La huelga de jueces y magistrados, a la que también se han unido los fiscales, los encierros de los abogados de oficio de Madrid y Alcalá de Henares y el paro de los funcionarios de Justicia de Madrid confluyen en esta semana, que se revela clave para el futuro del estamento judicial, y que además coincide con la llegada al Pleno del Congreso este miércoles del tema de la cacería del juez Baltasar Garzón con el ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo en plena operación contra la trama de supuesto espionaje en el seno del PP.
Así las cosas, y tras muchos tiras y aflojas que parecen no haber llegado a buen puerto, jueces y magistrados de la práctica totalidad de órganos judiciales de toda España están convocados el próximo miércoles, día 18, a secundar lo que sería la primera huelga de este colectivo en la historia, en demanda de mejoras estructurales en la Administración de Justicia. La protesta es respaldada por cerca del 20 por ciento de la carrera, que apoyó la adopción de la medida en juntas de jueces celebradas el pasado 21 de enero en sus respectivos territorios y por dos de las cuatro asociaciones a las que pertenece el 40 por ciento de la Judicatura (Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente).
Por su parte, la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en este colectivo, anunció hoy que se suma a los actos reivindicativos convocados para el próximo día 18 por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD), en protesta por la actual situación de la Justicia. Estos actos, que se materializaran previsiblemente en concentraciones a las puertas de los juzgados, se efectuarán al mismo tiempo que otro sector de la judicatura realiza una jornada de huelga, apoyada aproximadamente por un 20 por ciento de los jueces en España.
En un comunicado remitido el pasado jueves, la AF señala que se une a la convocatoria de concentraciones para poner de relieve la "penosa situación" de la Justicia y niega que el apoyo que prestan a las iniciativas de protesta anunciadas por los jueces tengan carácter corporativista. Además, añaden que han tomado esta decisión tras analizar el resultado de la reunión que mantuvieron el pasado día 28 de enero con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que califican de "decepcionante", por lo que le demandan un "cambio de actitud".
El CGPJ entiende que no hay "cobertura legal" para el ejercicio del derecho de huelga por parte de los jueces, pero la Judicatura española se plantará por primera vez en la historia para denunciar la grave situación que afrontan. Por su parte, el Consejo General de la Abogacía consideró “improcedente” la huelga anunciada por jueces decanos y por los representantes de las asociaciones judiciales a través de un comunicado, en el que además señalaba que “comparte algunas de sus reivindicaciones” pero estima que “los problemas de la Justicia son mucho más amplios y profundos, y la anunciada huelga de jueces y magistrados no aliviará la muy precaria situación de los derechos de los ciudadanos ante la Justicia”.
Dado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó la convocatoria y la consiguiente fijación de servicios mínimos, jueces decanos, representantes de ambas asociaciones y de diferentes juntas acordaron en una asamblea celebrada este fin de semana en Madrid el establecimiento de unos servicios mínimos "responsables", especialmente para las situaciones en las que puedan "estar en juego" los derechos fundamentales.
En concreto, entre las actuaciones que previsiblemente, no sufrirán retraso por la huelga está el registro civil de matrimonios y, en materia penal, la celebración de juicios con causa con preso y las diligencias de servicios de guardia que afecten a derechos fundamentales como entradas y registros o intervenciones telefónicas.
En el plano contencioso administrativo, también quedarán excluidos de la huelga el tratamiento de los recursos contencioso electorales de las Comunidades Autónomas en las que hay convocatorias electorales, Galicia y País Vasco, y las cuestiones que afecten a las juntas electorales.
Razones
Los jueces han convocado este paro como medida de presión para que el Ministerio de Justicia y el CGPJ acepten sus reivindicaciones, que pasan por un incremento retributivo, la adecuación del ratio de jueces al de la media europea y el no perder la agenda de los señalamientos (potestad que una reforma legal prevé asignar a los secretarios judiciales).
La huelga es fruto del malestar del colectivo tras las críticas vertidas por el Gobierno central a raíz de la decisión del Consejo de sancionar con 1.500 euros al juez de Sevilla Rafael Tirado, cuya actuación permitió que el supuesto asesino de la niña Mari Luz estuviera en libertad pese a estar condenado por pederasta. Con motivo del 'caso Mari Luz', que evidenció la precariedad en la que trabajan los jueces, la Judicatura se movilizó a través de sus canales internos en Internet para escenificar su desazón en una jornada de huelga.
