Madrid: Un polígono en obras alberga los juzgados de violencia de género
Los funcionarios se quejan del trabajo acumulado y de turnos de hasta 12 días
Cada vez más juzgados, sí, pero pocos medios para atenderlos. Personales y materiales. De eso se quejan los funcionarios de los juzgados de violencia sobre la mujer de Madrid capital en una carta que han enviado al consejero de Justicia, Francisco Granados. La firman 75 personas, que denuncian, entre otras cosas, que el edificio que acoge siete de las 10 salas de Madrid capital no está preparado para su función: pequeñas salas de espera sin ventanas para las mujeres; víctimas y agresores cruzándose por los pasillos, obras constantes que obligan a detener las vistas a causa del ruido... Vallas de obra, contenedores de escombros y palés cargados de ladrillos a la entrada. El número seis de la calle de Manuel Tovar parece cualquier cosa menos el inmueble que acoge siete juzgados de violencia machista.
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Huesca: Funcionarios del Juzgado de violencia de género de Huesca reivindican mejoras en sus condiciones laborales
Los funcionarios de Justicia de Huesca han protagonizado hoy un paro de quince minutos, convocado por la Junta de Personal, para denunciar las condiciones laborales y el incremento de horario que soportan los trabajadores del Juzgado número 2 al tener asumida la competencia de violencia de género.
Un problema que no sólo afecta a Huesca, también a Zaragoza y Teruel, donde igualmente se llevan a cabo movilizaciones para denunciar que los trabajadores se ven obligados a tener una disponibilidad continua en su trabajo cada vez que se presenta un asunto de violencia de género, ya que éste se considera prioritario y paraliza el resto de asuntos civiles y penales, según explicó el presidente de la Junta de Personal, Juan José Sarvisé.
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Las goteras de los juzgados del maltrato
Los jueces revelan graves carencias para aplicar la ley contra la violencia machista
Faltan oficinas de atención a las víctimas, equipos psicosociales, médicos forenses y fiscales exclusivos, unidades de valoración del riesgo, una mejor coordinación con los servicios sociales, puntos de encuentro familiar, dependencias reservadas para las víctimas y formación en violencia de género para los jueces y secretarios judiciales. Cuando se iban a cumplir tres años de la puesta en marcha de los juzgados de violencia sobre la mujer en España, el Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) comenzó a elaborar un informe que ha detectado graves carencias personales y materiales en los órganos judiciales encargados de proteger a las mujeres maltratadas. Un ejemplo: de los 405 juzgados que han colaborado en el informe, sólo 39 (apenas el 9,63%) tenía brazaletes o pulseras electrónicas en su partido judicial para proteger a las víctimas y detectar si el agresor rompe la orden de alejamiento y está cerca de la mujer.
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¿Por qué se quejan tanto los jueces?
¿Pero de qué se quejan los jueces? ¿Quieren más dinero? Pocas reivindicaciones de la historia de nuestra joven democracia tienen tan poco que ver con las mejoras salariales. Los jueces se quejan porque se sienten —como dice con gracia uno de ellos— «como un enano construyendo una pared gigante». Y porque de eso, quien sale perdiendo es la gente.
En la cuarta planta de los relativamente modernos juzgados del Palacio de Justicia de Sa Gerreria, se ubica, entre otros, el Juzgado de lo Mercantil número 1, al cargo del cual se encuentra el juez Víctor Fernández. Nada más entrar en la sala donde trabajan los funcionarios, en el suelo, a mano izquierda, se apilan las cajas de un caso muy, muy «grande»:Los 46 tomos de 500 folios cada uno (encuadernados con las cartulinas rojas de los terribles «procedimientos concursales», las antiguas quiebras, suspensiones de pagos, EREs, etc.) del caso Drac, dan idea de lo que puede llegar a complicarse la tramitación legal de una empresa de gran tamaño de la que depende la economía de una región y de miles de personas.
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