Publicado en www.diariodesevilla.es
Un mismo fin, una misma forma para alcanzarlo pero dos velocidades radicalmente distintas. Las reuniones provinciales de jueces celebradas el pasado miércoles han puesto de manifiesto el cisma que se ha producido entre las bases de la judicatura, que representan los titulares de los órganos unipersonales, los jueces destinados en instancias superiores, como las audiencias provinciales y las salas de los tribunales superiores, y las cuatro asociaciones que representan al 50% de la carrera judicial.
La votación de las distintas reuniones provinciales anticipando la huelga al 18 de febrero ha puesto en evidencia la labor de las asociaciones profesionales, reunidas en la Comisión Interasociativa Profesional (CIP), que era partidaria de convocar la huelga para el 26 de junio, dejando un margen al Gobierno para que mostrara su voluntad de acceder a las reivindicaciones.
Los jueces de base, los que soportan de forma más directa las carencias de la Justicia -que se hace más patente en partidos judiciales alejados de la capital-, son precisamente los que han liderado la rebelión de las togas.
La intranet del Poder Judicial, que desde octubre pasado ha canalizado las protestas de los jueces a través de los millares de correos electrónicos que se han cruzado los miembros de la carrera, acogió ayer con satisfacción el resultado de las reuniones de jueces. Hasta el mediodía de ayer se contabilizaban más de 150 e-mails en los que los magistrados se felicitaban por el adelanto de la huelga. Algunos jueces se congratulaban de la actitud de la carrera judicial por haber recuperado "la dignidad robada" y otros apostillaban sus mensajes con expresiones del tenor "ni un paso atrás".
La mayoría de los correos aplauden la reacción del "movimiento de base" de la Justicia española, aunque también hubo algunos mensajes -muy minoritarios- que se mostraban críticos con la decisión y que estaban a favor de aprobar la propuesta de la Comisión Interasociativa Profesional, que pretendía que la jornada de protesta del 18-F se limitar a una concentración simbólica de diez minutos a las puertas de los órganos judiciales y a la lectura de un comunicado.
El debate sobre la ruptura de la Justicia de base y los planteamientos de las asociaciones de jueces también fue objeto de múltiples opiniones en la web interna del CGPJ. Mientras unos jueces apuntaban que el divorcio entre ambos sectores es una realidad incontestable, otros se afanaban en tratar de hacer ver a sus compañeros que la convocatoria de una huelga histórica en la judicatura para 18-F ha reforzado la posición de las asociaciones profesionales ante el Ministerio de Justicia y de cara a las futuras negociaciones.
El próximo contacto entre los jueces y el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo ha sido fijado para este lunes. Las principales asociaciones ya han mostrado sus reticencias a la posibilidad de integrar en esta reunión o en futuros encuentros a magistrados no asociados -el otro 50% de la carrera no pertenece a ninguna asociación- o a los jueces decanos de las localidades más críticas y que han apoyado la huelga en febrero, como es el caso de Sevilla, Madrid o Barcelona.
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, dijo que las asociaciones "guste o no, son interlocutores institucionales que cuentan con un reconocimiento constitucional". El representante de esta asociación, mayoritaria en la carrera y de carácter conservador, trasladó al ministro de Justicia la responsabilidad de decidir si los jueces no adscritos son un "interlocutor oportuno".
Entre las 28 reuniones de jueces que apoyan la huelga en febrero, además de las mencionadas, se encuentran otras de comunidades como Castilla la Mancha, Extremadura y Murcia. Otras localidades como Valencia han pospuesto su apoyo a la huelga a una nueva reunión a finales de enero.
