Mañana a las 12,00 h. en todas las sedes judiciales de España se van a realizar concentraciones para manifestar el rechazo de todos los sectores jurídicos a la Ley 10/2012 que establece las Tasas Judiciales, justo cuando se cumple un año de su aprobación.
La plataforma Justicia Para Todos ha convocado las mismas con la finalidad de informar a la ciudadanía de la gravedad y perniciosa incidencia de esta ley, pues la limitación del acceso a la justicia supone no sólo una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sino además, una restricción para exigir y hacer valer todos los demás derechos.
Entre los lemas que se difundirán en las múltiples concentraciones cabe destacar el que presidirá la manifestación ante los juzgados de Plaza Castilla, en Madrid: Un año contra las tasas, hasta que el Tribunal Constitucional las derogue
CCOO forma parte de esta Plataforma que ha aprobado el siguiente manifiesto:
CCOO forma parte de esta Plataforma que ha aprobado el siguiente manifiesto:
UN AÑO CONTRA LAS TASAS
MANIFIESTO SOCIAL – 19 de noviembre de 2013
2.-La Ley ha privado a muchos miles de ciudadanos de su fundamental y constitucional derecho a la tutela judicial efectiva. Ha materializado una injusta barrera para el acceso a la justicia.
3.-Nuestros jueces y magistrados han sido privados del conocimiento de cientos de miles de injusticias y quejas del conjunto de los ciudadanos. El imprescindible conocimiento de la realidad social ha sido hurtado a los juzgados y tribunales.
4.-No se ha penalizado el mal uso y abuso de la Justicia. Las empresas y los ciudadanos de holgada situación económica no han experimentado ninguna privación de ejecución del derecho. No se ha dado solución a los problemas en la concesión a la justicia gratuita.
5.-Se ha favorecido el abuso e impunidad de las Administraciones Públicas, exentas del pago de las tasas.
6.-El efecto disuasorio para los ciudadanos ha sido reconocido por jueces, magistrados, abogados, secretarios judiciales, personal al servicio de la Administración de Justicia, obligando al Ministerio de Justicia, al menos, a reconocer en su comparecencia en el Congreso porcentajes muy significativos de reducción de asuntos.
4.-No se ha penalizado el mal uso y abuso de la Justicia. Las empresas y los ciudadanos de holgada situación económica no han experimentado ninguna privación de ejecución del derecho. No se ha dado solución a los problemas en la concesión a la justicia gratuita.
5.-Se ha favorecido el abuso e impunidad de las Administraciones Públicas, exentas del pago de las tasas.
6.-El efecto disuasorio para los ciudadanos ha sido reconocido por jueces, magistrados, abogados, secretarios judiciales, personal al servicio de la Administración de Justicia, obligando al Ministerio de Justicia, al menos, a reconocer en su comparecencia en el Congreso porcentajes muy significativos de reducción de asuntos.
7.-No se ha recaudado lo previsto con el establecimiento de las tasas. La recaudación hasta septiembre ha sido de 103 millones de euros, muy lejos de los 306 millones previstos por el Ministerio para todo el año.
8.-El Ministerio ha incumplido su compromiso de que el importe de las tasas se destinaría a mejorar la asistencia jurídica gratuita.
Se desconoce el destino de la recaudación por las tasas. Ni siquiera figura en el presupuesto de 2014 del Ministerio de Justicia.
Junto a ello debemos denunciar la pésima gestión material de las tasas judiciales caracterizada durante este año por la descoordinación entre el Ministerio de Justicia el de Hacienda, la falta de criterios homogéneos y la inseguridad jurídica, acentuando el perjuicio para los ciudadanos y profesionales.
9.-El objetivo de la Ley de Tasas era y es puramente recaudatorio y disuasorio para el acceso a la justicia de los ciudadanos. El resultado patente y más preocupante es la liquidación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
10.-La contestación social ha sido unánime. Además, hay cinco recursos de inconstitucionalidad, interpuestos por el Gobierno Andaluz, la Generalitat, el Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno de Canarias y la Diputación General Aragón (DGA), y cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por Juzgados de lo Social, de Primera Instancia y de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que considera que es un impedimento innecesario e injustificado para obtener el derecho a la tutela judicial efectiva. El Tribunal Constitucional debería agilizar su respuesta ante el grave daño que están sufriendo los ciudadanos y la denegación del Estado de Derecho.
