Funcionarios y profesionales resaltan el coste de la privatización del Registro Civil para el usuario


26 mar. 2015


Los trabajadores consideran necesario conseguir que los ciudadanos hagan suya esta reivindicación

La privatización del Registro Civil, que desde mediados de julio pasará a ser una parte del negocio de los registradores, no afecta tanto a los funcionarios de este servicio, que volverán a sus puestos de trabajo en los juzgados a los que estén adscritos, sino a los ciudadanos en general y a los interinos y contratados. Que las movilizaciones en contra de la privatización del Registro Civil cuentan con la simpatía de los funcionarios judiciales, abogados y procuradores, volvió a quedar claro en la asamblea celebrada ayer en el nuevo edificio de O Couto. También asistieron representantes de distintas organizaciones de la oposición política. No es suficiente, según dijo la portavoz del grupo de trabajadores públicos del Registro Civil de Ourense. «Hemos de conseguir que el ciudadano haga suya la reclamación», en palabras de la representante de este colectivo, que llamó la atención sobre el hecho de que las gestiones que actualmente ofrece el Registro Civil son gratuitas, una situación que desaparecerá una vez que sea una fuente más de ingresos para los registradores. El ciudadana «pagará a una élite» por gestiones tan elementales como la obtención de certificado de nacimiento o una fe de vida.
La movilización en contra de la privatización del Registro Civil es también, según resaltan, una defensa de la gestión pública, al considerar que no se puede regalar este negocio a un colectivo privado después de una inversión de 128 millones de euros en la modernización del servicio.
«Todos los ciudadanos estamos vinculados al Registro Civil», dijo la portavoz del colectivo de empleados de este servicio público, para cuya desaparición se maneja la fecha del 15 de julio de este mismo año, según las previsiones del Gobierno.
La asamblea celebrada ayer en el nuevo edificio judicial dejó como conclusión principal la necesidad de dar visibilidad al conflicto, que no es algo particular, insisten los funcionarios, sino un problema que afecta a todos los ciudadanos en cuanto usuarios.

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