registro Civil por vía telemática la documentación necesaria para inscribir los nacimientos, los matrimonios, los divorcios o las defunciones.
- El nuevo registro será acorde al Estado de las autonomías. Reconoce el derecho al uso de las lenguas oficiales del Estado, de manera que los ciudadanos podrán obtener certificaciones en cualquiera de estas lenguas.
El nuevo Registro Civil se articulará en tres órganos sin dependencia jerárquica y con funciones muy específicas: oficinas generales, oficina central y oficinas consulares.
- Las oficinas generales, unidad básica del nuevo registro, serán las encargadas de las funciones ordinarias. El texto prevé la creación de una por comunidad autonóma más otra por cada 50.000 habitantes.
- La oficina central inscribirá las resoluciones de la Dirección General de Registros y del Notariado, los documentos auténticos extranjeros y se encargará de la cooperación jurídica internacional en materia registral.
- Las oficinas consulares, dependencias del Registro Civil en el extranjero, no variaría sustancialmente con respecto al actual modelo.
-Se pasará a tener unos 108 registros aproximadamente, frente a los 431 registros principales que hay en la actualidad, a los que hay que añadir los más de 7.000 juzgados de paz de todo el país.
