Llamarnos Vigo en plena «crisis», por Pablo Valeiras


8 dic 2011





Históricamente, la Xunta, con gobiernos del PP o con el bipartito, ha discriminado a Vigo. Los motivos son varios, no ser capital de provincia, tener políticos que no están o no han estado a la altura, o presiones de otras ciudades, entre otros. En la Administración de Justicia no podía ser menos, para crear las secciones Civil y Penal de la Audiencia Provincial y los juzgados de lo Contencioso pasaron muchos años de reivindicación. Antes, los ciudadanos de Vigo y su área tenían que ir a Pontevedra. El último, pero más llamativo, fue la negativa durante varios años a crear el juzgado de lo Mercantil en Vigo, la ciudad más industrializada de Galicia y con mayor número de empresas.

Ahora, la Xunta de Galicia ha utilizado los mismos argumentos aderezados con la crisis,-algunos la llamamos estafa-, para oponerse a la implantación de las guardias de 24 horas en Vigo, pues cumple y cumplía con los parámetros necesarios para su creación, población real, censada y flotante, por encima de los 450.000 habitantes. Ciudad fronteriza y portuaria, la entrada de mercancías y de personas favorece los delitos contra la salud pública.

Las cargas de trabajo también avalaban su implantación, la media anual de diligencias previas en cada juzgado es de 8.600, la media de cada semana de guardia es de 33 detenidos, 25 juicios rápidos, 3 entradas y registro y 3 levantamientos de cadáver.

A mayores, existe un informe del Ministerio de Justicia que avala no solo la Implantación de la guardias de 24 horas, sino que asume el parte del coste de la misma. A pesar de ello, la Xunta ni se ha dignado en contestar al Consejo General del Poder Judicial sí está de acuerdo o no con la implantación del nuevo sistema y muchos menos en si asumiría su parte del coste.

La Ciudad de la Justicia esta siendo y será el siguiente capítulo en la discriminación de Vigo. Desde el 2007 no existe sitio para ningún nuevo órgano judicial, los últimos se han instalado en una buhardilla y un sótano. Sin embargo, los políticos locales y autonómicos siguen peleándose. CC.OO.-Xustiza nunca compartirá los recortes en la Administración de Justicia, que es la garante de derechos y libertades justo ahora que despidos y concursos de acreedores saturan estos juzgados.

Pablo Valeiras


Publicado el 08/12/2011 en www.lavozdegalicia.es

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