Decenas de trabajadores se concentran en los juzgados de Santiago contra la privatización del Registro Civil


26 mar. 2015


Arranca una recogida de firmas en Galicia y España para presentar una ILP en el Congreso

Una asamblea reivindicativa con decenas de personas se ha celebrado este miércoles en la sala de bodas de los juzgados de Santiago con la presencia de diversos sindicatos como UGT, CC.OO., CIG. CSI-F y USO, así como varios profesionales como abogados o procuradores en defensa de los registros civiles públicos. De tal forman, han llamado a apoyar una campaña por toda Galicia y España que buscará conseguir un total de 500.000 rúbricas para presentar una iniciativa legislativa popular (ILP) en el Congreso de los Diputados en contra de la privatización de los registros civiles, ante la pretensión del Gobierno de que este servicio lo asuman los registradores mercantiles.
Bajo el nombre de «É público, é teu, sálvao», se ha iniciado esta campaña en Galicia, impulsada por el sindicato CC.OO., que tiene su réplica por todo el Estado con el fin de alcanzar las 500.000 firmas para lograr que el Registro Civil continúe siendo un servicio público gratuito y servido íntegramente por funcionarios públicos. Asimismo, está previsto que este jueves se celebren protestas en Ferrol y A Coruña.
En declaraciones, Chelo Rodríguez, de la CIG, ha explicado que el Registro Civil garantiza la privacidad de los ciudadanos, cuestión que no se producirá con su privatización, ya que son datos que pueden tener gran valor para diversas campañas comerciales. Por ello, considera «una barbaridad que pase a manos de los registradores mercantiles». «Con la privatización, los registradores van a cobrar por arancel y todas aquellas cosas que se están haciendo ahora de forma gratuita pasarían a ser pagadas», según denuncia Chelo Rodríguez, como puede ser «cualquier cosa» que haya que hacer en el registro civil y ha puesto como ejemplo un matrimonio.
Y es que según recuerda, «hay casos muy sensibles» como cambios de sexo, divorcios o adopciones que deben estar en manos de funcionarios públicos y a los que no pueden tener acceso las empresas.
Por su parte, Sergio Riveiros, de UGT, ha avisado de que «se va aumentar hasta el infinito la cantidad de cosas que haya que ir a inscribir», como un seguro de vida, lo que provocará mayores gastos para los ciudadanos. Asimismo, cree que habrá que «modificar la ley de datos», ya que un trabajador a cargo de un registrador no debería poder tener acceso a esos datos.
Asamblea
Durante la celebración de esta asamblea en Compostela se ha informado de que se mantendrán las movilizaciones, se presentarán mociones en diversos municipios y se buscarán encuentros con representantes políticos. Muchos de los presentes portaban camisetas amarillas en las que se podían leer mensajes contra la privatización, en un sala presidida por una gran pancarta con el lema: «O rexistro é teu. Sálvao».
A modo de ejemplo sobre lo que supondrá la privatización de los registros civiles se ha puesto el caso de alguien que cobre un pensión de 120 euros, de los que deberá destinar 20 euros a la fe de vida.
A preguntas sobre si han trasladado sus quejas a la Consellería de Xustiza, Chelo Rodríguez ha lamentado que el Gobierno gallego se limita a decir que «esto no va con ellos» y se remiten al Ejecutivo central.
Así las cosas, se abre un escenario en el que habrá que acudir a las ciudades en las que hay registradores de la propiedad, y en Galicia solo hay cinco. En el resto de villas el sitio la que ir será el notario, pero como en muchas de ellas no hay, «es posible» que en los juzgados de paz el gestor recoja las solicitudes. «Y si no, habrá que desplazarse varias veces para ir a un registro», apunta Rodríguez.

Asimismo, según denuncia Riveiros, los 130 millones de euros públicos invertidos en la digitalización del registro civil serán entregados a intereses privados que se corresponde con los registradores mercantiles

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