Con el respaldo a la huelga, FV y FJI se distanciaron de la propuesta consensuada el pasado 12 de enero con el resto de asociaciones (la Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia), que pasa por realizar meras concentraciones el día 18 a la puerta de los juzgados y una posible huelga para el 26 de junio.
Pese a firmar dicho acuerdo, días más tarde las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente presentaron ante el órgano de gobierno de los jueves una convocatoria formal de huelga, desmarcándose de sus compañeros.
Precariedad y colapso
Las demandas de la Judicatura pasan por la instauración de la nueva oficina judicial, la implantación en los juzgados de las nuevas tecnologías, el establecimiento de una carga máxima de trabajo razonable que pueda asumir cada juez, la adopción de medidas necesarias para la conciliación de la vida laboral y familiar de los magistrados y una adecuación de las retribuciones que perciben.
Los jueces reclaman un incremento presupuestario de un 3,5 por ciento, un ratio de jueces como el de la media europea, es decir, 20 por cada 100.000 habitantes, y controlar la agenda de señalamientos ante la previsión de la Oficina Judicial de dar esta potestad a los secretarios judiciales.
Sobre el incremento de la plantilla, estiman que se necesita un plazo de cinco años para que se creen 1.200 plazas judiciales --ahora hay 4.400, con jueces profesionales-- con miras a afrontar el exceso de trabajo que asumen los magistrados de la capital.
Movilizaciones en el Turno de Oficio
Además de los jueces, los abogados de Oficio de los Colegios de Madrid y Alcalá de Henares también han preparado movilizaciones para esta semana. Así, los abogados del Turno del Colegio de Madrid se encerrarán doce horas este lunes en la sede del Colegio de Abogados de Madrid para escenificar su malestar ante las precarias condiciones salariales y laborales a las que se enfrentan para desarrollar su labor al frente de la asistencia jurídica gratuita. El encierro se iniciará a las 20.00 horas de este lunes y finalizará a las 8.00 horas del martes.
Esta iniciativa forma parte del plan de movilizaciones pactado por las tres asociaciones que representan al colectivo para forzar a las Administraciones a implantar medidas urgentes que mejoren sus condiciones de trabajo, especialmente en el ámbito retributivo. La principal medida de presión acordada es la renuncia de las guardias a partir de marzo.
Las movilizaciones se producen como protesta al impago de la Comunidad de sus honorarios, una deuda que asciende a los 24 millones de euros. La Comunidad de Madrid aprobó hace dos semanas un presupuesto de 30 millones de euros para sufragar los gastos del colectivo de 2009. Por tanto, la deuda se pagará a cargo de los presupuestos previstos para este año, lo que provocará que la situación de impago se vuelve a repetir.
Entre sus reivindicaciones figura también que se les actualicen los baremos conforme al IPC. Tanto abogados como el ICAM exigen que se pongan al día los baremos conforme al IPC, puesto que no se revisa desde 2003, en el caso de la Comunidad de Madrid, y desde 1996 en el caso del Ministerio.
Encierro de abogados de Alcalá de Henares
Por otra parte, los abogados de Alcalá de Henares también se encerrarán a partir de este lunes en las dependencias del Colegio para reclamarle a la Comunidad de Madrid que pague el turno de oficio. Según el Colegio de Abogados de Alcalá, el Gobierno regional adeuda a los abogados de oficio 3 millones de euros desde marzo de 2008.
Desde el Colegio de Abogados afirman que a pesar de que la Comunidad de Madrid aprobó el pasado mes una partida de 30 millones de euros para pagar a los abogados de oficio, esa cantidad no ha sido consignada todavía.
La falta de garantías en los pagos, aseguran desde el Colegio de Abogados, es lo que ha motivado la movilización de los letrados. El encierro comenzará hoy lunes a las 10 de la mañana y por la tarde los abogados complutense se trasladarán a Madrid para continuar el encierro en la sede del Colegio de Abogados de Madrid.
Los funcionarios de Madrid, también en huelga
Además de la huelga de los jueces y el encierro de los abogados, los funcionarios de la Justicia de Madrid alternarán a partir de este lunes quince días de huelga con una semana de trabajo como medida de presión para forzar a la Comunidad de Madrid a implantar medidas inmediatas que frenen el actual deterioro que atraviesan los tribunales de la región.
