Ante la posibilidad de que el Ministerio de Justicia y el Gobierno incluya como sujetos obligados al pago de una nueva tasa para interponer recurso de suplicación o casación también a los trabajadores, a los beneficiarios de la Seguridad Social, a los funcionarios y personal estatutario, CCOO y UGT recuerdan al Ministro que el derecho a la asistencia jurídica gratuita de los trabajadores, con todas sus consecuencias procesales, viene rigiendo ininterrumpidamente en nuestro país desde hace mas de un siglo.
Para CCOO y UGT, no hay razón alguna, y menos aún fundamentable constitucionalmente, para introducir en el proceso social, tasas para recurrir que sean exigibles a los trabajadores o a los beneficiarios del sistema público de Seguridad Social, funcionarios y personal estatutario, ni tampoco a los sindicatos y representación legal de los trabajadores y trabajadoras.
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