- La Tesorería General de la Seguridad Social se ha dirigido al Ministerio de Justicia y éste al Juzgado Central de lo Contencioso de la Audiencia Nacional denegando lo establecido en las resoluciones judiciales, que les obliga a dar de alta en la Seguridad Social a los trabajadores/as que demandaron a la Administración
- CCOO acusa a la Tesorería General de la Seguridad Social de pretender incumplir las resoluciones judiciales que les obligan a dar de alta en la Seguridad Social al Personal Interino, por el que no cotizaron antes del 1 de agosto de 1990
- Tampoco el Ministerio de Justicia puede esconderse detrás de la Seguridad Social, pues también es su responsabilidad cumplir las resoluciones judiciales
La Tesorería General de la Seguridad Social se ha dirigido al Ministerio de Justicia para no dar de alta en el Régimen General de Seguridad Social a numerosos compañeros y compañeras que demandaron a la Administración por vía judicial, con el apoyo de CCOO, para que fueran dados de alta en dicho Régimen por los períodos no cotizados entre el 30 de junio de 1978 y el 31 de julio de 1990. Algo a lo que tienen derecho, pues es la Administración (Tesorería de la Social y el Ministerio de Justicia) la que ha vulnerado toda la normativa de Seguridad Social al mantener, antes de agosto de 1990, a todo un colectivo sin derechos sociales.Para CCOO, lo que constituye una actuación de una gravedad extrema es que la Tesorería de la Seguridad Social se haya pronunciado expresamente contra las decisiones establecidas en numerosas resoluciones judiciales, y haya decidido por su cuenta no dar de alta en el Régimen General de Seguridad Social a los trabajadores/as que han logrado en sede judicial el reconocimiento al alta.
Ni la Tesorería de la Seguridad Social, ni el Ministerio de Justicia ni el Gobierno en su conjunto pueden no acatar y no cumplir las resoluciones judiciales, pues es una de sus primeras obligaciones, y no hacerlo es ponerse fuera de la Ley.
¿Qué discurso puede dar el Gobierno a la ciudadanía cuando está incumpliendo numerosas resoluciones judiciales y al mismo tiempo se atreve, no obstante, a exigir a los demás que las cumplan, y de no hacerlo les acusa de estar fuera de la Ley?
Las normas legales y las resoluciones judiciales obligan a todos sin distinción en un Estado de Derecho. Y, por tanto, obligan al Gobierno y sus órganos.