El decreto aprobado por el Consejo del Gobierno de la Xunta de Galicia no va dar solución al colapso de la Administración de Justicia, en opinión del Sector de Xustiza de CCOO de Galicia, que lo considera una imposición y una muestra más de nulo respeto a los sindicatos por no recoger ni una sola de sus alegaciones en mesa de negociación.
Jorge Suárez, coordinador del Sector de Xustiza de CCOO de Galicia.
La Xunta de Galicia pone de manifiesto lo que venimos denunciando desde hace meses: lo que se publicita como un cambio de fondo en el modelo y avance en el seno de las fiscalías no es más que un cambio de denominación formal, asegura Jorge Suárez, coordinador del Sector de Xustiza de de CCOO de Galicia, para quien sin dotación de medios personales o materiales no se podrá afrontar el creciente colapso de la Administración de Justicia, por la negativa a crear nuevos órganos judiciales desde 2010, la aprobación de una amortización del 5% del cuadro de personal en 2012 y la falta de ofertas de empleo público, que acrecienta la disminución del plantel por el envejecimiento del funcionariado.
A esta falta de personal se suma el deterioro de los medios materiales, los nulos avances en la implantación del expediente electrónico que provoca descoordinación entre juzgados, el colapso de los archivos judiciales, la negligencia en la custodia de los documentos y la decimonónica imagen de carros de la compra viajando repletos de expedientes entre edificios judiciales.
El Sector de Xustiza de de CCOO de Galicia rechaza este decreto de la nueva oficina fiscal y pide su paralización, ya que:
- No se cumple con el contenido del mismo, donde se establece una ratio de un funcionario por fiscal, quedando muy por debajo del 0,75 por uno.
- La dotación presupuestaria no se ve reflejada en incremento de medios materiales o personales.
- La única mejora en términos de personal es la dotación de cinco plazas, por el método que rechazamos de plano, la libre designación, para los puestos de secretarios personales de los fiscales jefes, vía abierta a la suspicacia que bien podría ser cubierto a través de una oferta de empleo público.
- La creación de puestos singularizados para aliviar de la carga administrativa a los Fiscales que anuncia el Conselleiro Rueda no lo es tal, es una reordenación interna que incrementará las cargas de trabajo entre el personal
Una Nueva Oficina Fiscal debería ser simultánea a la creación de la Nueva Oficina Judicial, que no está ni bosquejada, los servicios comunes generales y las unidades procesales de apoyo directo, toda vez que la interrelación entre juzgados y fiscalías precisan de actuaciones coordinadas, y, desde luego, antes de iniciar cualquier reforma de envergadura como esta, ambiciosa desde el punto de vista político, y de servicio a la ciudadanía, lo primero que debería estar implantado es el expediente electrónico, cimiento básico sobre lo que debería partir cualquier reforma que se antoje como eficaz, además de una dotación de medios que no convierta los decretos en armas electoralistas. Para el Sector de Xustiza de CCOO de Galicia la modernidad que anuncia con este decreto es una falacia y no aporta soluciones reales a una justicia colapsada.
A esta falta de personal se suma el deterioro de los medios materiales, los nulos avances en la implantación del expediente electrónico que provoca descoordinación entre juzgados, el colapso de los archivos judiciales, la negligencia en la custodia de los documentos y la decimonónica imagen de carros de la compra viajando repletos de expedientes entre edificios judiciales.
El Sector de Xustiza de de CCOO de Galicia rechaza este decreto de la nueva oficina fiscal y pide su paralización, ya que:
- No se cumple con el contenido del mismo, donde se establece una ratio de un funcionario por fiscal, quedando muy por debajo del 0,75 por uno.
- La dotación presupuestaria no se ve reflejada en incremento de medios materiales o personales.
- La única mejora en términos de personal es la dotación de cinco plazas, por el método que rechazamos de plano, la libre designación, para los puestos de secretarios personales de los fiscales jefes, vía abierta a la suspicacia que bien podría ser cubierto a través de una oferta de empleo público.
- La creación de puestos singularizados para aliviar de la carga administrativa a los Fiscales que anuncia el Conselleiro Rueda no lo es tal, es una reordenación interna que incrementará las cargas de trabajo entre el personal
Una Nueva Oficina Fiscal debería ser simultánea a la creación de la Nueva Oficina Judicial, que no está ni bosquejada, los servicios comunes generales y las unidades procesales de apoyo directo, toda vez que la interrelación entre juzgados y fiscalías precisan de actuaciones coordinadas, y, desde luego, antes de iniciar cualquier reforma de envergadura como esta, ambiciosa desde el punto de vista político, y de servicio a la ciudadanía, lo primero que debería estar implantado es el expediente electrónico, cimiento básico sobre lo que debería partir cualquier reforma que se antoje como eficaz, además de una dotación de medios que no convierta los decretos en armas electoralistas. Para el Sector de Xustiza de CCOO de Galicia la modernidad que anuncia con este decreto es una falacia y no aporta soluciones reales a una justicia colapsada.
