El Ministerio de Justicia y el Gobierno bloquean, por suponer un incremento del gasto público, las enmiendas presentadas por CCOO a la Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia que garantizan la separación de las víctimas y agresores en las sedes judiciales, y consolidan la formación en perspectiva de género al personal que atiende a las mujeres y menores víctimas de la violencia machista
El proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia que se está tramitando en el Congreso dispone que “El Consejo General del Poder Judicial deberá estudiar, en el ámbito de sus competencias, la necesidad o carencia de dependencias que impidan la confrontación de la víctima y el agresor durante el proceso, así como impulsar, en su caso, la creación de las mismas, en colaboración con el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas competentes”
Frente a esa falta de determinación para que víctimas y agresores no compartan espacios en las dependencias judiciales, CCOO ha propuesto a los grupos políticos del Congreso una nueva redacción de este punto del art. 89 de la LOPJ con el siguiente texto:
“El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas competentes garantizarán la existencia de dependencias que impidan la confrontación de la víctima y el agresor durante el proceso”
Esta propuesta de CCOO ha sido acogida por el Grupo Parlamentario Republicano, añadiendo en su enmienda que los gastos que se deriven de esta garantía serán a cargo de los Presupuestos Generales del Estado; el Gobierno, que ha estimado estos gastos en 13,84 millones de euros, no ha prestado su conformidad a la tramitación de esta enmienda, y la ha vetado en virtud de lo establecido en el art. 134.6 de la Constitución y conforme a lo dispuesto en el art. 111 del reglamento del Congreso, que permiten al Gobierno paralizar la acción legislativa cuando ésta conlleve incremento del gasto público
El Gobierno ha mantenido el mismo criterio de veto ante otras dos enmiendas al proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa, también presentadas por el Grupo Parlamentario Republicano. Estas enmiendas, propuestas por CCOO a todos los grupos políticos, tratan de la formación especializada en materia de violencia y perspectiva de género del personal de la Administración de Justicia para una mayor especialización y una mejor atención a las víctimas
La propuesta consiste en una modificación de LOPJ para que se establezca un plazo de seis meses para la impartición con carácter obligatorio de una formación a todo el personal funcionario e interino de todas las carreras, cuerpos, escalas y categorías profesionales de la Administración de Justicia. Esta acción formativa se refiere a la medida núm. 10 de las establecidas en la Resolución de 28 de julio de 2021 de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2021, y por el que se aprueba el Catálogo de Medidas Urgentes del Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género
Esta medida núm. 10 establece la “realización de una acción formativa conjunta por los ministerios de Interior, Justicia e Igualdad, con carácter anual, masiva y multidisciplinar, que tenga las características de curso reglado, certificado, obligatorio, dirigido a todas y todos los agentes de los cuerpos policiales, con especial atención a las unidades de Seguridad Ciudadana, y al personal al servicio de la Administración de Justicia no limitado a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, singularmente en los órganos judiciales con competencias en materia de familia”
En CCOO no acabamos de entender que sea el mismo Gobierno que establece la medida el que luego la impide con su derecho a veto en lugar de dotarla presupuestariamente. En este caso, el Gobierno ha cifrado el coste de esta acción formativa en 233.000 euros
Para CCOO la protección a las víctimas de violencia de género y su atención especializada en la Justicia, va más allá de la publicación en el BOE de unas declaraciones de intenciones. El sindicato exige dotaciones presupuestarias para implementar las correspondientes medidas y ni el Ministerio de Justicia ni el Gobierno en su conjunto pueden mirar para otro lado
Pero es que, además, el art. 27.2 de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, obliga al Ministerio de Justicia, en colaboración con las comunidades autónomas con competencias al respecto, a asegurar que, en la formación inicial y continua del personal al servicio de la Administración de Justicia se incluya transversalmente la perspectiva de género
Este modo de impedir la implementación de las medidas aprobadas son una triste noticia en relación con la atención a las víctimas de la violencia de género (mujeres y menores) durante su periplo judicial: seguirán siendo atendidas por personal sin la necesaria formación ni especialización y en espacios que no garantizan, en la inmensa mayoría de las sedes judiciales españolas, la separación física del agresor durante todo el proceso
Las consecuencias de este veto será la ineficacia de unas normas aparentemente protectoras de las víctimas de violencia de género y la consiguiente y vergonzosa revictimización de las mismas en forma de violencia institucional
No podremos extrañarnos cuando la sociedad señale con el dedo a este Servicio Público, denunciándolo como una Justicia Patriarcal
