Sólo faltaría que los profesionales valiosos de este país no pudiesen ocupar los puestos de relevancia que se merecen en la Administración General del Estado y en cualquier otro ámbito del servicio público por el hecho de tener un tío ministro, una madre consejera autonómica o una hermana en La Moncloa. Es el argumento con el que la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, respalda oficialmente el nombramiento y la promoción de los hijos y parientes de altos cargos y políticos del PP en la escala administrativa.
En sus dos últimas respuestas por escrito a la dirigente de UPyD, Rosa Díez, la vicepresidenta dice que “a un candidato que cumpla todos los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico no se le puede impedir la promoción porque tenga familiares que ocupen puestos de responsabilidad en el sector público, pues podría resultar discriminatorio”. Luego desciende a tres de los muchos casos mencionado en distintos medios de comunicación e incluidos por Díez en sus preguntas, y asegura que todo se hace conforme a derecho.
Según la vicepresidenta, los tres últimos nombramientos dactilares, con olor a enchufe (siempre supuesto) del ministro de Agricultura, Miguel Árias Cañete, son irreprochables. ¿Qué tiene que ver que Manuel Pablos Lopez sea hermano de la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, con que haya sido nombrado consejero de Agricultura en la ONU, un cargo que tradicionalmente ocupan altos funcionarios de larga trayectoria? Nada.
El ministro Arias Cañete se ha limitado a aplicar el artículo 9 del decreto 901/2009 sobre las consejerías de su departamento en el exterior y ha enviado a ese valioso técnico a vivir a Nueva York, algo plenamente legal; lo contrario sería “discriminatorio”, según el razonamiento de la vicepresidenta. Y otro tanto se puede decir de Leticia de Guindos Talavera, hija del responsable de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Antonio de Guindos, y sobrina del ministro de Economía y Competitividad. Fue una estudiante y opositora brillantísima y tenía derecho a la agregaduría de Agricultura en Washington.
También a la legalidad vigente –decreto 364/1995 con el reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios– se atiene el nombramiento deAndrés Porras Soriano como asesor del secretario general de Agricultura por más que su mamá, María Luisa Soriano, sea consejera de Agricultura del Ejecutivo de Castilla-La Mancha que preside la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.
Aparte de defender los nombramientos de esos parientes, señalados el 22 de octubre por el periódico digital elconfidencial.com, la vicepresidenta recuerda en otra respuesta a Díez que lo que comúnmente se identifica como “asesor y personal de confianza” son gente “eventual” que cesa con el jefe. “Tanto su nombramiento como su cese son libres y, por lo tanto, no se exige el requisito de estar en posesión de titulación alguna para su nombramiento”.
A renglón seguido ilustra a su señoría diciendo que en la Administración General del Estado, el personal eventual, con carácter general, sólo presta funciones en el Gabinete del presidente del Gobierno, de la vicepresidenta, los ministros, los secretarios de Estado, así como en algunos puestos correspondientes a oficinas de prensa o relaciones sociales, siendo su número y retribuciones de carácter público.
Y aunque la lista de cargos y puestos conectados al sector público sea abundantísima, para que la diputada de UPyD observe que el Gobierno no se ha pasado en materia de enchufes (siempre supuestos), ahí están los datos del Registro Central de Personal, con una reducción de 51 “eventuales”. Concretamente, le dice, “el 1 de diciembre de 2011 había 629 efectivos, mientras que a 1 de noviembre de 2012, este número ha descendido a 578”. No cuantifica el ahorro económico ni entra en disquisiciones sobre si la reducción de asesores se atiene al principio general de no cubrir nueve de cada diez vacantes que el Gobierno aplica en la Administración General del Estado porque eso sería tanto como negar que el poder es para usarse, si no en beneficio general, al menos de los parientes y amigos.
Publicado o 28/01/2013 en www.cuartopoder.es
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