REUNIÓN DE CCOO CON EL MINISTRO CATALÁ: EL MINISTRO DE JUSTICIA CONFIRMA QUE RENUNCIA A LA REFORMA INTEGRAL DE LA LOPJ DE GALLARDÓN, QUE SUPONÍA LA MAYOR AGRESIÓN LABORAL PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS


24 oct. 2014




Reunión de CCOO, ayer 23 de octubre, con el nuevo ministro  de justicia, Rafael Catalá y su equipo. La convocatoria de la mesa sectorial sufre un nuevo retraso: será hacia el 12 de noviembre.

EL MINISTRO DE JUSTICIA CONFIRMA A CCOO QUE RENUNCIA A LA REFORMA INTEGRAL DE LA LOPJ DE GALLARDÓN QUE SUPONÍA LA MAYOR AGRESIÓN LABORAL PARA LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS.

A REQUERIMIENTO DE CCOO, RECLAMANDO CONCRETAR EL ALCANCE DE LA RENUNCIA, EL MINISTRO RESPONDIO QUE NO SE IMPLANTARÁN LOS TRIBUNALES PROVINCIALES DE INSTANCIA, NO SE SUPRIMIRÁN LOS PARTIDOS JUDICIALES, NI  LAS AUDIENCIAS PROVINCIALES NI LOS JUZGADOS Y AGRUPACIONES DE PAZ, POTENCIANDO LAS FUNCIONES DE ÉSTOS ÚLTIMOS Y MANTENIENDO LOS JUECES DE PAZ

EL MINISTRO HA MANIFESTADO QUE CONTINUARÁ CON LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL. CCOO LE HA EXIGIDO LA MODIFICACIÒN DE LA LEY QUE LOS PRIVATIZA. Además, le hemos anunciado la decida intención de CCOO de impulsar las acciones necesarias (con los trabajadores/as y la ciudadanía) para revertir esta primera y gran privatización en el ámbito de la Administración de Justicia. Entre otras, CCOO impulsará una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para presentar al Congreso de los Diputados.

El ministro manifestó que se limitará a presentar una reforma parcial de algunas cuestiones de la lopj, especialmente sobre los libros V y VI (Secretarios Judiciales, Oficina Judicial y Personal al servicio de la Administración de Justicia). CCOO rechazará cualquier ataque a nuestros derechos.

La resistencia activa de CCOO contra la supresión de los Partidos Judiciales, Juzgados de Paz y Audiencias Provinciales; el rechazo de otros operadores jurídicos, de cientos de Ayuntamientos (muchos de ellos gobernados por el PP, que en sus plenos, han dado voz a CCOO y han aprobado exigir al Gobierno la retirada de la reforma de Gallardón); de varias CCAA como Galicia, Castilla-León, Extremadura (también con gobiernos del PP) y Andalucía; de decenas de Diputaciones Provinciales, y de multitud de asociaciones ciudadanas, logran que el Gobierno, con un nuevo ministro de Justicia, retire el anteproyecto de reforma de LOPJ que había aprobado el Consejo de Ministros en el mes de abril, a instancia de Gallardón.

Todo ello, y los intereses electorales en juego (en la primavera  de 2015, elecciones municipales  y autonómicas), ha sido determinante, mientras otros sindicatos firmantes de un preacuerdo inservible que no garantizaba los derechos básicos de los trabajadores/as y que ahora se queda en agua de borrajas, renunciaron a la lucha a cambio de la paz social.

CCOO ha propuesto al ministro de Justicia, que, además de abandonar los proyectos de Gallardón, debe posibilitar un compromiso general en la Administración de Justicia para garantizar, el empleo público y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, incluir una OPE que convoque todas las plazas vacantes que existen, asegurar a todos los trabajadores y trabajadoras sus retribuciones actuales en el caso de reordenaciones y redistribuciones de puestos de trabajo, el respeto escrupuloso a la localidad de destino de cada persona y la garantía de que no podrá existir movilidad forzosa fuera del municipio, y que se fije un calendario para la restitución de todos los derechos que nos han sido arrebatados, entre otros aspectos imprescindibles para nuestros derechos.

