Pese a ello, el Partido Popular rechazaba la semana pasada una propuesta para ampliar el número de viviendas destinadas a un parque social de vivienda en alquiler con viviendas de la Sareb, de la que forma parte el FROB, y por tanto, financiada con fondos públicos.
La oferta de vivienda realizada por el Fondo Social de Vivienda sólo podrá dar cobertura al 2,7% de los desahucios producidos, puesto que dicho Fondo Social estará constituido por 5.891 viviendas, mientras que el total de desahucios producidos desde enero de 2008 alcanza los 216.418 lanzamientos, según los datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial.
Para el sindicato UGT el Gobierno peca de falta de planificación y transparencia, ya que mediante este convenio se ha dado a conocer la oferta de viviendas en alquiler de este Fondo Social antes de conocer cuál es la demanda real, es decir, cuantas y dónde viven las personas desahuciadas que tienen necesidad de vivienda.
Hay que recordar que gran parte de las viviendas de los activos tóxicos de las entidades financieras estaban situadas en la costa, y tampoco se sabe si estas viviendas se ajustarán a las características de las familias que pueden acogerse al Fondo Social de Viviendas (familias numerosas, monoparentales, mayores, etc).
A todo lo anterior hay que añadir que los requisitos que tienen que cumplir los beneficiarios (artículo 1 del Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, se medidas urgentes para reforzar la protección a las deudores hipotecarios) son tan restrictivos quedejarán sin posibilidad de vivienda a una gran cantidad de desahuciados, como ha reconocido incluso la propia Comisión Europea en un informe realizado sobre el alcance del citado Real Decreto-ley 27/2012.
Publicado o 21/01/2013 en www.lexdiario.es
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