8.-El Ministerio ha incumplido su compromiso de que el importe de las tasas se destinaría a mejorar la asistencia jurídica gratuita.
Se desconoce el destino de la recaudación por las tasas. Ni siquiera figura en el presupuesto de 2014 del Ministerio de Justicia.
Junto a ello debemos denunciar la pésima gestión material de las tasas judiciales caracterizada durante este año por la descoordinación entre el Ministerio de Justicia el de Hacienda, la falta de criterios homogéneos y la inseguridad jurídica, acentuando el perjuicio para los ciudadanos y profesionales.
9.-El objetivo de la Ley de Tasas era y es puramente recaudatorio y disuasorio para el acceso a la justicia de los ciudadanos. El resultado patente y más preocupante es la liquidación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
10.-La contestación social ha sido unánime. Además, hay cinco recursos de inconstitucionalidad, interpuestos por el Gobierno Andaluz, la Generalitat, el Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno de Canarias y la Diputación General Aragón (DGA), y cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por Juzgados de lo Social, de Primera Instancia y de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que considera que es un impedimento innecesario e injustificado para obtener el derecho a la tutela judicial efectiva. El Tribunal Constitucional debería agilizar su respuesta ante el grave daño que están sufriendo los ciudadanos y la denegación del Estado de Derecho.
11.-Reiteramos la más que nunca mejoría de la calidad de las leyes mediante la exigencia de participación real y efectiva de jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores de los tribunales, sindicatos y organizaciones de consumidores y usuarios en la elaboración de los borradores de anteproyectos de ley o normativa de desarrollo legislativo.
12.-Solicitamos que el Gobierno escuche la voz de todos los colectivos afectados, pues somos los que mejor conocemos las disfunciones del sistema judicial y sus efectos negativos en la ciudadanía, y valore el hecho sin precedentes de que todos los actores de justicia continuamos unidos frente a las reformas y acciones del Gobierno que afectan gravemente el Estado de Derecho y los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.
El Gobierno debe atender lo que pasa en Europa, especialmente en el caso de Francia, que han suprimido todo tipo de tasas judiciales a partir del próximo enero de 2014, invocando como razón suprema “penalizar a los más vulnerables y restringir el acceso a la Justicia”. España sigue siendo diferente.
13.-La agilización de la administración de justicia no puede fundamentarse en el establecimiento de barreras económicas sino en transformación de la actual estructura obsoleta e ineficaz, apostando por la implantación de nuevas formas de organización que fomenten un servicio público accesible y eficaz, destinando las dotaciones y medios adecuados para ello.
14.-Mantenemos nuestra disposición a la negociación y al diálogo, y nuestro rechazo a un modelo de Justicia impuesta y no negociada. Es de vital importancia, que el Ejecutivo sea capaz de generar un amplio Pacto de Estado, en el que participen todos los sectores implicados, con la finalidad de crear una nueva Administración de Justicia. Y, sobre todo, que se profundice en los principios que inspiraron la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, aprobada por unanimidad en 2002.
12.-Solicitamos que el Gobierno escuche la voz de todos los colectivos afectados, pues somos los que mejor conocemos las disfunciones del sistema judicial y sus efectos negativos en la ciudadanía, y valore el hecho sin precedentes de que todos los actores de justicia continuamos unidos frente a las reformas y acciones del Gobierno que afectan gravemente el Estado de Derecho y los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.
El Gobierno debe atender lo que pasa en Europa, especialmente en el caso de Francia, que han suprimido todo tipo de tasas judiciales a partir del próximo enero de 2014, invocando como razón suprema “penalizar a los más vulnerables y restringir el acceso a la Justicia”. España sigue siendo diferente.
13.-La agilización de la administración de justicia no puede fundamentarse en el establecimiento de barreras económicas sino en transformación de la actual estructura obsoleta e ineficaz, apostando por la implantación de nuevas formas de organización que fomenten un servicio público accesible y eficaz, destinando las dotaciones y medios adecuados para ello.
14.-Mantenemos nuestra disposición a la negociación y al diálogo, y nuestro rechazo a un modelo de Justicia impuesta y no negociada. Es de vital importancia, que el Ejecutivo sea capaz de generar un amplio Pacto de Estado, en el que participen todos los sectores implicados, con la finalidad de crear una nueva Administración de Justicia. Y, sobre todo, que se profundice en los principios que inspiraron la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, aprobada por unanimidad en 2002.