CCOO ha reclamado al ministro Catalá:
  • Ley Orgánica del Poder Judicial:
En relación con el proyecto de reforma de la LOPJ del exministro Gallardón, que se dé definitivamente por muerto. Porque era un infame proyecto que creaba los Tribunales provinciales de Instancia, que suprimía una gran parte de los partidos judiciales y de los Juzgados de Paz y sus Agrupaciones, que eliminaba también muchos órganos judiciales como las Audiencias Provinciales, que suprimía cientos de puestos de trabajo…. El ministro ha contestado que comparte el objetivo de CCOO, porque no se puede pretender imponer un proyecto que cuenta con el rechazo de la mayoría social, de los y las trabajadores/as, ayuntamientos, organizaciones profesionales y ciudadanas. CCOO espera a ver plasmado este compromiso del ministro para afirmar con rotundidad que los trabajadores hemos ganado esta batalla.
CCOO también ha reiterado al ministro que es imprescindible que se retire la privatización de los actos de comunicación mediante su entrega a los procuradores, para que continúen siendo competencia exclusiva del personal de la Administración de Justicia. También hemos reiterado nuestra exigencia de que se retiren todas las medidas de privatización contenidas en la Ley de Jurisdicción voluntaria.

El ministro ha afirmado ante CCOO “que una reforma integral de la LOPJ se tiene que dar con cierto consenso si quiere tener ciertas garantías en su puesta en marcha y esas condiciones no se dan en este momento, y tampoco hay margen temporal para construirlo en lo que queda de legislatura”, por lo que solo presentará una propuesta de reforma parcial de algunas cuestiones de la LOPJ, renunciando por tanto a la creación de los tribunales provinciales de instancia, a la supresión de los partidos judiciales y de los juzgados de paz, por el contrario incrementará las funciones de estos últimos. Y ha afirmado tajantemente que se mantendrán los Jueces de Paz como venía reclamando en solitario CCOO.

CCOO ha reclamado también la eliminación, en el proyecto de código penal, de la criminalización de la protesta social que solo pretende impedir la movilización contra las agresiones y pérdida de derechos de la ciudadanía.

  • Registro Civil:
Sobre el Registro CivilCCOO  ha exigido de nuevo a Catalá la derogación de la Ley por la que se privatizan los Registros Civiles y se entregan a los Registradores mercantiles. El ministro ha contestado que seguirán con dicho proyecto y, utilizando un argumento falaz, ha mantenido que los registradores son funcionarios públicos cuando todo el Gobierno sabe, incluido el registrador Rajoy, que la UE los considera empresarios privados que deben cobrar el IVA, y las sentencias de la UE son de obligado cumplimiento para el Gobierno de España.
CCOO. le ha trasladado que no cejaremos hasta lograr que los Registros Civiles permanezcan en el ámbito de la Administración de Justicia. Y mantendremos e impulsaremos las acciones necesarias para lograrlo. Le hemos manifestado que es contradictorio que el Gobierno manifieste que desea normas que gocen de consenso, porque de lo contrario serían modificadas si se produce cambio de Gobierno, e imponga una norma que es rechazada por todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, y toda la sociedad.

El ministro ha afirmado literalmente que materializará una disposición que garantice todo el empleo actual, titular e interino, pero no ha comprometido de ninguna manera a qué norma legal lo llevará para que obligue a las CCAA con competencias transferidas.

CCOO le ha entregado nuestra propuesta (ya remitida al director general el pasado 31 de julio) que asegura que no se pierda ni un solo puesto de trabajo


  • Oferta de Empleo Público
Sobre la Oferta de Empleo Público (OPE)CCOO ha exigido que en la Administración de Justicia se tienen que convocar todas las plazas vacantes existentes porque no generan gasto alguno, y mediante el sistema de concurso-oposición, para garantizar los derechos de todos. La respuesta del ministro y de la secretaria de Estado ha sido que no se comprometen a una OPE de las características y cuantías de plazas que CCOO reclama, pero que están dispuestos a elaborar un calendario en el que fijarían los plazos para acercarse a nuestra demanda en varios años.


  • Ley de tasas judiciales
CCOO ha reclamado de nuevo su derogación y que, como mínimo las personas físicas no tengan que pagar tasas en su acceso a la Administración de Justicia. El ministro no ha adquirido compromiso alguno, pero ha aceptado tácitamente que dicha ley pudiera estar impidiendo el acceso a la tutela judicial efectiva a muchas personas que han dejado de recurrir por incapacidad económica.

  • Restitución de derechos robados desde 2010 (salario, paga extra, días de asuntos, vacaciones, IT…). 
Ante la exigencia de CCOO de establecer un calendario para la devolución de todos los derechos robados, incluida la reposición del 100% del salario en los casos de IT (así, le hemos recordado la injusta desigualdad entre las excepciones que se establecieron para jueces y fiscales y las que no se regularon de la misma forma para el resto del personal de la Administración de Justicia), se nos ha contestado por la secretaria de Estado que estas devoluciones de derechos son de carácter general y afectan al conjunto de los y las empleados públicos por lo que la decisión debe ser del Gobierno, y no se puede resolver solo para nuestro ámbito.