La convocatoria de huelga, realizada por CC.OO., STAJ y UGT con carácter indefinido, se produce como protesta a las políticas restrictivas que está llevando a cabo el Gobierno regional en materia económica y de personal. A ello se suma el incumplimiento de los acuerdos pactados en diciembre de 2007 por el ex consejero de Justicia Alfredo Prada. El convenio contemplaba un plan de choque para incrementar las plantillas de los Juzgados de lo Penal o el Registro Civil, las sedes judiciales más atascadas de Madrid.
La huelga irá acompañada de concentraciones diarias, a las 8.30 horas, a las puertas de las principales sedes judiciales de Madrid, como los Juzgados de Plaza de Castilla, la Audiencia Provincial de Madrid y el Registro Civil de la calle Pradillo, entre otras. Además, los sindicatos celebrarán hoy una Asamblea en la sede de CC.OO. para informar a los empleados públicos de las movilizaciones que se realizarán cada día.
La coordinadora del sector de CC.OO. de Justicia de Madrid, Felicidad López, explicó la pasada semana que la situación que se generó por el incumplimiento de los acuerdos se ha deteriorado por la política restrictiva desarrollada por la Comunidad.
La alternancia de huelga se producirá a partir del 16 de febrero, dos días antes de que se produzca el paro convocado por los jueces de Madrid. El día 16, los funcionarios celebrarán una Asamblea General para decidir si se refuerza la convocatoria con un paro indefinido.
Los sindicatos sustentan la convocatoria en que los empleados públicos no dan abasto. "Los funcionarios están asfixiados por el estrés que supone trabajar en estas condiciones", se lamentó Alberto García, de STAJ. "Aguirre y Granados son los únicos responsables de esta situación", recalcó.
El “caso cacería”, al Pleno del Congreso
Entre tanto, la polémica cacería en la que coincidieron el juez Baltasar Garzón y el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en plena investigación del primero a la supuesta trama de corrupción en el seno del PP, llegará al Pleno del Congreso este miércoles. Tras darse a conocer este hecho, el PP anunció la ruptura de relaciones con el Ministerio de Justicia mientras su actual titular siga al frente del mismo que, en la práctica, se traduce en la suspensión de la puesta en práctica del conocido como Pacto de Estado por la Justicia
El PP ha decidido llevar este asunto a la Cámara Baja con una batería de preguntas sobre lo que ha bautizado como el 'caso cacería' con las que pretende obligar al Gobierno a opinar sobre este hecho. En concreto, interrogará sobre esta cuestión al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba y tangencialmente al propio Bermejo.
Rajoy, que no preguntará sobre la crisis por primera vez desde mayo de 2008, ha registrado una cuestión muy directa para al jefe del Gobierno: "¿Qué opinión le merece que el ministro de Justicia se vaya un fin de semana de cacería con el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional?".
El pasado viernes, Rajoy avanzó que aprovechará ese duelo exigir la dimisión de Fernández Bermejo, tal y como ya hizo la semana anterior el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, en presencia del propio ministro durante su comparecencia en la comisión parlamentaria del ramo.
La otra cuestión que alude directamente a la polémica cacería que planteará el PP tiene como objetivo que el ministro del Interior aclare si el comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González, coincidió también con Garzón y Fernández Bermejo en Jaén.
El propio Bermejo tendrá que contestar a tres preguntas del PP y, aunque sólo una tiene relación directa con el 'caso Gürtel', los diputados que las formularán sacarán a colación las actividades cinegéticas del ministro y su relación con Garzón, según avanzó en un encuentro informativo el secretario general del Grupo Popular, José Luis Ayllón.
Explicaciones por la huelga
El PP intentará también que Fernández Bermejo explique qué le parece que los medios de comunicación 'filtren' sumarios secretos y le echarán en cara que se vaya de caza en lugar de resolver los enormes problemas que atraviesa la Justicia. En este sentido, le preguntarán si los retrasos que acumulan los juzgados "perjudican" a los ciudadanos.
También le pedirán que informe del estado de sus negociaciones con las asociaciones judiciales que han anunciado su intención de ir a la huelga precisamente el mismo día en que el Congreso celebrará su próxima sesión de control.
Además de interrogar al Gobierno sobre la coincidencia del juez y el ministro en Jaén, el primer partido de la oposición también ha pedido la comparecencia de Fernández Bermejo ante el Pleno del Congreso y la del fiscal general ante la Comisión de Justicia, además de plantear la recusación del magistrado y solicitar al Consejo del Poder Judicial que abra una investigación.
