La falta de oferta pública de empleo aplicada de forma extrema por este Gobierno está reduciendo de forma acelerada la plantilla de empleadas y empleados públicos. Las plantillas están muy envejecidas, casi un 10% del personal funcionario en activo tiene más de 60 años y se jubilará de forma inminente.
La mayor parte de los empleados públicos, fundamentalmente en la AGE, supera ampliamente los 50 años de medida; baste como dato para demostrar el envejecimiento, que actualmente hay casi tantos mayores de 65 años (2.555), como menores de 30 años (2.917).
El número de funcionarios y funcionarias ha descendido en España en un 4,4%, 120.000 personas menos, según el Registro Central de Personal que publica semestralmente la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, pasando de 2.690.099 funcionarios y funcionarias, la mayor cifra en julio de 2011, a los 2.576.746 en enero de este año.
El número de empleados públicos que solicita la jubilación aumenta año a año, y la pérdidas de puestos es alarmante en todas las administraciones; como ejemplo más alarmante se sitúa la AGE que ha perdido en 3 años más de 25.000 puestos de trabajo, lo que supone mas del 10% del total de su plantilla y la cifra va en aumento, solo en los seis meses que van de julio de 2012 a julio de 2013 se han perdido mas de 5.000 puestos en la AGE.
El número de empleados públicos que solicita la jubilación aumenta año a año, y la pérdidas de puestos es alarmante en todas las administraciones; como ejemplo más alarmante se sitúa la AGE que ha perdido en 3 años más de 25.000 puestos de trabajo, lo que supone mas del 10% del total de su plantilla y la cifra va en aumento, solo en los seis meses que van de julio de 2012 a julio de 2013 se han perdido mas de 5.000 puestos en la AGE.
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| Fuente: Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las AAPP. Registro Central de Personal; informe semestral (enero 2013) |
España, que es el país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que está reduciendo la Administración a mayor velocidad, cuenta con la edad de las empleadas y empleados públicos como aliado. Así algo más de un 10% del personal tiene más de 60 años y se jubilará de forma inminente. Pero con la previsión actual, a un lustro vista, la Administración del Estado puede verse reducida en algo más de un 15%, alrededor de 35.000 puestos de trabajo lo que, sumados a los que ya se han perdido, arroja una cifra de 60.000 puestos de trabajos perdidos por la crisis en ocho años, casi un 30% del total de las plantillas de la Administración General del Estado, pero lo mismo sucederá con el resto de las Administraciones Públicas.
Esta reducción hace que los servicios que atienden al público no puedan dar respuesta a la demanda de la ciudadanía que, en tiempos de crisis, acuden en busca de la Administración Pública para el cobro de pensiones, prestaciones o ayudas.
Esto hace que las oficinas de la Seguridad Social, del Servicio Público de Empleo Estatal, el IMSERSO y otras no puedan dar soluciones a los numerosos ciudadanos y ciudadanas que acuden a las oficinas.
Como solución, el Gobierno ha decido externalizar servicios, esa es la ocurrencia del mal gestor, que lejos de prestar el servicio y reforzarlo se lo entrega a empresas privadas para que éstas hagan funciones como la vigilancia exterior de las prisiones o trabajos dentro del IMSERSO por ejemplo.
Para la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO es necesario que el Gobierno cambie su política respecto a lo público y que empiece ya. Es inasumible que este Gobierno siga utilizando el tiempo para vaciar de contenido y funciones a los pocos empleados y empleadas que resistirán el huracán privatizador.
Esta reducción hace que los servicios que atienden al público no puedan dar respuesta a la demanda de la ciudadanía que, en tiempos de crisis, acuden en busca de la Administración Pública para el cobro de pensiones, prestaciones o ayudas.
Esto hace que las oficinas de la Seguridad Social, del Servicio Público de Empleo Estatal, el IMSERSO y otras no puedan dar soluciones a los numerosos ciudadanos y ciudadanas que acuden a las oficinas.
Como solución, el Gobierno ha decido externalizar servicios, esa es la ocurrencia del mal gestor, que lejos de prestar el servicio y reforzarlo se lo entrega a empresas privadas para que éstas hagan funciones como la vigilancia exterior de las prisiones o trabajos dentro del IMSERSO por ejemplo.
Para la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO es necesario que el Gobierno cambie su política respecto a lo público y que empiece ya. Es inasumible que este Gobierno siga utilizando el tiempo para vaciar de contenido y funciones a los pocos empleados y empleadas que resistirán el huracán privatizador.
