CCOO LLAMA A CONTINUAR LA MOVILIZACIÓN:
HASTA QUE EL MINISTERIO DE JUSTICIA NO RETIRE EL ANTEPROYECTO DE PRIVATIZACION DEL REGISTRO CIVIL
La negativa de
la Asamblea de los Registradores de la Propiedad de asumir la llevanza del
Registro Civil prevista en el Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los
Registros es una buena noticia pero no aleja, ni mucho menos, el peligro de
privatización del Registro Civil proyectada por el Ministerio de Justicia. En
primer lugar porque dicha negativa viene acompañada de las condiciones por las
que los Registradores de la Propiedad aceptarían asumir la llevanza del
Registro Civil (mayor consenso social y político, oficinas separadas de
los registros de la propiedad y mercantiles, financiación suficiente y
vinculada a la prestación de servicios propios del Registro Civil, etc). Y en
segundo lugar porque las decisiones de dicha Asamblea sólo son de ámbito
interno, y no vinculan al Ministerio de Justicia, aunque sin duda alguna deba
pesar en el plan del Ministerio de Justicia la negativa de los Registradores de
la Propiedad.
Además parece claro que la Ley 20/2011, de Registro
Civil, que entra en vigor en julio de 2014, debe ser modificada dada la gran
dificultad de poner en funcionamiento las previsiones contenidas en dicha
norma, derivadas de la crisis económica, la falta de desarrollo reglamentario
de dicha Ley, la regulación de procedimientos electrónicos para las
inscripciones, la sustitución de las actuaciones Secciones por un Registro
único de cada personal, la indefinición de quiénes serán los encargados de los
registros civiles, la dificultad para la implantación de las oficinas generales
de registro civil que conllevaría la desaparición de los Registros civiles de
la gran mayoría de municipios de España, el establecimiento de las relaciones
de puestos de trabajo de las nuevas oficinas, etc..
Para CCOO cualquier reforma del
Registro civil debe garantizar su mantenimiento como servicio público
dependiente del Ministerio de Justicia, independiente de otros registros
públicos, atendido
por funcionarios públicos pertenecientes a los Cuerpos de Funcionarios al servicio
de la Administración
de Justicia. Debe haber además en cada partido judicial de
España, al menos, una oficina de Registro Civil, manteniéndose las competencias
de registro civil en los Juzgados de Paz, Agrupaciones y Registro Civil Central.
Y por esto hay que seguir luchando hasta el final.
Según los propios registradores, un sector
crítico de los Registradores de la
Propiedad forzó la celebración de esta asamblea básicamente
por dos razones: la "arrogancia" de un borrador de ley que les
atribuye las competencias sin consultarles --"ni a los jueces, ni a los
notarios"-- y el rechazo social que han empezado a despertar, al
considerar la sociedad que el servicio se privatiza y se deja en manos de los amigos de Rajoy, por compartir
su profesión. De dichas palabras
resulta evidente que la movilización que estamos realizando es útil y
empieza a dar sus frutos, pues estamos consiguiendo que la sociedad tome
conciencia de lo que supondría la privatización del servicio público del
Registro civil y por tanto se movilice. Y por ello, ahora más que nunca, hay que continuar con la
protesta.
La privatización de un servicio hoy asumido
por la Administración
de Justicia como es el Registro Civil es un claro ejemplo de lo que podría
pasar en otros servicios de nuestra Administración, como son los servicios
comunes. Si la cínica excusa para externalizar un servicio es que los
funcionarios de Justicia debemos dedicarnos de forma exclusiva a la función jurisdiccional, para el
Ministerio de Justicia todos aquellos servicios que estrictamente no lo sean
(archivos, actos de comunicación, registro y reparto, etc) podrían ser objeto
de externalización y ser privatizados. Por eso a todo el personal funcionario
de la Administración
de Justicia nos afecta completamente este proyecto de privatización del
registro civil.
DÍA
26 DE ABRIL
EN DEFENSA
DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA
CONCENTRACIONES
CONTRA LA PRIVATIZACION DEL
REGISTRO
CIVIL
