¿Defensora del pueblo o defensora del gobierno de Rajoy?


25 nov. 2014



Una vez más se demuestra que  la politización en el nombramiento de los representantes de algunas instituciones del Estado y los órganos administrativos dependientes jerarquicamente del Gobierno solo sirven para hacer efectivo el refrán “nunca muerdas la mano que te da de comer” 

¿DEFENSORA DEL PUEBLO O DEFENSORA DEL GOBIERNO DE RAJOY?

CCOO DENUNCIA QUE LA DEFENSORA DEL PUEBLO SE OLVIDA DEL INTERÉS GENERAL QUE DEBE REGIR LA INSTITUCIÓN QUE PRESIDE Y POR EL CONTRARIO DEFIENDE AL  GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR Y LOS “INTERESES CORPORATIVOS” DE SU PRESIDENTE AL NEGARSE A INTERPONER RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA PRIVATIZACIÓNDEL REGISTRO CIVIL, COMO ASÍ LE SOLICITÓ CCOO.

CCOO TAMBIEN PONE DE MANIFIESTO LA IRRISORIA RESOLUCIÓN DE LA OFICINA DE CONFLICTOS DE INTERESES, UN CASO TÍPICO DE ÓRGANO ADMINISTRATIVO QUE NO SIRVE PARA NADA, SALVO PARA REIRSE DE LOS CIUDADANOS QUE LA FINANCIAN.

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, justifica su negativa a interponer el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 8/14, de 4 de julio (posteriormente convalidado como Ley 18/14, de 15 de octubre) con argumentos tan peregrinos como que la existencia de “extraordinaria y urgente necesidad” para dictar un Decreto-Ley le corresponde determinarla al Gobierno en primer lugar y al Congreso de los Diputados después en su función de control parlamentario, olvidandola Sra. Defensora que dicho control parlamentario por el Congreso está seriamente dañado por el “rodillo” que impone la mayoría absoluta del PP que ha convalidado el referido RD-ley a través de la Ley 18/14, aprobada únicamente con los votos de los diputados del PP y con la oposición del resto de partidos políticos del parlamento.

Sin embargo, la propia Sra. Becerril, reconoce que CCOO tiene razón al plantear que la “urgencia” de dicha aprobación solo era necesaria en cuanto a la prórroga de la vacatio legis establecida en la Ley 20/2011 del Registro Civil, pues para aprobar el resto de medidas que contiene, como es la atribución de la competencia a los Registradores Mercantiles y la definición del sistema informático que sustente el Registro Civil a través de la creación de una Corporación de Derecho Público,  el RD-ley no fue la mejor técnica legislativa” para ello, pero que esto “no es un vicio de inconstitucionalidad”. Pese a lo cual la Sra. Becerril no tiene ningún pudor en declararse neutral” ante la decisión del Gobierno de atribuir la competencia del Registro Civil a los Registradores Mercantiles.

Por el contrario, sí han aceptado el Grupo Parlamentario Socialista, la Izquierda Plural (IU, ICV-EUIA, CHA) y Unión Progreso y Democracia, una de las demandas presentadas porCCOO durante las entrevistas mantenidas con los mismos y han interpuesto recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que ha sido admitido a trámite.

¿A quién defiende realmente la Defensora del Pueblo? Cuando un Gobierno, abusando de su nepotismo, coloca al frente de una institución tan “delicada” como ésta a una persona de la militancia del partido que sirve de soporte al propio Gobierno, provoca dictámenes tan sectarios como el que ha remitido a CCOO en contestación a nuestra solicitud para que interpusiera recurso de inconstitucionalidad contra el referido RD-ley 8/14.

Pero, además,  en su dictamen la Defensora del Pueblo demuestra un absoluto desconocimiento de la realidad para rechazar la interposición del recurso de inconstitucionalidad, confundiendo, entre otras cuestiones, al personal laboral –empleados públicos éstos-  con  el personal que trabaja en los Registros Mercantiles, de régimen privado que por lo tanto no goza del carácter de empleado público, como así lo ha expuesto reiteradamente la doctrina de la Sala IV del TS.

Como venimos informando, CCOO también denunció ante la Oficina de Conflictos de Intereses (y ante la Fiscalía General del Estado, denuncia que sigue su curso legal), la concurrencia de distintas causas de abstención en el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón y en el ex  Director General de los Registros y del Notariado, José Rodríguez Hernández, que les obligaban a abstenerse de intervenir en la decisión de entregar el Registro Civil a los Registradores Mercantiles, solicitando que se iniciara el correspondiente procedimiento sancionador; sin embargo, la Oficina ha archivado la denuncia con el grotesco argumento de que las previsiones en relación con los registradores son genéricas y afectan a todo el colectivo de Registradores, por lo que no se produce ningún beneficio ni ventaja personal para ninguno de ellos.

CCOO era consciente de que la Oficina de Conflictos  tenía la credibilidad en entredicho por su dependencia directa con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y del propio Gobierno, a cuyos miembros tiene que fiscalizar. Esta sospecha, ya criticada por la propia Unión Europea señalando la INUTILIDAD de un órgano de fiscalización de incompatibilidades de políticos y altos funcionarios que carece de toda independencia, y que orgánica y funcionalmente depende del propio Gobierno, se ha visto confirmada por la respuesta a nuestra denuncia. La directora general ha sido incapaz de “ver”, siquiera indiciariamente, la existencia de conflicto de intereses en el hecho de que el Presidente del Gobierno y el Director General de los Registros y de Notariado son Registradores de la Propiedad y que, además, el Sr. Rajoy y el que fuera ministro de Justicia, de infausto recuerdo, Sr. Ruiz-Gallardón, tienen familiares muy cercanos que son Registradores, pese a lo cual han entregado el “negocio”  a los Registradores Mercantiles y que esa decisión, aparte de inmoral, es palmariamente ilegal porque afecta a sus  negocios privados y al de sus familiares más directos.

CCOO lamenta profundamente la decisión de la Defensora del Pueblo ó mejor dicho, la Defensora del Gobierno de Mariano Rajoy, y la decisión de la directora de la Oficina de Conflictos de Intereses, decisiones que no detendrán a CCOO en su lucha contra la privatización del Registro Civil, por eso las hemos recurrido, decisiones que dan por buena la política del Gobierno del PP que desmantela servicios públicos esenciales, como el Registro Civil, para entregarlos a determinados intereses corporativos que buscan lucrarse y ampliar su negocio a costa de la ciudadanía.

Pero  CCOO no cejará en su empeño hasta lograr que los Registros Civiles sigan siendo un servicio público, universal y gratuito, integrado en la Administración de Justicia y servido por personal funcionario,  y seguiremos impulsando nuevas acciones con la implicación de  los trabajadores y trabajadoras, pero también de la ciudadanía, entre otras, en los próximos días, como hemos anunciado, CCOO llevará al Congreso de los Diputados la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la privatización del Registro Civil y su mantenimiento en el ámbito de la Administración de Justicia.