Trabajadores de Justicia se concentran exigiendo la dimisión de Gallardón


18 sept. 2013


La concentración había sido relegada a un lugar distante más de 300 metros de la puerta principal del Tribunal Supremo por la Delegación de Gobierno de Madrid en un intento de impedir la protesta de los trabajadores en el acto de inauguración del año judicial

La indeseable actuación de la Delegación de Gobierno sufrió un varapalo jurídico ante la decisión del TSJ de Madrid dando la razón a CCOO que en nombre de los sindicatos representativos había recurrido la injusta e intolerable decisión

AL GRITO DE GALLARDÓN DIMISIÓN, LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EXIGIMOS AL MINISTRO DE JUSTICIA QUE RETIRE LOS PROYECTOS DE LEY QUE PERSIGUEN LA PRIVATIZACIÓN DE LA JUSTICIA Y LA ELMINACIÓN DE MILES DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Madrid, 16 de septiembre de 2013

Delegados de CCOO y del resto de los sindicatos representativos y trabajadores de la Administración de Justicia nos concentramos en el día de la inauguración del año judicial en el Tribunal Supremo, al que asistían además del Rey, el ministro de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Presidente del Tribunal Supremo y decenas de altos cargos, políticos y judiciales.

En la concentración, los trabajadores exigimos la dimisión de Gallardón, que con sus decisiones políticas está llevando a la Administración de Justicia a una gravísima situación, pretendiendo su privatización y eliminando el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos (ley de Tasas, ley de Justicia gratuita, Ley de Enjuiciamiento Civil….) así como la eliminación de miles de puestos de trabajo (LEC, LOPJ, Ley de Demarcación y Planta….) en la Administración de Justicia.

Esta concentración, tras el verano, es el comienzo de una escalada creciente y persistente de movilizaciones que son imprescindibles para lograr la retirada de esos proyectos así como la exigencia de la convocatoria de la mesa sectorial que incluya el compromiso del Ministerio de Justicia de establecer un calendario para la recuperación de los derechos laborales y retributivos injustamente arrebatados a los trabajadores en los últimos años.