EL CONSEJO DE MINISTROS DEL VIERNES, 3 DE MAYO,
MATERIALIZÓ LO QUE CCOO LLEVA MESES DENUNCIANDO
CCOO LLAMA A LA MOVILIZACIÓN
PERMANENTE. DEBEMOS IMPEDIR LA PRIVATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA
GALLARDON ACELERA LA PRIVATIZACION DEL
SERVICIO PUBLICO DE LA
JUSTICIA. AHORA ENTREGA LOS SERVICIOS COMUNES DE NOTIFICACIONES
Y EMBARGOS A LOS PROCURADORES
ESTA NUEVA PRIVATIZACIÓN
SUPONDRÁ LA DESTRUCCIÓN
DE MILES DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA
Madrid,
6 de mayo de 2013
Confirmando
las advertencias que desde Comisiones Obreras venimos denunciando hace meses,
Gallardón, dándole una vuelta de tuerca más a la Ley de Medidas de Agilización Procesal del PSOE
del 10 de octubre de 2011, da un acelerón definitivo en la privatización de la Administración de
Justicia, entregando a los Procuradores la posibilidad de realizar todos los actos de comunicación (citaciones,
notificaciones y emplazamientos) y determinados
actos de ejecución (posibilidad de realizar la diligencia de embargo; posibilidad
de encargarse, a través de los Colegios de Procuradores, del depósito y de la
administración judicial de los bienes embargados; posibilidad de ser designados
como entidad especializada en la subasta de los bienes embargados,
posibilidad de realizar las diligencias de toma de posesión de bienes muebles…)
y otros actos de cooperación y
auxilio a la
Administración de Justicia.
Este es
un nuevo ataque a los derechos del
personal funcionario de la administración de justicia, un insulto a la dignidad
de todas y todos los trabajadores que día a día realizan su trabajo con
profesionalidad y, muchas veces con esfuerzo personal, ante la precariedad de los medios que la administración pone a su
alcance.
Pero también es un nuevo ataque a los derechos de la ciudadanía
que verá restringido, una vez más, su
derecho de acceso a la justicia para la defensa de sus derechos e intereses
legítimos. Primero fueron los depósitos para recurrir, luego la imposición de
las desmesuradas tasas judiciales, a continuación el Proyecto de Ley de reforma
integral de los Registros Civiles que introduce el pago mediante aranceles a
los registradores de la propiedad y mercantiles y a los notarios y, ahora, se suman los aranceles que los
justiciables deberán abonar a los procuradores por la práctica de los actos de
comunicación y ejecución. El anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil recoge
en su disposición adicional primera que “el
Gobierno de la Nación
aprobará por Real Decreto la adecuación
del arancel de derechos de los Procuradores de los Tribunales a las nuevas
funciones atribuidas en la presente ley”.
GALLARDÓN OTORGA LA CONDICIÓN DE AGENTES
DE LA AUTORIDAD A
LOS PROCURADORES Y REFUERZA LAS FUNCIONES DE ÉSTOS PARA “AGILIZAR
Y DOTAR DE MAYOR EFICACIA LOS TRÁMITES PROCESALES”.
Nuestros peores temores se han visto superados con el
anteproyecto de la Ley
de Enjuiciamiento Civil, en donde el Gobierno otorga a los Procuradores la
condición de Agentes de la
Autoridad cuando ejecuten los embargos, y en donde suprime la
necesidad de realizar las notificaciones acompañados de dos testigos en el caso
de que al realizarla, la persona se encuentre en su domicilio.
Según Gallardón, con su desvergüenza habitual, los
funcionarios y las funcionarias somos los culpables del retraso de la
administración de justicia. Así se desprende de la lectura de este anteproyecto
de reforma de la Ley
de Enjuiciamiento Civil que afirma que “persigue desarrollar las funciones de
colaboración y auxilio con la
Administración de Justicia que ya realizan los procuradores para
agilizar y dotar de mayor eficacia los trámites en la Administración de
Justicia.”
Además en el artículo 16 del anteproyecto se mantiene la responsabilidad del personal
funcionario por los retrasos o negligencias que se produzcan, pero, por el
contrario, Gallardón elimina el apartado relativo a la responsabilidad de
los procuradores.
Según Gallardón, el Procurador, que a partir de ahora será
juez y parte en el proceso, acabará con la “lentitud y el atasco” de la administración
de justicia ¡Esto, además de indecente
es un insulto a la ciudadanía y a los empleados públicos!
Para CCOO es intolerable esta falta de respeto hacia el
personal funcionario de la administración de justicia y demuestra que Gallardón
busca el descrédito del funcionariado para poder continuar con esta inadmisible
restructuración de la administración de justicia.
CCOO ADVIERTE QUE CON ESTA REFORMA EL GOBIERNO SUPRIMIRÁ 12.000
(DOCE MIL) PUESTOS DE TRABAJO EN LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA: NO LO PERMITAMOS
Ya nadie puede negar lo evidente. Con esta vuelta de tuerca,
Gallardón otorga la condición de Agentes de la Autoridad a los Procuradores
(parte en el proceso), y adjudicándoles todos los actos de comunicación y
determinados actos de la ejecución, y otros actos de cooperación con la Administración de
Justicia, unido a la privatización del Registro Civil abre la puerta a la supresión de miles de puestos de trabajo en
la Administración
de Justicia (doce mil plazas que asciende al 30% de la plantilla).
Como los procuradores van a cobrar por los actos de
comunicación y ejecución, ya no van a necesitar que las funcionarias y los funcionarios
de la Administración
de Justicia (imparciales en sus actuaciones) ejerzan las mismas, salvo,
probablemente, en las que actúen de oficio y sus honorarios no puedan ser
engordados con la minuta correspondiente.
Ahora más que nunca, CCOO manifiesta que es necesario intensificar y
radicalizar las acciones que desde hace meses venimos desarrollando contra la
privatización de la
Administración de Justicia. Es intolerable que se haga
entrega de un servicio público como es la Administración de
Justicia al ámbito de lo privado, cargándose un servicio público básico, que
debería ser garante de los derechos y libertades y suprimiendo de un plumazo el
30% de sus efectivos.
Esta vez la privatización se centra en los actos de
comunicación y ejecución, el mes que viene ya veremos qué otra mordida le pegan
a un servicio público como el de la Administración de Justicia, tan necesario de
imparcialidad que sin ella la propia Justicia no tiene sentido.
MOVILÍZATE CON CCOO
DEFENDAMOS EL SERVICIO PÚBLICO DE LA JUSTICIA
PORQUE, SIN JUSTICIA NO HAY DERECHOS.
