Los sindicatos consideran que hay una reducción de espacio y piden que se despolitice
Los cambios realizados en el proyecto de la Ciudad de la Justicia por los arquitectos han sido recibidos con escepticismo pro parte del personal judicial. Los sindicatos quieren examinar esos cambios porque consideran que no es sólo un desplazamiento del edificio sino que hay una reducción de superficie que podría afectar a su capacidad.
'No queremos que ocurra como con el edificio de la Audiencia, que en seis años estaba ya al límite', explica Pablo Valeiras, responsable del sector justicia de CCOO. Tras conocer la noticia de esta modificación, el sindicato pidió a la dirección xeral de Xustiza una convocatoria de la Mesa de Contratación, de la que todavía están pendientes.
'Entendemos que se opta por sólo una de las tres fases y por eso queremos ver el proyecto', aseguró Valeiras, quien reclamó por otra parte que 'el asunto se despolitice, ya que, desde hace años no es sino un arma arrojadiza'.
El personal judicial va un paso por delante, teniendo en cuenta que todavía no se ha producido un acuerdo entre Concello y Xunta que haya logrado desbloquear la puesta en marcha del proyecto.
El alcalde ya anunció su disposición a no pagar las expropiaciones, porque ahora considera que es algo de lo que se debe hacer cargo la Xunta, a pesar de que en 2009 no sólo anunció que la cesión de terrenos estaría lista en 18 meses, sino que se comprometió por carta con el presidente de la Xunta. Además, en una reunión en septiembre con los jueces de Vigo, adelantó al entonces juez decano que la vía de la expropiación por parte de la Xunta, mediante la supramunicipalidad de los terrenos, había quedado en principio descartada por Urbanismo frente a la expropiación directa del Concello, pues esta última vía era mucho más rápida.
De momento, la Xunta asegura no tener noticia alguna del Concello, mientras el alcalde prepara una nueva ofensiva de exigencias para, según dice, negociar el pago de unas expropiaciones que ahora volverá a tasar con el nuevo proyecto en la mano. Los técnicos de la Xunta ya han cifrado el coste en los seis millones de euros que estaban previstos en un momento inicial.
El conselleiro de Presidencia anunció hace unos días que también presentarán el proyecto a los sectores judiciales que, de momento, no han recibido información alguna al respecto. Ni abogados, procuradores, jueces o personal conocen todavía dicho proyecto.
Publicado el 17/01/2012 en www.atlantico.net
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