Publicado en www.cincodias.com
- El Ejecutivo admite que estudia declarar la mediación obligatoria en determinados casos
- Justicia ve a las Cámaras de Comercio como uno de los principales mediadores entre empresas
Para ello, Ruiz Gallardón avanzó que su Departamento prevé llevar “a alguno de los Consejos de Ministros de este mismo mes” un real decreto que recogerá los detalles de aplicación de la Ley de Mediación que aprobó el Gobierno en julio de 2012 y que aún está pendiente de desarrollo reglamentario.España tramita al año nueve millones de asuntos judiciales, mientras que Francia, con 20 millones de habitantes más, registra 6,5 millones de procesos al año. Son datos aportados ayer por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que se quejó del “exceso de litigiosidad” en España y apeló a un mayor uso de los sistemas de solución extrajudicial de conflictos –en concreto la mediación– para mitigar el constante recurso a los tribunales. El titular de Justicia, que intervino en la jornada La apuesta de las Cámaras europeas por el despegue económico, reclamó fundamentalmente el uso de la mediación por parte de las empresas.
Según el ministro, este reglamento regulará cuatro aspectos: la formación de los mediadores, la creación de un registro público de instituciones y mediadores; el aseguramiento de la responsabilidad civil en esta materia; y los procesos de mediación extrajudicial vía telemática. Así, defendió la exigencia de exhaustivos programas de formación que se exigirán a los futuros mediadores, de al menos 100 horas, de las que 35 de ellas deberán ser prácticas. Y añadió que se exigirá la formación y adecuación permanente de estos profesionales.
Igualmente, dicho real decreto establecerá las condiciones que regirán en los procesos de mediación online. Serán de aplicación para los procesos que no superen los 600 euros,deberán iniciarse dos días después de la solicitud de intermediación y su duración no podrá exceder de un mes.
No descarta la mediación obligatoria
Dicho esto, el titular de Justicia recordó el papel de las Cámaras de Comercio recogido en la Ley de Mediación para los procesos mercantiles entre empresas y apeló a la colaboración de estas entidades para que “recomienden” a las compañías que acudan a ellas que solucionen extrajudicialmente sus conflictos antes de llegar a los tribunales.
Aunque Ruiz Gallardón sugirió que quizás esto no sea suficiente, debido a la “cultura” española y no descartó la posibilidad de estudiar la decisión tomada en Italia en 2010 cuando el Gobierno hizo obligatoria la mediación a través de las Cámaras de Comercio italianas antes de judicializar el conflicto. “Lo que hace un tiempo no nos pareció adecuado –en referencia a esta obligatoriedad– ahora vemos que ha dado buen resultado en Italia, que tiene una estructura jurídica muy parecida a la española”, indicó el ministro.
El vicepresidente de la Cámara de Comercio italiana, Costantino Capone, aseguró que la implantación de una mediación obligatoria –que se revisará dentro de cuatro años– ha ahorrado a las empresas 420 millones. No obstante, Capone recordó que Italia tuvo que luchar contra la oposición “corporativista” de los abogados que rechazaban dicha obligatoriedad.
En ese sentido, Ruiz Gallardón pidió a Antonio Garrigues Walker, presidente del bufete Garrigues, que también intervino en estas jornadas, que “los abogados asuman la mediación y no la consideren como algo ajeno”. Garrigues aceptó el reto, pero desvió la pelota al tejado de los empresarios, “porque la mayoría de las veces nos encontramos con su rechazo frontal” a este sistema.
Según el ministro, este reglamento regulará cuatro aspectos: la formación de los mediadores, la creación de un registro público de instituciones y mediadores; el aseguramiento de la responsabilidad civil en esta materia; y los procesos de mediación extrajudicial vía telemática. Así, defendió la exigencia de exhaustivos programas de formación que se exigirán a los futuros mediadores, de al menos 100 horas, de las que 35 de ellas deberán ser prácticas. Y añadió que se exigirá la formación y adecuación permanente de estos profesionales.
Igualmente, dicho real decreto establecerá las condiciones que regirán en los procesos de mediación online. Serán de aplicación para los procesos que no superen los 600 euros,deberán iniciarse dos días después de la solicitud de intermediación y su duración no podrá exceder de un mes.
No descarta la mediación obligatoria
Dicho esto, el titular de Justicia recordó el papel de las Cámaras de Comercio recogido en la Ley de Mediación para los procesos mercantiles entre empresas y apeló a la colaboración de estas entidades para que “recomienden” a las compañías que acudan a ellas que solucionen extrajudicialmente sus conflictos antes de llegar a los tribunales.
Aunque Ruiz Gallardón sugirió que quizás esto no sea suficiente, debido a la “cultura” española y no descartó la posibilidad de estudiar la decisión tomada en Italia en 2010 cuando el Gobierno hizo obligatoria la mediación a través de las Cámaras de Comercio italianas antes de judicializar el conflicto. “Lo que hace un tiempo no nos pareció adecuado –en referencia a esta obligatoriedad– ahora vemos que ha dado buen resultado en Italia, que tiene una estructura jurídica muy parecida a la española”, indicó el ministro.
El vicepresidente de la Cámara de Comercio italiana, Costantino Capone, aseguró que la implantación de una mediación obligatoria –que se revisará dentro de cuatro años– ha ahorrado a las empresas 420 millones. No obstante, Capone recordó que Italia tuvo que luchar contra la oposición “corporativista” de los abogados que rechazaban dicha obligatoriedad.
En ese sentido, Ruiz Gallardón pidió a Antonio Garrigues Walker, presidente del bufete Garrigues, que también intervino en estas jornadas, que “los abogados asuman la mediación y no la consideren como algo ajeno”. Garrigues aceptó el reto, pero desvió la pelota al tejado de los empresarios, “porque la mayoría de las veces nos encontramos con su rechazo frontal” a este sistema.
