La pelota está en el tejado de la Xunta, aunque el Gobierno gallego intente retrasar al máximo su movimiento en un año en el que el presidente no descarta la posibilidad de llamar a las urnas en otoño. Feijoo asumió ayer que la aplicación en el ámbito del empleo público de los recortes que otras comunidades ya tienen en marcha constituye un «debate aberto nos pasillos da Xunta, como nos das Administracións locais e nos dos ministerios». Tras aludir a algunas de esas medidas, que incluyen «rebaixas nas retribucións», aseguró que el Ejecutivo no adoptará ninguna de espaldas a la interlocución sindical.
En su comparecencia posterior al Consello de la Xunta, Feijoo subrayó que casi todas las comunidades están «solicitando o compromiso e a solidariedade dos empregados públicos ante a difícil situación económica», lo que se traduce en meter la tijera en sus condiciones laborales. Refirió que Castilla-La Mancha, La Rioja, el País Vasco, Comunidad Valenciana o Madrid tienen muy avanzados o aprobados diversos ajustes. «As hai que rebaixaron retribucións e outras que rebaixaron complementos», apuntó.
El Gobierno vasco, por ejemplo, recortó los complementos salariales de las bajas por enfermedad común, y el de Castilla-La Mancha rebaja un 10 % en los complementos específicos.
Feijoo recalcó que la Xunta estudia y analiza las iniciativas de otras comunidades, igual que el resto de las autonomías siguen las medidas que adopta Galicia, pero eludió precisar si la adopción de nuevos ajustes para los trabajadores públicos forma parte de la agenda de los asuntos que el Gobierno quiere desarrollar a corto plazo. Los sindicatos temen una posible rebaja de los días de libre disposición por asuntos propios, que pasarían de 9 a 6; una revisión del complemento por incapacidad temporal, que privaría a los funcionarios de cobrar el 100 % en los tres primeros días de baja; y el establecimiento sin excepciones de las 37,5 horas semanales.
En un contexto más general, Feijoo tampoco avanzó en qué consistirán las medidas que la semana pasada aseguró que adoptará la Xunta para blindar los servicios básicos para todos los gallegos y preservar de cualquier esfuerzo, en este contexto de aumento de la presión fiscal, a los parados, pensionistas y perceptores de la renta de integración social (risga). Al igual que con los ajustes que estudia la Xunta en el empleo público, el presidente explicó que los primeros en conocer las medidas que se tomen serán los sindicatos, como interlocutor único.
CCOO expresó ayer su rechazo a nuevos recortes de derechos laborales de los empleados públicos. La central sindical arguyó que lo lógico es que estas cuestiones sean tratadas en los órganos de negociación.
Publicado el 19/01/2012 en www.lavozdegalicia.es
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