Gallardón acelera la privatización de la Justicia: ahora le toca el turno a los Servicios Comunes de Notificaciones


6 may. 2013



EL CONSEJO DE MINISTROS DEL VIERNES, 3 DE MAYO, MATERIALIZÓ LO QUE  CCOO LLEVA MESES DENUNCIANDO

CCOO LLAMA A LA MOVILIZACIÓN PERMANENTE. DEBEMOS IMPEDIR LA PRIVATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

GALLARDON ACELERA LA PRIVATIZACION DEL SERVICIO PUBLICO DE LA JUSTICIA. AHORA ENTREGA LOS SERVICIOS COMUNES DE NOTIFICACIONES Y EMBARGOS A LOS PROCURADORES

ESTA NUEVA PRIVATIZACIÓN SUPONDRÁ LA DESTRUCCIÓN DE MILES DE PUESTOS DE TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Madrid, 6 de mayo de 2013

Confirmando las advertencias que desde Comisiones Obreras venimos denunciando hace meses, Gallardón, dándole una vuelta de tuerca más a la Ley de Medidas de Agilización Procesal del PSOE del 10 de octubre de 2011, da un acelerón definitivo en la privatización de la Administración de Justicia, entregando a los Procuradores la posibilidad de realizar todos los actos de comunicación (citaciones, notificaciones y emplazamientos) y determinados actos de ejecución (posibilidad de realizar la diligencia de embargo; posibilidad de encargarse, a través de los Colegios de Procuradores, del depósito y de la administración judicial de los bienes embargados; posibilidad de ser designados como entidad especializada en la subasta de los bienes embargados, posibilidad de realizar las diligencias de toma de posesión de bienes muebles…)  y otros actos de cooperación y auxilio a la Administración de Justicia.

Este es un  nuevo ataque a los derechos del personal funcionario de la administración de justicia, un insulto a la dignidad de todas y todos los trabajadores que día a día realizan su trabajo con profesionalidad y, muchas veces con esfuerzo personal,  ante la precariedad  de los medios que la administración pone a su alcance.

Pero también es un nuevo ataque a los derechos de la ciudadanía que verá restringido, una vez más,  su derecho de acceso a la justicia para la defensa de sus derechos e intereses legítimos. Primero fueron los depósitos para recurrir, luego la imposición de las desmesuradas tasas judiciales, a continuación el Proyecto de Ley de reforma integral de los Registros Civiles que introduce el pago mediante aranceles a los registradores de la propiedad y mercantiles y a los notarios y,  ahora, se suman los aranceles que los justiciables deberán abonar a los procuradores por la práctica de los actos de comunicación y ejecución. El anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil recoge en su disposición adicional primera que “el Gobierno de la Nación aprobará por Real Decreto la adecuación del arancel de derechos de los Procuradores de los Tribunales a las nuevas funciones atribuidas en la presente ley”.

GALLARDÓN OTORGA LA CONDICIÓN DE AGENTES DE LA AUTORIDAD A LOS PROCURADORES Y REFUERZA LAS FUNCIONES DE ÉSTOS PARA  “AGILIZAR Y DOTAR DE MAYOR EFICACIA LOS TRÁMITES PROCESALES”.

Nuestros peores temores se han visto superados con el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en donde el Gobierno otorga a los Procuradores la condición de Agentes de la Autoridad cuando ejecuten los embargos, y en donde suprime la necesidad de realizar las notificaciones acompañados de dos testigos en el caso de que al realizarla, la persona se encuentre en su domicilio.

Según Gallardón, con su desvergüenza habitual, los funcionarios y las funcionarias somos los culpables del retraso de la administración de justicia. Así se desprende de la lectura de este anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que afirma que persigue desarrollar las funciones de colaboración y auxilio con la Administración de Justicia que ya realizan los procuradores para agilizar y dotar de mayor eficacia los trámites en la Administración de Justicia.”

Además en el artículo 16 del anteproyecto se  mantiene la responsabilidad del personal funcionario por los retrasos o negligencias que se produzcan, pero, por el contrario, Gallardón elimina el apartado relativo a la responsabilidad de los procuradores.

Según Gallardón, el Procurador, que a partir de ahora será juez y parte en el proceso, acabará con la “lentitud y el atasco” de la administración de justicia ¡Esto, además de indecente es un insulto a la ciudadanía y a los empleados públicos!

Para CCOO es intolerable esta falta de respeto hacia el personal funcionario de la administración de justicia y demuestra que Gallardón busca el descrédito del funcionariado para poder continuar con esta inadmisible restructuración de la administración de justicia.

CCOO ADVIERTE QUE CON ESTA REFORMA EL GOBIERNO SUPRIMIRÁ 12.000 (DOCE MIL) PUESTOS DE TRABAJO EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA: NO LO PERMITAMOS

Ya nadie puede negar lo evidente. Con esta vuelta de tuerca, Gallardón otorga la condición de Agentes de la Autoridad a los Procuradores (parte en el proceso), y adjudicándoles todos los actos de comunicación y determinados actos de la ejecución, y otros actos de cooperación con la Administración de Justicia, unido a la privatización del Registro Civil abre la puerta a la supresión de miles de puestos de trabajo en la Administración de Justicia (doce mil plazas que asciende al 30% de la plantilla).
Como los procuradores van a cobrar por los actos de comunicación y ejecución, ya no van a necesitar que las funcionarias y los funcionarios de la Administración de Justicia (imparciales en sus actuaciones) ejerzan las mismas, salvo, probablemente, en las que actúen de oficio y sus honorarios no puedan ser engordados con la minuta correspondiente.

Ahora más que nunca, CCOO manifiesta que es necesario intensificar y radicalizar las acciones que desde hace meses venimos desarrollando contra la privatización de la Administración de Justicia. Es intolerable que se haga entrega de un servicio público como es la Administración de Justicia al ámbito de lo privado, cargándose un servicio público básico, que debería ser garante de los derechos y libertades y suprimiendo de un plumazo el 30% de sus efectivos.

Esta vez la privatización se centra en los actos de comunicación y ejecución, el mes que viene ya veremos qué otra mordida le pegan a un servicio público como el de la Administración de Justicia, tan necesario de imparcialidad que sin ella la propia Justicia no tiene sentido.

MOVILÍZATE CON CCOO
DEFENDAMOS EL SERVICIO PÚBLICO DE LA JUSTICIA
PORQUE,  SIN JUSTICIA NO HAY DERECHOS.