CCOO le ha contestado que el establecimiento de un calendario de devolución de derechos es imprescindible porque es de justicia con los trabajadores/as a los que se les lleva saqueando desde 2010, en segundo lugar por las contradicciones entre las numerosas declaraciones del ministro Montoro y del presidente del Gobierno en la que hablan reiteradamente de que se está produciendo una recuperación económica, mientras la realidad es que esta recuperación solo la percibe el Gobierno, pero, en el caso de la paga de 2012, además, por la imperiosa obligación del Gobierno de devolver el 100 % de la misma (no solo ese escaso y patético 24 % que anuncia Montoro en el proyecto de la LPGE), ya que en la Administración de Justicia dicha paga extra 2012 había sido devengada completa cuando se publicó la reforma de la LOPJ.

  • Mugeju
Hemos reclamado la paralización de la reforma del reglamento de órganos de gobierno de MUGEJU, porque elimina la posibilidad de actuación de los representantes de los y las mutualistas que les molesta de forma especial, y así impiden que se puedan defender los derechos, que, de aprobarse esa reforma, dejará indefensos. No ha habido compromiso del nuevo equipo del Ministerio de Justicia ante esta exigencia.

  • Ley de Justicia Gratuita
En relación con la Ley de Justicia Gratuita, CCOO defiende que el umbral de ingresos para tener acceso a la justicia gratuita se eleve de forma importante, y que se garantice (por ser uno de los pocos avances, exigidos y logrados por CCOO, que se produjeron en la anterior etapa) el restablecimiento del derecho del personal funcionario para que pueda intervenir ante la Administración de Justicia, en defensa de sus legítimos derechos laborales y profesionales, sin abogado ni procurador.
  • Apertura mesa negociación sustituciones, interinos y productividad
CCOO ha demandado que de inmediato, tras la reunión de la mesa sectorial (que vuelve a retrasarse hasta el 12 de noviembre, pues estaba prevista para la semana próxima) se abra la negociación sobre varios aspectos fundamentales para nuestros derechos: mejora de la regulación del régimen de sustituciones verticales, así como la regulación de las horizontales con todos los derechos, la mejora de la regulación de las bolsas de personal interino para la garantía de sus derechos laborales, el pago de la productividad a todos los trabajadores/as del órgano judicial, y no solo a los secretarios judiciales como hasta el momento,….)

  • Nueva Oficina  Judicial
CCOO ha exigido de nuevo la paralización de la implantación de la NOJ hasta que no se resuelvan todos los problemas actualmente existentes y que datan desde las primeras implantaciones, exigiendo la constitución inmediata de una mesa de negociación.

  • Cuotas impagadas de la Seguridad Social
Hemos trasladado a este nuevo equipo que conteste a la denuncia presentada por CCOO y que se resuelvan de una vez las numerosas lagunas y vacíos existentes en las cuotas de la Seguridad Social, bastante extendidas, y que afectan de manera importante a muchos compañeros y compañeras interinos y personal laboral. Exigimos que se adopte, de una vez, una decisión pactada entre la Seguridad Social y el Ministerio de Justicia, que recupere esos vacíos y ponga al día las cotizaciones sociales de las personas afectadas, pues son víctimas de los errores de la Administración. En caso de que esta solución no se produzca en un breve plazo, CCOO, como hemos informado, presentará denuncias ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para defender a todos estos trabajadores/as.


    Hemos exigido que el nuevo ministro de Justicia impulse la mejora de las condiciones de trabajo y retributivas del personal laboral de la Administración de Justicia, personal que ha sido abandonado desde hace muchos años por la Administración y que todos los ministros de Justicia y equipos anteriores han mantenido en una situación intolerable. Existen numerosas y justas reivindicaciones de este personal, que hemos planteado hoy de nuevo, como el establecimiento de un programa de productividad general para todo el personal laboral (recordamos que siguen existiendo cientos de salarios del personal laboral muy por debajo de los 1.000 euros), la traslación de todas las directivas europeas a la norma española, como la directiva en relación a la traducción e interpretación que obliga al Gobierno español a la reclasificación al nivel 1 a todos estos compañeros/as, la garantía de la promoción interna (inexistente en los últimos años), la cobertura de todas las vacantes, pues cientos de puestos de trabajo siguen sin cubrirse, con la consiguiente sobreexplotación de las y los trabajadores…, y muchas más reivindicaciones.

  • Plan de Igualdad
Hemos reclamado el establecimiento de un Plan de Igualdad en la Administración de Justicia de forma urgente, que CCOO lleva exigiendo desde hace años y ya existen en varias administraciones públicas.





¡¡DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS!!

¡¡DEFENDAMOS EL SERVICIO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA!!
LUCHEMOS PARA DARLE LA VUELTA